Un conocido hotel de Almansa bajo lupa: macroinvestigación por drogas y blanqueo de la Audiencia Nacional

La causa investiga una organización a la que se atribuyen operaciones con miles de kilos de droga y más de un millón de euros en efectivo; un auto sitúa un hotel de Almansa dentro de una presunta operativa para introducir beneficios ilícitos en negocios legales

Una macroinvestigación de la Audiencia Nacional por narcotráfico y blanqueo de capitales alcanza a Almansa. Un auto dictado el pasado 7 de agosto por la Sala de lo Penal mantiene en prisión provisional a un abogado investigado al que se atribuye indiciariamente un papel destacado en una organización internacional y recoge entre las operaciones bajo sospecha una relacionada con tres hoteles situados en Mallorca, Almansa y Pamplona.

Dentro de la propia estructura empresarial investigada aparecen Blu Hotel Group 2025 SL y Blu Apex Hospitality SL. La web oficial de Blu Hotel Group sitúa establecimientos precisamente en Almansa, Pamplona y Mallorca. En Almansa opera el Blu Hotel Almansa.

Miles de kilos de cocaína y hachís

La dimensión de la investigación que recoge el auto es enorme. La Audiencia Nacional describe indiciariamente una “compleja y muy potente organización criminal de ámbito internacional”, estructurada en distintas ramas y con actividad en Baleares y la Comunidad Valenciana. El supuesto máximo responsable dirigiría el entramado desde Mallorca y abastecería de sustancias estupefacientes a diferentes grupos.

Uno de los episodios investigados ocurrió el 17 de julio de 2025, cuando fueron intervenidos en el puerto de Ibiza 59 fardos de hachís con un peso total de 2.360 kilos dentro de un camión Renault Magnum. Apenas unos días antes, el 9 de julio, se habían intervenido en el puerto de Valencia 675 kilos de cocaína que, según el auto, habían sido desembarcados al sur de Ibiza y trasladados posteriormente en ferry hasta Valencia.

La investigación apunta incluso a otra operación con alrededor de 3.000 kilos de cocaína que se pretendían desembarcar en Ibiza con destino posterior a Valencia. Aquella operación no llegó a culminarse porque, según las medidas de investigación recogidas por la Audiencia, la propia organización habría tenido conocimiento de que sus integrantes iban a ser detenidos.

1,26 millones de euros, armas y silenciadores

Otro de los registros realizados en Mallorca permitió localizar 11 kilos de cocaína en un trastero perteneciente a otro de los investigados. En ese mismo operativo fueron intervenidos 1.261.000 euros en efectivo, tres armas de fuego y tres silenciadores.

Las cifras globales que maneja la investigación son todavía superiores. De las intervenciones telefónicas, vigilancias y anotaciones encontradas en libretas, la Audiencia recoge que la cocaína supuestamente distribuida por la organización sumaría 2.108 kilos, mientras que el hachís y la marihuana alcanzarían 5.646 kilos, a los que se añadirían 4.425 dosis de LSD.

El hachís habría llegado desde el norte de África mediante potentes embarcaciones neumáticas conocidas en el argot policial como “gomas”. La cocaína seguiría una ruta distinta: sería transportada en buques mercantes procedentes de países del sur de América, cuyos horarios y coordenadas serían comunicados para organizar posteriormente la recogida de la mercancía en el Mediterráneo.

El papel atribuido al “abogado”

La resolución se centra concretamente en uno de los investigados, identificado en el procedimiento con el alias de “el abogado”, cuya defensa reclamaba que fuera puesto en libertad después de llevar once meses en prisión provisional. La Audiencia Nacional lo sitúa indiciariamente en uno de los escalones superiores de la organización en Mallorca y considera que habría participado junto al principal investigado en cuestiones relacionadas con la entrada de los cargamentos de droga en Baleares.

Su función, según los indicios manejados en la causa, estaría especialmente relacionada con la denominada “logística legal” y el blanqueo de los beneficios económicos obtenidos mediante el narcotráfico. Los investigadores sostienen que habría constituido sociedades e introducido capital supuestamente ilícito en negocios aparentemente legales, utilizando además sus conocimientos y su actividad profesional como abogado.

