La Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del Ministerio de Justicia de negar la nacionalidad española a un joven de origen marroquí que reside en España desde niño y ha desarrollado buena parte de su vida académica entre El Provencio (Cuenca) y Villarrobledo (Albacete). Aunque llevaba legalmente en el país desde 2009, tenía residencia de larga duración y no constaban antecedentes policiales, el tribunal considera que no acreditó formalmente el grado de integración exigido para obtener la nacionalidad.
El joven presentó su solicitud en mayo de 2022. Entre la documentación aportada figuraban el certificado de empadronamiento en El Provencio, los estudios cursados en el CEIP Infanta Cristina y el IESO Tomás de la Fuente Jurado de esta localidad conquense y su posterior matriculación en FP Básica de Informática en el IES Virrey Morcillo de Villarrobledo.
Había cursado toda Primaria y dos años de ESO
El expediente acredita que cursó en España los seis cursos de Educación Primaria y posteriormente primero y segundo de ESO en El Provencio. En el curso 2021/2022 estuvo además matriculado en primero de Formación Profesional Básica de Informática en Villarrobledo.
Su defensa entendía que aquella trayectoria académica demostraba sobradamente su conocimiento del castellano y su integración en la sociedad española, por lo que recurrió la resolución de Justicia que había rechazado concederle la nacionalidad. Argumentaba que haber estudiado durante años dentro del sistema educativo español debía resultar suficiente para acreditar su dominio del idioma.
El problema: no había terminado la ESO
La Audiencia Nacional considera, sin embargo, que la normativa es más exigente. Para acreditar el grado de integración se requiere con carácter general haber superado los exámenes del Instituto Cervantes: el DELE A2, que acredita conocimiento de español, y la prueba CCSE, sobre conocimientos constitucionales, históricos y socioculturales de España.
La legislación permite dispensar de esas pruebas a quienes hayan estado escolarizados en España y hayan superado la Educación Secundaria Obligatoria. En este caso, el joven había completado Primaria y únicamente primero y segundo de ESO, además de estar matriculado en FP Básica, pero no acreditó haber terminado los cuatro cursos que componen la Secundaria Obligatoria.
Por tanto, su escolarización en España no bastaba para acogerse a esa dispensa y tampoco había aportado los certificados correspondientes a los exámenes DELE y CCSE.
Desde 2009 en España y sin antecedentes
La sentencia refleja que el interesado, nacido en 2004, disponía de autorización de residencia temporal en España desde septiembre de 2009 y de residencia de larga duración desde octubre de 2011. Además, en el informe policial incorporado al expediente no figuraba ningún antecedente.
Esos elementos, sin embargo, no sustituyen el cumplimiento de los restantes requisitos. La Audiencia recuerda que la concesión de la nacionalidad no equivale simplemente a disponer de permiso para vivir o trabajar en España, sino que constituye la máxima expresión jurídica de la integración en el país y exige acreditar formalmente las condiciones fijadas por la normativa.
Justicia mantiene la negativa
La Sala concluye que no está acreditado el requisito del suficiente grado de integración en la sociedad española en los términos legalmente exigidos y desestima por ello el recurso. Queda así confirmada la resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que había rechazado concederle la nacionalidad en abril de 2024.
La Audiencia impone además al recurrente las costas del procedimiento, aunque limita su cuantía máxima a 1.000 euros. La resolución puede todavía ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo si se acredita interés casacional objetivo.
