Un propietario de Almansa deberá ser indemnizado por los daños ocasionados en una finca de su propiedad después de que el Ayuntamiento ordenara actuar sobre una plantación de almendros para combatir una plaga. Los trabajos terminaron con 1.000 árboles arrancados y otros 500 sometidos a una poda agresiva, pese a que las medidas fitosanitarias dictadas para luchar contra la avispilla del almendro no contemplaban la destrucción de los árboles.
El hombre reclamó 75.000 euros por los perjuicios sufridos y el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha le ha dado la razón en lo esencial. Su dictamen concluye que existe una relación directa entre la actuación del Ayuntamiento y los daños ocasionados y reconoce el derecho del propietario a recibir una indemnización, aunque la cuantía definitiva tendrá que calcularse mediante una nueva valoración técnica.
Un tractor y varias motosierras dentro de su finca
La historia se remonta al 27 de abril de 2021, cuando el propietario acudió a unos terrenos situados en el paraje de El Cacho y se encontró a varias personas trabajando entre los almendros con un tractor y motosierras. Según relató posteriormente, los operarios estaban arrancando árboles siguiendo instrucciones municipales y continuaron con las labores incluso después de que les advirtiera de que la finca era privada.
El afectado volvió a insistir dos días después. Para entonces ya sabía que la actuación respondía a un problema con la avispilla del almendro, una plaga para cuya erradicación la Delegación Provincial de Agricultura había requerido la adopción de medidas fitosanitarias. Su petición para detener los trabajos tampoco surtió efecto de inmediato y las labores prosiguieron durante varios días.
La situación resultaba aún más llamativa porque el propio Ayuntamiento había reconocido 23 años antes, mediante un acuerdo plenario de diciembre de 1997, que aquellos terrenos eran de propiedad privada. Sin embargo, la parcela continuaba apareciendo catastrada a nombre del Consistorio y esa información fue la que se utilizó cuando llegó el requerimiento de Agricultura.
El propietario pidió que parasen, pero los trabajos continuaron
El hombre no fue el único que trató de aclarar la propiedad de los terrenos. Su hija acudió también a las dependencias municipales para advertir de que la finca pertenecía a su padre y que estaba inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad. A pesar de esas advertencias, el Ayuntamiento exigió que se acreditara formalmente la titularidad antes de detener los trabajos.
El Consejo Consultivo entiende que el Consistorio tenía medios suficientes para comprobar por sí mismo quién era el propietario. Durante el mes y medio transcurrido entre el requerimiento de Agricultura y el comienzo de los trabajos no verificó la situación en su propio Inventario de Bienes ni en el Registro de la Propiedad y tampoco lo hizo cuando el afectado apareció en la finca reclamando que se paralizaran las labores.
Los trabajos habían sido encargados además verbalmente a un agricultor, sin que se tramitara un contrato para realizar las tareas. Este acudió a la parcela con otras personas y ejecutó durante varios días el arranque y la poda siguiendo las indicaciones recibidas desde el Ayuntamiento.
La orden contra la plaga no decía que hubiera que arrancar los árboles
La existencia de la avispilla del almendro no está en discusión. El problema es hasta dónde podía llegar la intervención para combatirla. Agricultura había indicado que debían realizarse tratamientos con productos autorizados y retirarse las almendras afectadas para destruirlas antes de que emergieran nuevas avispillas.
En ningún momento se ordenaba arrancar los árboles de raíz ni realizar una poda generalizada de la plantación. El propio Consejo subraya que la actuación municipal fue mucho más allá de las medidas que habían sido requeridas para controlar la plaga y que tampoco se acreditó que la magnitud de la tala resultara necesaria.
Esta misma cuestión había aparecido ya en la vía judicial. El propietario denunció los hechos ante la Guardia Civil y el asunto llegó a la Audiencia Provincial de Albacete, que durante la tramitación penal también señaló que las medidas ordenadas por Agricultura no incluían el arranque de los almendros. La causa penal terminó sobreseída provisionalmente en diciembre de 2024, lo que permitió reanudar la reclamación administrativa que permanecía suspendida.
El Ayuntamiento quería rechazar la reclamación
La posición municipal había sido distinta. El Ayuntamiento defendía que el propietario había contribuido al problema por no mantener actualizada la situación catastral de la finca y por el estado de abandono de los almendros, afectados por la plaga. Con esos argumentos propuso rechazar la reclamación de responsabilidad patrimonial.
El Consejo Consultivo no comparte esa tesis. Aunque reconoce que el dueño tenía la obligación de cuidar sus cultivos, entiende que eso no permitía al Ayuntamiento entrar en una propiedad privada, ordenar el arranque de los árboles sin comprobar previamente la titularidad y exceder las medidas que habían sido establecidas para combatir la avispilla.
El resultado del dictamen, aprobado el 26 de junio, es por ello favorable al propietario: el Ayuntamiento de Almansa debe asumir su responsabilidad por los daños causados y reconocer el derecho del afectado a ser indemnizado.
Los 75.000 euros todavía no están asegurados
Que exista derecho a indemnización no significa que el propietario vaya a recibir necesariamente los 75.000 euros que reclamó. Su valoración partía de 1.000 almendros arrancados y otros 500 podados, árboles que situaba en torno a los 40 años de antigüedad, e incluía tanto la reposición de la plantación como otros perjuicios económicos.
El Ayuntamiento cuestionó esa cantidad y sostuvo que los almendros estaban abandonados y afectados por la plaga, por lo que su valor sería muy inferior. Incluso existió inicialmente una discrepancia sobre el número de ejemplares afectados: los técnicos municipales calcularon 438 árboles eliminados y 188 tratados, mientras que el Consejo finalmente considera acreditados 1.000 almendros arrancados y 500 podados.
Será necesario, por tanto, realizar una valoración técnica que tenga en cuenta el estado real que presentaban los árboles, su conservación y el valor de la madera retirada antes de fijar la indemnización definitiva. Lo que ya deja claro el Consultivo es quién deberá responder por el daño: el Ayuntamiento de Almansa, que actuó sobre una finca privada sin comprobar adecuadamente quién era su propietario y ordenó unos trabajos que fueron más allá de lo necesario para combatir la plaga.
