La Audiencia Provincial de Albacete ha ordenado reabrir una investigación relacionada con el impago de la reparación de una máquina y de los gastos derivados de su transporte, que en conjunto superan los 8.000 euros.
El procedimiento había sido archivado provisionalmente al considerarse inicialmente que los hechos podían responder a un mero incumplimiento contractual. Sin embargo, la Audiencia entiende que esa conclusión resulta precipitada sin haber practicado antes las diligencias necesarias para esclarecer cómo se realizó el encargo y qué información recibió el profesional que efectuó la reparación.
El auto ha sido dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete, con la magistrada Almudena de la Rosa Marqueño como ponente. La resolución está fechada el 12 de junio de 2026.
Según recoge el auto, al que ha tenido acceso El Digital de Albacete, el denunciante reclama 6.465,38 euros por la reparación de la máquina y otros 1.573 euros correspondientes al transporte que asumió.
Una factura total de 8.038 euros
El profesional sostiene que recibió el encargo de reparar una máquina que había sufrido una avería después de ser vendida a una empresa.
Según su versión, quien solicitó los trabajos le hizo creer que el coste sería asumido por una compañía aseguradora. El seguro, sin embargo, no cubrió finalmente la reparación.
El denunciante afirma que tampoco se hicieron cargo de la factura la persona que realizó el encargo, su empresa ni el propietario de la maquinaria. La cantidad reclamada asciende en total a 8.038,38 euros.
El caso fue archivado sin tomar declaración
El Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción número 3 de Albacete, había acordado en julio de 2022 abrir diligencias previas y archivar provisionalmente la causa.
El denunciante recurrió esta decisión al considerar que el procedimiento se había cerrado sin practicar ninguna investigación destinada a determinar si fue engañado desde el momento en que aceptó realizar el trabajo.
El Ministerio Fiscal se adhirió a su recurso. La Fiscalía considera que todavía no puede establecerse si se trata de una posible estafa o de una controversia exclusivamente civil.
¿Incumplimiento contractual o posible estafa?
La Audiencia Provincial reconoce que los hechos presentan inicialmente la apariencia de un incumplimiento contractual: existió un encargo para reparar una máquina y el trabajo no fue abonado.
No obstante, los magistrados subrayan que se desconocen las circunstancias concretas en las que se alcanzó el acuerdo y las razones que llevaron al denunciante a confiar en que cobraría la reparación.
La cuestión que debe aclararse es si el impago se produjo simplemente después de contratar el servicio o si, desde el principio, existió un engaño para conseguir que el profesional asumiera gratuitamente la reparación.
La Sala recalca que no puede descartarse una posible relevancia penal sin averiguar antes qué se prometió al denunciante, quién debía pagar la factura y si realmente se le hizo creer que el seguro cubriría el coste.
Tendrán que declarar el denunciante y el investigado
La Audiencia Provincial ha estimado el recurso presentado por el profesional y respaldado por el Ministerio Fiscal.
Como consecuencia, revoca el archivo provisional y ordena continuar las diligencias previas. Entre las actuaciones que deberán practicarse se encuentran las declaraciones del denunciante y del denunciado, además de aquellas otras que el órgano instructor considere útiles para esclarecer los hechos.
La decisión no supone que se haya acreditado la existencia de una estafa ni que exista una persona condenada. Implica únicamente que la investigación deberá continuar antes de decidir si el conflicto tiene naturaleza penal o debe resolverse exclusivamente por la vía civil.
El auto no impone las costas de la apelación y contra esta resolución no cabe recurso.
