El director general de la Policía Nacional, el albaceteño Francisco Pardo Piqueras, se ha situado este miércoles en el centro de una fuerte polémica política e institucional a raíz del informe policial remitido a la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le reclamó explicaciones de madrugada después de conocer por la prensa que el documento apuntaba a la actuación de agentes marroquíes, mientras que Pardo ha respondido horas después negando que exista un informe que atribuya a las fuerzas de seguridad de Marruecos la planificación o ejecución de lo sucedido.
La controversia comenzó después de que El Español publicara este martes el contenido de un informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), unidad dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Según la información publicada por este medio, el documento remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón sostiene que la llegada de decenas de miles de personas a Ceuta no habría sido un fenómeno espontáneo y que gendarmes marroquíes habrían guiado a los migrantes mientras otros agentes de paisano supervisaban los movimientos sobre el terreno.
Fuentes jurídicas consultadas por RTVE también han confirmado que el informe recoge que la entrada masiva estuvo guiada por gendarmes marroquíes y agentes de paisano. La documentación analiza lo sucedido durante la llegada de alrededor de 72.000 personas procedentes de Marruecos en apenas dos días.
Marlaska pide explicaciones a Francisco Pardo
La publicación de estos datos provocó una reacción inmediata del Ministerio del Interior. Fernando Grande-Marlaska remitió durante la madrugada de este miércoles una carta al director general de la Policía Nacional reclamándole información sobre lo sucedido y, especialmente, sobre cuándo había tenido conocimiento la Policía de esos datos.
«De ser cierto lo que publica este digital, necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información», señalaba Marlaska en su escrito, según la carta difundida por EFE. El ministro consideraba los datos «absolutamente esenciales» para poder ejercer sus responsabilidades y para que el Gobierno adoptase las decisiones oportunas ante una cuestión con implicaciones para la política interior y exterior y para la defensa del Estado.
La situación resultaba especialmente delicada porque el propio Gobierno había venido descartando que existieran indicios que permitieran responsabilizar a Marruecos de la crisis. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había defendido públicamente la cooperación de Rabat y había relacionado la entrada masiva con la difusión de desinformación y con la actuación de las redes de tráfico de personas.
Pardo reúne a los responsables policiales
Tras recibir la petición de explicaciones de Marlaska, Francisco Pardo convocó este miércoles a los máximos responsables de las áreas policiales de Información y Extranjería para aclarar exactamente qué contenía la documentación entregada a la Audiencia Nacional y por qué esa información no había llegado previamente a la dirección de la Policía ni al Ministerio del Interior.
Horas después llegaba la respuesta del máximo responsable de la Policía Nacional. Según ha comunicado el propio Ministerio del Interior, Pardo ha trasladado a Marlaska que «no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución» de los acontecimientos ocurridos en Ceuta los días 30 y 31 de julio.
Esta afirmación introduce un importante elemento en la polémica, puesto que contrasta con la interpretación publicada inicialmente sobre las conclusiones del CENIF, que sí describe la intervención de gendarmes marroquíes guiando a los grupos de migrantes y la presencia de personas de paisano dando instrucciones sobre el terreno.
Una orden de la jueza explica por qué Pardo no conocía el informe
Francisco Pardo también ha explicado por qué ni él ni, por extensión, el Ministerio del Interior habían tenido acceso previamente al documento que se encontraba en poder de la Audiencia Nacional.
Según la información facilitada por Interior, la magistrada María Tardón había dado instrucciones a los investigadores para que no proporcionaran a sus superiores «información alguna» sobre la elaboración y el contenido del informe. Por este motivo, el director general de la Policía sostiene que tampoco él tuvo conocimiento previo del documento.
La propia jueza ha autorizado este miércoles al equipo investigador a dar acceso al informe a sus superiores. Ha sido después de esa autorización cuando Pardo ha recabado información de las comisarías generales de Información y de Extranjería y Fronteras y ha trasladado su conclusión al ministro.
Pardo también se ha referido a otro de los asuntos que alimenta la controversia: el aviso emitido por el CENIF el 29 de julio, apenas un día antes de que comenzara la llegada masiva a Ceuta. El director de la Policía asegura que se trató de una «alerta de riesgo frecuente» y que no contenía ninguna referencia a que pudiera producirse una entrada masiva al día siguiente.
Dos interpretaciones sobre un mismo documento
La polémica queda así centrada ahora en el alcance real de las conclusiones policiales. Por un lado, la información publicada sobre el informe describe una participación sobre el terreno de gendarmes marroquíes y agentes de paisano y sostiene que los movimientos respondieron a un proceso organizado y no exclusivamente espontáneo. Por otro, la Dirección General de la Policía afirma oficialmente que el documento no atribuye a las fuerzas de seguridad de Marruecos la «planificación o ejecución» de la crisis.
La diferencia no es menor, teniendo en cuenta las consecuencias diplomáticas que tendría considerar acreditada una intervención organizada desde Marruecos en una entrada de estas dimensiones en territorio español.
El asunto también ha provocado reacciones en Castilla-La Mancha. El presidente regional, Emiliano García-Page, aseguraba este miércoles, antes de conocerse la respuesta de Pardo, que la información tenía una trascendencia «muy, muy, muy importante» y auguraba «evidentes consecuencias en todos los órdenes» en caso de confirmarse las conclusiones atribuidas al informe.
Un albaceteño al frente de la Policía Nacional
Francisco Pardo Piqueras nació en Abengibre, Albacete, en 1962 y dirige la Policía Nacional desde junio de 2018. Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y máster en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad de Castilla-La Mancha, desarrolló buena parte de su trayectoria política en Castilla-La Mancha antes de dar el salto a responsabilidades de ámbito nacional.
Fue jefe de Gabinete, secretario general y consejero de la Presidencia de Castilla-La Mancha, secretario de Estado de Defensa entre 2004 y 2007, con José Bono al frente del Ministerio, diputado regional y presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. Desde hace más de ocho años ocupa uno de los puestos de mayor responsabilidad en materia de seguridad del Estado como director general de la Policía Nacional.
