Las cuentas del Ayuntamiento de Munera correspondientes a 2025 han terminado en el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha después de que un concejal de Izquierda Unida reclamara abundante documentación para conocer el origen y el tratamiento contable de 164.642,75 euros en pagos pendientes de aplicación al presupuesto. La cifra aparece en la liquidación del ejercicio, aprobada mediante Resolución de Alcaldía el pasado 5 de marzo y posteriormente llevada al Pleno municipal.
La resolución de Transparencia no concluye que exista ninguna irregularidad contable ni da por buenos los cálculos realizados por el concejal reclamante. Lo que sí constata es que el Ayuntamiento no respondió dentro del plazo legal a su petición de información y que, al tratarse de una solicitud formulada por un miembro de la Corporación, el acceso quedó concedido por silencio administrativo positivo. Por ello, el Consejo insta ahora al Consistorio a entregar materialmente la documentación que había sido solicitada.
El principal interrogante gira en torno a esos 164.642,75 euros que aparecen en el Estado del Remanente de Tesorería como pagos pendientes de aplicación. Se trata de cantidades vinculadas a la denominada cuenta 555 de la contabilidad pública, utilizada para registrar pagos ya realizados que, al cierre del ejercicio, todavía no han sido imputados definitivamente a la partida presupuestaria que les corresponde.
La existencia de dinero en esa cuenta no supone por sí misma que haya existido un gasto irregular. Sí significa, sin embargo, que había pagos efectuados que todavía estaban pendientes de su aplicación presupuestaria definitiva, y precisamente ahí es donde el concejal ha puesto el foco al pedir que se identifique cada una de las operaciones que componen ese saldo.
Quiere conocer uno por uno los pagos
La solicitud registrada el pasado 13 de abril iba mucho más allá de pedir una explicación genérica. El edil reclamó una relación detallada de las operaciones que integran los 164.642,75 euros, incluyendo fechas, números de asiento, conceptos, importes y documentos justificativos, además de conocer los motivos por los que esas cantidades permanecían pendientes de aplicación.
También pidió los posibles informes de Intervención relacionados con su tratamiento y solicitó aclaraciones sobre cómo se habían tenido en cuenta estas cantidades a la hora de calcular la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. Su petición alcanzaba igualmente a documentos contables, asientos de regularización e informes técnicos correspondientes tanto a 2024 como a 2025, con el objetivo de reconstruir la evolución de esa cuenta y conocer exactamente qué operaciones se encontraban detrás del saldo.
Las dudas planteadas por el concejal no se limitan, además, a esos pagos pendientes. La liquidación presupuestaria de 2025 refleja también un remanente de tesorería para gastos generales negativo de 538.765,89 euros, una cifra que obliga al Ayuntamiento a adoptar medidas para corregir ese desequilibrio.
La resolución municipal contempla que durante 2026 el presupuesto de ingresos supere al de gastos precisamente por esa cantidad. Para conseguirlo se prevé incrementar las estimaciones de recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y de una partida denominada “Otros cánones especiales”, dos conceptos sobre los que el concejal también ha solicitado explicaciones.
Entre otras cuestiones, quiere saber qué proyectos, obras o instalaciones previstas en Munera permiten calcular una mayor recaudación por ICIO y si existen ya licencias, expedientes o actuaciones concretas que respalden esas previsiones. Respecto a los llamados cánones especiales, solicita conocer de dónde procederían esos ingresos, qué cantidades se esperan obtener y si existen contratos, convenios, concesiones o acuerdos que garanticen que finalmente entren en las arcas municipales.
La pregunta de fondo es si ambas vías de ingresos permitirán cubrir los 538.765,89 euros de remanente negativo y qué ocurriría si las cantidades presupuestadas finalmente no se materializan. Esa es una de las cuestiones sobre las que todavía deberá pronunciarse documentalmente el Ayuntamiento una vez entregue la información cuyo acceso ya ha quedado reconocido.
El problema viene del ejercicio anterior
La situación financiera reflejada en la liquidación de 2025 tiene además un antecedente inmediato. Las cuentas correspondientes a 2024 ya arrojaron un remanente de tesorería para gastos generales negativo de 558.121,20 euros, por lo que el Ayuntamiento llegó al siguiente ejercicio con la obligación de adoptar medidas de saneamiento.
Cuando se elaboró el presupuesto de 2025 se contempló precisamente un superávit inicial destinado a corregir aquel resultado negativo. Un año después, sin embargo, la liquidación vuelve a ofrecer un remanente en números rojos, aunque ligeramente inferior, de 538.765,89 euros.
Esta evolución es una de las razones por las que el concejal de IU ha solicitado información adicional sobre los cálculos utilizados por el Ayuntamiento y su posible incidencia en el cumplimiento de las reglas fiscales. En su reclamación sostiene que el tratamiento aplicado a los 164.642,75 euros pendientes de aplicación habría influido de manera decisiva en el resultado final de algunos indicadores presupuestarios.
Según sus propios cálculos, si se eliminara determinado ajuste relacionado con esta cuenta, la capacidad de financiación habría resultado negativa en 157.648,52 euros y el gasto computable habría superado en 41.225,66 euros el límite permitido. A partir de esas cifras, el edil plantea que podría haberse producido un incumplimiento tanto de la estabilidad presupuestaria como de la regla de gasto, con la posible necesidad de elaborar un Plan Económico-Financiero.
Estas afirmaciones, no obstante, corresponden exclusivamente a la interpretación del reclamante. El Consejo Regional de Transparencia no ha determinado que esos cálculos sean correctos, ni ha declarado que el Ayuntamiento de Munera haya incumplido las reglas fiscales, ya que su competencia en este expediente se limita a decidir sobre el acceso a la documentación.
El Ayuntamiento no respondió en plazo
La petición fue presentada el 13 de abril de 2026 y, nueve días después, el concejal acudió al Consejo Regional de Transparencia al no haber recibido contestación. La normativa que regula el derecho de acceso de los miembros de las corporaciones locales establece que este tipo de solicitudes deben resolverse en un plazo máximo de cinco días naturales.
Si la Administración no dicta una resolución motivada dentro de ese plazo, la solicitud se considera aceptada por silencio administrativo positivo. Eso es exactamente lo que, según Transparencia, ocurrió en Munera: al no responder el Ayuntamiento dentro de los cinco días previstos legalmente, el concejal adquirió el derecho a acceder a la documentación solicitada.
Por esta razón, el Consejo no anula una negativa municipal, porque formalmente no llegó a existir una resolución denegatoria. Lo que hace es instar al Ayuntamiento a que materialice cuanto antes un acceso que jurídicamente ya se encontraba concedido y entregue al Grupo Municipal de IU todos los documentos reclamados.
Será entonces cuando pueda conocerse qué pagos concretos forman los 164.642,75 euros pendientes de aplicación, qué informes existen sobre su tratamiento contable y en qué se apoyan las previsiones de ingresos con las que el Ayuntamiento pretende corregir durante 2026 el remanente negativo de 538.765,89 euros.
