Una empleada de hogar con importantes limitaciones en la espalda y la cadera ha conseguido que la Justicia confirme su incapacidad permanente total para ejercer su profesión, pese al recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
La trabajadora había obtenido inicialmente una sentencia favorable que le reconocía una pensión vitalicia equivalente al 55% de una base reguladora de 573,11 euros mensuales. El INSS trató de revocar esa decisión al considerar que una de sus dolencias todavía podía mejorar mediante una intervención quirúrgica, pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha rechazado sus argumentos.
La resolución ha sido dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, y ha tenido como magistrada ponente a María Luz Rico Recondo. La sentencia está fechada el 14 de julio de 2026.
Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso El Digital de Albacete, la afectada tenía como profesión habitual la de empleada de hogar. La resolución no especifica su nacionalidad.
Más de 500 días de baja médica
La trabajadora inició en octubre de 2021 un proceso de incapacidad temporal por una patología de cadera.
Tras agotar los 545 días de baja, se abrió de oficio un expediente para valorar si sus dolencias justificaban una incapacidad permanente.
El Equipo de Valoración de Incapacidades recogió como cuadro clínico una lumbociatalgia izquierda, tratada mediante una intervención de artrodesis lumbar, y una coxartrosis displásica en la cadera izquierda.
Los informes reflejaban limitaciones para realizar esfuerzos biomecánicos moderados o importantes con la zona lumbar y exigencias muy intensas sobre la cadera afectada.
El INSS le negó inicialmente la prestación
La Dirección Provincial del INSS rechazó en septiembre de 2023 reconocerle una incapacidad permanente al considerar que las lesiones no reducían suficientemente su capacidad laboral.
La trabajadora presentó una reclamación previa, que también fue desestimada, y acudió posteriormente al Juzgado de lo Social.
El juzgado le dio la razón y declaró que se encontraba afectada por una incapacidad permanente total para su profesión de empleada de hogar.
La sentencia reconoció su derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al 55% de una base reguladora de 573,11 euros mensuales, con efectos económicos desde septiembre de 2023.
Problemas en la columna y la cadera
La trabajadora padecía una lumbociatalgia izquierda y una coxartrosis displásica en la cadera del mismo lado.
En febrero de 2023 fue sometida a una intervención quirúrgica de la columna lumbar. Posteriormente quedó en lista de espera para recibir una prótesis total de cadera.
Las limitaciones afectaban a los movimientos continuados de flexión, extensión y rotación de la columna, así como a la capacidad de permanecer de pie, caminar o mantenerse sentada durante periodos prolongados sin cambiar de postura.
Capacidad laboral mínima o nula
El informe médico forense concluyó que la afectada debía evitar tareas que supusieran levantar cargas moderadas o pesadas, caminar por terrenos irregulares o mantener posturas forzadas durante periodos prolongados.
El documento señalaba que su capacidad laboral residual podía considerarse en ese momento mínima o nula.
No obstante, también indicaba que todavía no se habían agotado todas las posibilidades terapéuticas relacionadas con la cadera y que una futura operación podría reducir el dolor o mejorar su capacidad funcional.
El INSS recurrió por la posible mejoría
La Seguridad Social recurrió la sentencia porque entendía que la lesión de cadera no podía considerarse definitiva.
El organismo defendió que la trabajadora todavía estaba pendiente de una artroplastia total y que esa intervención podría mejorar su estado.
Por este motivo, sostuvo que no se cumplía el requisito de permanencia exigido para reconocer una incapacidad permanente total.
Estar pendiente de una operación no impide la incapacidad
El TSJ rechaza el argumento del INSS.
La Sala recuerda que la posibilidad de recuperación no impide reconocer una incapacidad cuando esa mejoría es incierta o se prevé a largo plazo.
La trabajadora llevaba en lista de espera desde octubre de 2023, sin una fecha concreta para la operación. Tampoco podía conocerse con seguridad cuándo sería intervenida ni cuál sería el resultado final de la prótesis de cadera.
Además, ya había agotado el periodo máximo de incapacidad temporal, por lo que sus limitaciones podían ser valoradas aunque todavía existieran opciones terapéuticas.
Las exigencias físicas del trabajo doméstico
El tribunal analiza las tareas habituales de una empleada de hogar.
La profesión exige realizar de manera constante movimientos de flexión y extensión de la columna para limpiar muebles, suelos, escaleras, azulejos y cristales.
También implica lavar y planchar ropa, hacer y deshacer camas, levantar objetos y permanecer de pie durante buena parte de la jornada.
La Sala considera que las limitaciones lumbares y de cadera de la trabajadora son incompatibles con esas funciones cuando deben realizarse con continuidad, rendimiento y eficacia.
El TSJ confirma la incapacidad total
El Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso presentado por el INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social y ha confirmado la sentencia favorable a la empleada de hogar.
La trabajadora conservará el reconocimiento de la incapacidad permanente total y el derecho a percibir la pensión correspondiente.
La resolución no impone expresamente las costas procesales. Contra ella cabe preparar un recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de diez días desde su notificación.
