Un funcionario interino que trabajaba en el Servicio de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real ha sido condenado por malversación después de desviar a sus propias cuentas bancarias 3.799,19 euros de dinero público destinado al pago de prestaciones de dependencia. El hombre devolvió íntegramente la cantidad antes de que se dictara sentencia y aceptó una condena de seis meses de prisión, multa e inhabilitación para empleo público.
El acusado prestaba servicio como auxiliar administrativo interino y estaba destinado concretamente en la Sección de Pagos, Nóminas y Fallecidos. Entre sus funciones se encontraba mecanizar los pagos de las nóminas de dependencia correspondientes a personas mayores, dependientes y vulnerables.
Modificaba las cuentas de los beneficiarios
Los hechos se produjeron entre abril y julio de 2023. Según recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, el funcionario aprovechó precisamente las tareas que tenía encomendadas para desviar de forma continuada dinero público hacia varias cuentas bancarias de su propia titularidad.
El sistema utilizado variaba. En algunos casos modificaba los datos bancarios de las personas que debían recibir las prestaciones de atención a la dependencia. En otros, cuando surgía alguna incidencia en la tramitación bancaria de una transferencia, indicaba que era necesario volver a emitirla a una cuenta diferente. Esa nueva cuenta pertenecía también al propio acusado.
De esa manera consiguió apropiarse de 3.799,19 euros, que fueron ingresados en diferentes cuentas personales y utilizados en su exclusivo beneficio.
Devolvió todo el dinero antes del juicio
Cuando el procedimiento llegó a la Audiencia Provincial, el trabajador ya había devuelto íntegramente los 3.799,19 euros. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no mantenía, por tanto, ninguna cantidad pendiente de reclamar por el dinero desviado.
El acusado alcanzó además un acuerdo con el Ministerio Fiscal y la acusación ejercida por la Junta. Todas las partes suscribieron un escrito de conformidad que posteriormente fue ratificado ante la magistrada presidenta.
La aceptación de los hechos hizo innecesaria la constitución de un Tribunal del Jurado y la celebración de un juicio completo. El acusado reconoció la apropiación y aceptó tanto la calificación jurídica como las penas pactadas.
Condenado por malversación
La Audiencia considera que los hechos constituyen un delito de malversación de caudales públicos con reparación del perjuicio económico. El tribunal destaca que el funcionario tenía acceso a la gestión de fondos destinados a prestaciones públicas y utilizó esa posición para redirigirlos hacia cuentas propias.
La condena acordada es de seis meses de prisión, una multa de 45 días con una cuota diaria de seis euros, lo que supone 270 euros, y seis meses de inhabilitación para cargo o empleo público. También deberá hacerse cargo de las costas procesales.
La pena de cárcel queda suspendida
El tribunal ha acordado suspender la ejecución de los seis meses de prisión durante dos años, con la condición de que el condenado no vuelva a delinquir durante ese periodo.
La Audiencia tuvo en cuenta, entre otros elementos, que el dinero había sido devuelto íntegramente y que Fiscalía y Junta no se opusieron a la suspensión de la pena.
La sentencia, dictada el 20 de julio de 2026, es firme. El acusado y las acusaciones manifestaron expresamente su voluntad de no recurrirla después de ratificar el acuerdo alcanzado.
