España tiene un problema con Pedro Sánchez y Pedro Sánchez tiene, desde hace demasiado tiempo, un problema con España. Lo ocurrido en Ceuta, la respuesta ofrecida por el Gobierno y las informaciones que se han conocido durante las últimas horas han llevado la situación a un punto en el que ya no basta con comparecencias, explicaciones parciales ni intentos de recomponer el relato. Cuando lo que está en juego es la integridad territorial, la seguridad de una ciudad española y la relación del Gobierno con Marruecos, los ciudadanos tienen derecho a saber exactamente qué ha ocurrido y, sobre todo, a decidir si siguen confiando en quien dirige el país.
Ceuta no es un asunto migratorio más ni una cuestión que pueda despacharse como un problema localizado en una frontera lejana. Ceuta es España, sus ciudadanos son españoles y su frontera forma parte de la frontera nacional. Por eso, cuando decenas de miles de personas atraviesan de manera masiva esa frontera en apenas unas horas, lo que sucede allí afecta al conjunto del país y exige del Gobierno una respuesta inequívoca, firme y transparente. No puede existir una España de primera y una España periférica a la que se abandona cada vez que las relaciones con Marruecos se complican.
Durante demasiado tiempo, la España africana ha recibido un tratamiento político que transmite la sensación de que Ceuta y Melilla son territorios incómodos que conviene mencionar lo menos posible para no incomodar a Rabat. Esa actitud resulta especialmente grave cuando Marruecos utiliza periódicamente la presión migratoria como elemento de tensión política o diplomática. Un Gobierno español puede y debe mantener relaciones estables con su vecino del sur, pero ninguna relación internacional justifica que se rebaje la defensa de los intereses nacionales o que se ofrezca la impresión de que la prioridad consiste en no molestar a Marruecos.
La política desarrollada durante los últimos años por Pedro Sánchez hacia Marruecos ha estado marcada, en demasiadas ocasiones, por una opacidad difícil de comprender. Decisiones estratégicas de enorme importancia han sido adoptadas sin explicaciones suficientes y bajo una constante voluntad de preservar una relación privilegiada con Rabat. Esa política ha terminado convirtiéndose, en mi opinión, en una forma de sumisión ante una monarquía autoritaria, de estructuras políticas y sociales profundamente alejadas de los estándares democráticos europeos, que conoce perfectamente la importancia que España concede a la cooperación migratoria y sabe utilizar esa dependencia en beneficio propio.
España necesita entenderse con Marruecos porque comparte con ese país numerosos intereses económicos, comerciales, policiales y geoestratégicos, pero entenderse no significa aceptar cualquier cosa. La cooperación entre Estados debe basarse en la reciprocidad, en el respeto y en la defensa mutua de los compromisos adquiridos. Cuando una de las partes percibe que puede presionar constantemente sin encontrar una respuesta proporcional, la relación deja de ser equilibrada y comienza a parecerse demasiado a una dependencia.
Los informes y documentos conocidos en las últimas horas aumentan todavía más las dudas sobre lo sucedido en Ceuta. Las referencias a una posible planificación, al movimiento organizado de personas y al papel desempeñado en territorio marroquí obligan a esclarecer hasta el último detalle. Al mismo tiempo, las diferencias públicas surgidas alrededor de la interpretación de esos informes muestran que dentro del propio Estado existen versiones que no parecen encajar con la claridad con la que el Gobierno había venido desvinculando a Marruecos de cualquier responsabilidad.
Precisamente por eso, Pedro Sánchez debe explicar qué sabía el Gobierno antes de que se produjeran los acontecimientos, qué información manejaban los servicios de inteligencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, qué comunicaciones existieron con Marruecos y por qué determinadas conclusiones políticas se ofrecieron a los españoles antes de que aparentemente estuvieran despejadas todas las incógnitas. No se trata de realizar acusaciones sin pruebas, sino de exigir que un episodio de esta gravedad no se resuelva mediante mensajes contradictorios o explicaciones construidas a medida que aparecen nuevas informaciones.