El auto llega a señalar que su condición profesional le habría permitido acceder con facilidad a centros penitenciarios, comisarías, cuarteles policiales y juzgados, lugares en los que podría obtener información o entrevistarse con personas a las que otros integrantes del entramado no tendrían el mismo acceso. Estas afirmaciones forman parte del cuadro indiciario de la investigación y todavía deberán ser probadas en el procedimiento penal.

La operación hotelera que conduce hasta Almansa

Es dentro de esa presunta actividad de blanqueo donde aparece la conexión con la provincia de Albacete. El auto sostiene que para introducir en el circuito legal parte de los beneficios obtenidos con el tráfico de drogas se habría recurrido a una operación sobre una cadena formada por tres hoteles ubicados en Mallorca, Almansa y Pamplona.

La Audiencia relaciona esa actividad con distintas sociedades. Entre las que cita expresamente aparecen GS Imperial Business SL, Mallorca Capital Business SL, United Events Mallorca SL, United Events SL, Blu Hotel Group 2025 SL y Blu Apex Hospitality SL, figurando el abogado investigado como socio, fundador o administrador de varias de ellas.

La estructura societaria permite establecer la conexión con el establecimiento almanseño. El BORME acredita que Blu Hotel Almansa SL comenzó sus operaciones en abril de 2025 y que su administrador único es precisamente Blu Hotel Group 2025 SL. Paralelamente, Blu Hotel Group identifica en su página oficial el establecimiento de Avenida de Ayora como Blu Hotel Almansa.

La defensa niega que existiera una compraventa de hoteles

Uno de los aspectos relevantes del procedimiento es que la versión de los investigadores sobre la operación hotelera está expresamente discutida. La defensa del abogado sostiene que existe una “falsedad” en la referencia a la compraventa de la cadena hotelera y argumenta que realmente se trataba de meros contratos de arrendamiento. También cuestiona transcripciones policiales e interpreta determinadas conversaciones como asesoramientos profesionales y no como actuaciones delictivas.

La Audiencia Nacional no resuelve definitivamente esta controversia. Considera que son cuestiones vinculadas al fondo de la investigación —y, por tanto, a la futura determinación de culpabilidad o inocencia— que no deben resolverse ahora, cuando lo que se está decidiendo es exclusivamente si existen motivos suficientes para mantener al investigado en prisión provisional.

La Audiencia Nacional aprecia riesgo de fuga

La defensa solicitaba la libertad provisional del abogado y alegaba, entre otros argumentos, su fuerte arraigo familiar, la inexistencia de riesgo de fuga, errores policiales y la posibilidad de aplicar medidas menos gravosas, como una fianza, comparecencias periódicas, retirada del pasaporte o prohibición de abandonar España.

La Sala rechaza esas alternativas. Considera que persiste un “elevado riesgo de fuga” debido a la gravedad de los delitos investigados, las altas penas a las que podría enfrentarse y la posición que indiciariamente ocuparía dentro de la organización. También cita sus recursos económicos, contactos empresariales, capacidad de movilidad y vínculos internacionales como factores que podrían facilitar una eventual salida de España.

La Audiencia recuerda además que se investigan delitos relacionados con tráfico de drogas en cantidades de especial gravedad dentro de una organización criminal y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Considera que los indicios existentes no han desaparecido y que las circunstancias que motivaron inicialmente la prisión preventiva tampoco han experimentado una modificación suficiente.

Seguirá en prisión provisional

El investigado llevaba alrededor de once meses en prisión provisional, medida acordada inicialmente en agosto de 2025. La Audiencia Nacional considera que ese periodo continúa dentro de los límites legales y rechaza que se esté utilizando la prisión preventiva como una condena anticipada.

El auto desestima finalmente de forma íntegra tanto la petición principal como las alternativas planteadas por la defensa y mantiene al abogado en prisión provisional. La resolución del 7 de agosto de 2026 es firme y no admite recurso, mientras continúa una investigación de enorme dimensión que, entre sus numerosas ramificaciones empresariales y económicas, ha llegado también hasta Almansa.

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Javier Romero

Director y fundador de El Digital de Albacete. Nacido en Albacete. Más de 15 años de experiencia en medios de comunicación en radio, televisión y prensa digital, como Intereconomía radio, Cadena SER, Punto Radio, ABTeVe y VOZ Castilla-La Mancha.
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