Una manguera contra incendios que no alcanzaba directamente todas las celdas, correas de contención próximas al cuello, zonas que seguían sin videovigilancia pese a que las mejoras habían sido aprobadas años antes, casi cuatro meses sin ningún médico y unas instalaciones que el propio Defensor del Pueblo calificó como antiguas y obsoletas. Esa fue parte de la radiografía que dejó una inspección sin previo aviso realizada en la cárcel de Albacete durante dos jornadas de febrero de 2025.
Desde entonces se dio un paso importante para intentar transformar La Torrecica: SIEPSE contrató la redacción de un proyecto de reforma sobre prácticamente la totalidad del complejo, con casi 30.000 metros cuadrados y una inversión en obras que debía mantenerse por debajo de los 2,3 millones de euros antes de impuestos. El contrato para redactarlo figura finalizado desde el 29 de septiembre de 2025, pero casi once meses después no consta públicamente una licitación posterior para convertir aquellos planos en obras.
El Defensor ya hablaba de una prisión antigua y obsoleta
El Mecanismo Nacional de Prevención del Defensor del Pueblo entró en el Centro Penitenciario de Albacete sin previo aviso los días 12 y 13 de febrero de 2025. Era una visita de seguimiento de otra realizada años antes y tenía como objetivo revisar el cumplimiento de las mejoras solicitadas entonces, además de analizar especialmente la asistencia sanitaria y el tratamiento de las personas privadas de libertad.
Uno de los primeros asuntos que reapareció fue el estado de las propias instalaciones. El Defensor recordó que ya durante su anterior intervención había reclamado una reforma integral para mejorar la habitabilidad debido al “evidente estado de antigüedad y obsolescencia” que presentaba el centro.
La Torrecica había sido incluida posteriormente en el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, pero cuando los inspectores regresaron en febrero de 2025 las obras todavía no habían comenzado. Además, fueron informados de que sufrirían retrasos y de que no sería posible ejecutar todas las actuaciones que inicialmente se habían planteado, entre ellas incorporar duchas a las celdas y automatizar las puertas.
El Defensor decidió entonces no formular nuevas recomendaciones generales sobre las instalaciones mientras se esperaba la reforma. Sí pidió a Instituciones Penitenciarias que lo mantuviera informado sobre sus avances y sobre las alternativas que se adoptasen para aquellas mejoras que finalmente no pudieran ejecutarse.
Una manguera que necesitaba un alargador para llegar a las últimas celdas
Algunos detalles encontrados durante la inspección permiten comprender hasta qué punto existían limitaciones derivadas de las instalaciones. Uno de los más llamativos apareció durante la revisión de las medidas de emergencia y evacuación del centro.
Los técnicos encontraron un cartel que explicaba que, en caso de incendio, la manguera de la boca de incendios únicamente alcanzaba directamente las cuatro primeras celdas. Para poder actuar en las cuatro restantes era necesario acoplar un alargador que se encontraba guardado en el interior.
El Defensor relacionó esa circunstancia con las limitaciones de infraestructura y personal que presentaba el establecimiento penitenciario. Por ello pidió conocer los riesgos identificados por el servicio de prevención y las modificaciones realizadas en el plan de evacuación, que en aquel momento estaba siendo revisado.
Correas próximas al cuello en las celdas de contención
La visita dejó otra imagen especialmente delicada en las celdas utilizadas para practicar contenciones mecánicas. Habían sido reformadas después de recomendaciones anteriores y ya contaban con camas articuladas, suelo antideslizante y sistemas de videovigilancia capaces de grabar imagen y sonido, por lo que el Defensor reconoció que algunas mejoras solicitadas años antes sí se habían producido.
Sin embargo, los inspectores encontraron bandas de contención próximas al cuello en las dos celdas. El Mecanismo Nacional de Prevención consideró que estas correas suponían un importante riesgo de ahogamiento y recomendó deshabilitarlas no solamente en Albacete, sino en todas las prisiones dependientes de Instituciones Penitenciarias que todavía dispusieran de ellas.
Mejoras de videovigilancia aprobadas desde 2022 que no habían llegado
La videovigilancia era otra de las cuestiones que acumulaba retrasos. La dirección de la prisión había elaborado las adaptaciones necesarias para cumplir una instrucción estatal y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias comunicó a finales de 2022 que la propuesta había sido aprobada.
Cuando el Defensor regresó más de dos años después comprobó que aquellas actuaciones todavía no se habían ejecutado y que tampoco se sabía cuándo iban a ponerse en marcha. Los inspectores detectaron además que existían zonas comunes sin cobertura y que las últimas anotaciones del libro donde debían registrarse determinadas extracciones y tratamientos de imágenes correspondían a 2023.
El proyecto reconoció humedades y una línea eléctrica “en mal estado”
Mientras el Defensor realizaba aquella inspección ya se estaba preparando el paso previo para una reforma mucho más ambiciosa. De hecho, el pliego técnico de SIEPSE para contratar la redacción del proyecto está fechado el 11 de febrero de 2025, justo un día antes de comenzar la visita sorpresa.
Ese documento aporta una segunda radiografía del estado de La Torrecica y resulta incluso más explícito en algunos aspectos. El centro había sido construido en 1981, ocupaba 29.855 metros cuadrados y necesitaba actuaciones sobre cocina, cubiertas, celdas, aseos, locutorios y buena parte de sus instalaciones eléctricas y de agua caliente.
En las cubiertas, SIEPSE describía problemas para evacuar el agua de lluvia. Se producían acumulaciones junto a determinadas fachadas que terminaban filtrándose hacia el interior de los edificios y provocando humedades, mientras que las cubiertas carecían además de líneas de vida para realizar trabajos con seguridad.