Resulta especialmente difícil de aceptar que, después de lo sucedido, el Gobierno haya tratado de desplazar parte del debate hacia campañas de desinformación, intereses extranjeros o actores internacionales. Todo ello podrá investigarse y deberá aclararse si existen pruebas que lo sustenten, pero nada de eso puede sustituir a la pregunta esencial: qué ocurrió en la frontera española de Ceuta y cuál fue exactamente el comportamiento de Marruecos antes, durante y después de aquella entrada masiva.
El principal problema ya no consiste únicamente en determinar las responsabilidades externas, sino en valorar la credibilidad interna del Gobierno. Cuando las explicaciones oficiales empiezan a chocar con documentos procedentes de organismos del propio Estado, la cuestión deja de ser exclusivamente policial o diplomática y se convierte en política. Un presidente puede equivocarse, puede recibir información incompleta e incluso puede rectificar decisiones anteriores, pero lo que no puede pretender es que los ciudadanos acepten de manera permanente versiones cambiantes sin exigir responsabilidades.
La relación con Marruecos ha sido durante años uno de los grandes agujeros negros de la política exterior de Pedro Sánchez. Desde el cambio de posición sobre el Sáhara hasta los diferentes episodios de tensión fronteriza, demasiadas decisiones han estado rodeadas de silencios, preguntas sin respuesta y una permanente voluntad de evitar el enfrentamiento con Rabat. Esa forma de actuar puede presentarse como pragmatismo diplomático, pero cuando afecta a la soberanía nacional y a la seguridad de ciudadanos españoles adquiere una dimensión completamente diferente.
Lo ocurrido en Ceuta ha dejado además una sensación especialmente dolorosa entre quienes viven en esa parte de España. Los ceutíes necesitan saber que el Estado estará siempre detrás de ellos, con independencia del coste diplomático que pueda tener defender sus intereses. No deberían sentirse moneda de cambio en ninguna negociación ni ciudadanos cuyo bienestar pueda quedar subordinado a mantener una determinada relación con Marruecos. Defender Ceuta no es nacionalismo ni retórica patriótica, sino la obligación constitucional y política más elemental de cualquier Gobierno de España.
Pedro Sánchez tiene derecho a defender su gestión, a explicar su actuación y a sostener que su política hacia Marruecos es la que mejor protege los intereses españoles. Tiene también derecho a argumentar que las decisiones adoptadas durante esta crisis fueron las correctas. Sin embargo, cuando se acumulan las dudas sobre una cuestión de esta magnitud y cuando la confianza entre el Gobierno y una parte cada vez mayor de la sociedad está profundamente deteriorada, la solución democrática no puede consistir únicamente en resistir hasta el final de la legislatura.
España necesita claridad y necesita volver a hablar. La situación creada tras los acontecimientos de Ceuta, las dudas sobre la relación con Marruecos y las informaciones aparecidas durante las últimas horas deberían conducir inexorablemente a una convocatoria electoral. No porque unas elecciones vayan a resolver por sí mismas los problemas del país, sino porque existe un momento en el que corresponde devolver la decisión a los ciudadanos para que sean ellos quienes determinen si Pedro Sánchez conserva la confianza necesaria para continuar gobernando.
Si el presidente está convencido de haber actuado correctamente, no debería temer ese juicio democrático. Podrá defender ante los españoles su política hacia Marruecos, sus decisiones sobre Ceuta y la actuación de su Gobierno durante esta crisis, mientras la oposición ofrecerá su alternativa y los ciudadanos decidirán cuál consideran más adecuada. Eso es precisamente lo que ocurre en una democracia cuando la confianza política alcanza un punto crítico.
España tiene un problema con Sánchez y Sánchez tiene un problema con España porque la distancia entre el Gobierno y una parte sustancial del país se ha convertido en demasiado profunda como para resolverla únicamente con discursos, ruedas de prensa o estrategias parlamentarias. Ha llegado el momento de que esa distancia se mida en las urnas y de que sean los españoles quienes tengan la última palabra sobre quién debe dirigir España.
Javier Romero, Director de El Digital de Albacete
