La Oficina de Extranjería de Albacete acumula una demora de 144 días en la tramitación de determinadas autorizaciones de residencia que, por ley, deberían resolverse y notificarse en un plazo máximo de dos meses.
Así lo ha puesto de manifiesto el Defensor del Pueblo en una resolución que señala directamente los retrasos existentes en Albacete y que parte del caso de una mujer, madre de una menor de nacionalidad española, que llevaba meses esperando una respuesta a su solicitud.
La afectada presentó el 23 de septiembre de 2025 una autorización de residencia como familiar de una ciudadana española. Sin embargo, transcurridos varios meses, el procedimiento continuaba sin resolverse, lo que llevó el asunto hasta la institución que dirige Ángel Gabilondo.
El Defensor del Pueblo asegura ser conocedor de la “demora significativa” que mantiene la Oficina de Extranjería de Albacete y aporta una cifra especialmente llamativa: en el caso de las autorizaciones de residencia para familiares de ciudadanos españoles, el retraso alcanza los 144 días.
Un plazo máximo de dos meses
La diferencia con el plazo establecido legalmente es considerable.
El nuevo Reglamento de Extranjería regula específicamente las autorizaciones de residencia de los familiares de personas de nacionalidad española y establece que estos procedimientos deben tener una tramitación preferente.
Además, fija un plazo máximo de dos meses desde la presentación de la solicitud para resolver y notificar la decisión.
Frente a ese límite, el Defensor sitúa en 144 días la demora que soportaba la oficina albaceteña para este tipo de expedientes, más del doble del plazo previsto por la normativa.
El problema, además, no sería exclusivo de Albacete. La propia institución señala que estos retrasos son comunes a la práctica totalidad de las oficinas de extranjería españolas y asegura que mantiene abiertas actuaciones con la Secretaría de Estado de Política Territorial para conocer qué medidas se pretenden adoptar ante lo que califica como “deficiencias estructurales”.
Una madre de una menor española sin poder trabajar
La situación adquiere una dimensión especialmente delicada en el caso concreto que ha motivado la actuación del Defensor del Pueblo.
La solicitante es madre de una menor española y permanecía a la espera de que se resolviera su autorización de residencia.
El Defensor recuerda que lleva años interviniendo ante los problemas que afectan a niños españoles cuyos progenitores se encuentran en situación irregular y considera que los retrasos administrativos pueden repercutir incluso sobre derechos de los propios menores.
Según argumenta la institución, mantener a los progenitores en una situación de irregularidad documental puede afectar al ejercicio de derechos fundamentales relacionados con la intimidad personal y familiar y con la libertad de circulación y residencia de los hijos españoles.
Pero en este caso existe además otra consecuencia especialmente importante: la madre no puede trabajar mientras se tramita el procedimiento.
El Defensor del Pueblo explica que la regulación vigente resulta particularmente gravosa para estos progenitores porque, a diferencia de lo que ocurre con otros familiares de ciudadanos españoles, no tienen permitido trabajar durante la tramitación de la solicitud.
La institución llega a cuestionar esta exclusión al considerar que no parece compatible con el principio constitucional de protección integral de los hijos.
El Defensor pide que se resuelva “sin más demora”
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha dirigido una sugerencia a la Subdelegación del Gobierno para que la solicitud presentada por esta mujer sea atendida de manera inmediata.
En concreto, reclama que el expediente sea tramitado y resuelto “con carácter preferente y sin más demora” debido a su condición de madre de una menor española.
La resolución está fechada el 5 de marzo de 2026 y deja sobre la mesa un problema que trasciende este expediente particular.
El propio Defensor reconoce expresamente que conoce los retrasos que soporta la Oficina de Extranjería de Albacete y sitúa en 144 días la demora de las autorizaciones para familiares de españoles, pese a tratarse de procedimientos que la normativa considera preferentes y para los que establece un plazo máximo de apenas dos meses.
Un atasco administrativo que, en el caso de esta familia, no se limita a tener que esperar más tiempo por un documento: durante esos meses, la madre de una niña española permanece pendiente de regularizar su situación y sin posibilidad de trabajar mientras llega una resolución.