La situación eléctrica tampoco era menor. La línea enterrada de media tensión que alimentaba el centro se encontraba expresamente descrita como “en mal estado”, por lo que el proyecto debía contemplar su sustitución, la construcción de una nueva canalización y la renovación de celdas eléctricas y transformadores.
Todavía más categórico era el diagnóstico sobre el agua caliente sanitaria. El documento señalaba que la instalación de agua caliente sanitaria había llegado al final de su vida útil, de manera que debía acometerse una reforma integral que afectara a equipos, tuberías generales y conducciones interiores de los edificios.
“Las celdas demandan una reforma integral”
El proyecto tampoco planteaba actuaciones meramente estéticas en los espacios donde viven los internos. SIEPSE señalaba expresamente que las celdas de la prisión albaceteña “demandan una reforma integral” para mejorar sus condiciones de habitabilidad.
La propuesta pasaba por renovar instalaciones, carpintería metálica, armarios y pupitres, pintar paredes y pasillos y sustituir suelos deteriorados. También se indicaba que debía modificarse la distribución para incluir una ducha dentro de cada celda, además de comprobar si era necesario modificar las instalaciones generales de los módulos para hacerlo posible.
Aquí aparece un detalle especialmente llamativo al cruzar los documentos. El pliego que exigía estudiar la incorporación de esas duchas está fechado el 11 de febrero de 2025 y, apenas uno o dos días después, durante la visita del Defensor, los responsables explicaron a los inspectores que precisamente las duchas en las celdas eran una de las actuaciones que probablemente no podrían llevarse a cabo.
Aseos que había que rehacer “por completo”
Los aseos comunes tampoco requerían una intervención menor. El documento encargado por SIEPSE establecía que necesitaban una reforma integral y que debían rehacerse por completo tanto desde el punto de vista de la obra civil como de sus instalaciones.
Los locutorios para hombres y mujeres estaban igualmente incluidos entre las actuaciones. Debido a su estado, el proyecto planteaba hacerlos nuevos y adaptarlos a las características de los centros penitenciarios más modernos, incorporando además aseos para las visitas.
La cocina debía transformarse para adaptarse a las exigencias sanitarias, con zonas diferenciadas para preparar carne, pescado y verduras y actuaciones sobre las cámaras frigoríficas. El plan incluía también cubrir y acondicionar un patio anexo para utilizarlo como almacén de carros.
Casi cuatro meses sin ningún médico
La obra, en cualquier caso, no podía solucionar todos los problemas que encontró el Defensor. Uno de los más graves estaba relacionado con la asistencia sanitaria y dependía fundamentalmente de los recursos humanos disponibles.
La prisión tenía contempladas únicamente dos plazas de médico y ninguna estaba ocupada cuando se analizó su situación. Para paliar el problema se había contratado un facultativo interino después de un periodo de casi cuatro meses sin ningún médico en el centro, y la presencia física de un facultativo se producía, en el mejor de los casos, de lunes a viernes por la mañana.
El Defensor concluyó que los recursos médicos eran claramente insuficientes y advirtió de las consecuencias que provocaba esa ausencia. Las guardias telemáticas no cubrían todas las situaciones y tampoco podían sustituir una exploración física cuando el estado del paciente exigía una valoración presencial completa.
La inspección encontró casos concretos relacionados con estas carencias y problemas posteriores en la documentación de lesiones. El Defensor constató historias clínicas en las que aparecía una atención por lesiones sin que después constara el correspondiente parte y señaló que seguían existiendo deficiencias ya observadas durante visitas anteriores.
39 medidas coercitivas en un registro y 29 en otro
El control de las medidas coercitivas ofreció otra discrepancia relevante. Según el registro físico de la prisión, durante 2024 se habían aplicado 39 medidas, entre contenciones mecánicas, aislamientos provisionales, intervenciones mediante fuerza física y utilización de esposas.
Sin embargo, el Sistema Informático Penitenciario recogía únicamente 29 actuaciones y dejaba fuera diferentes aislamientos, intervenciones con fuerza física y utilización de esposas. El Defensor pidió mejorar estos registros porque las diferencias impedían que los servicios centrales realizaran un control fiable de medidas especialmente sensibles.
Un proyecto de hasta 2,3 millones que terminó en septiembre
Con todas esas circunstancias como telón de fondo, SIEPSE sacó a concurso la redacción del proyecto de reforma. El contrato partía de unos honorarios de 90.000 euros y terminó adjudicado a Herrero Ingenieros S.L.P. por 66.500 euros, con un plazo previsto de cinco meses.
El trabajo figura finalizado el 29 de septiembre de 2025. El proyecto debía diseñar una reforma cuyo importe de ejecución por contrata, antes de impuestos, fuera inferior a 2,3 millones de euros, aunque desde el comienzo se advertía de que el alcance definitivo tendría que adaptarse a los presupuestos disponibles.
El propio pliego estaba redactado pensando expresamente en la siguiente fase. Señalaba que el proyecto debía organizarse de manera que SIEPSE pudiera licitar posteriormente las obras, incluso mediante lotes independientes si así se decidía.
Casi once meses después, la obra no aparece
Así, el Defensor encontró una prisión que calificó como antigua y obsoleta, SIEPSE documentó después humedades, instalaciones agotadas y elementos que necesitaban una reforma integral, se pagó y terminó el proyecto para solucionarlo y, en agosto de 2026, la gran obra que debía materializar esas mejoras todavía no aparece contratada públicamente.
