El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha rechazado el recurso presentado por la empresa Aguigame S.L. y mantiene vigente la orden del Ayuntamiento de Villarrobledo que obliga a cesar temporalmente la actividad de su planta de tratamiento de residuos orgánicos para la fabricación de abono mientras no disponga de la correspondiente licencia urbanística.
La resolución ha sido dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, que confirma el auto previamente adoptado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Albacete. Se trata, por tanto, de una decisión adoptada dentro de la pieza de medidas cautelares y no de una sentencia que resuelva definitivamente el fondo del litigio entre la empresa y el Ayuntamiento.
El conflicto se remonta a agosto de 2023, cuando el Ayuntamiento de Villarrobledo requirió a Aguigame para que cesara de manera inmediata en la actividad desarrollada en la parcela 39 del polígono 35 hasta disponer de licencia urbanística. El Consistorio había detectado problemas en la documentación del expediente de legalización y ampliación de la planta, entre ellos que la titularidad catastral de otra de las parcelas incluidas en el proyecto no correspondía a la empresa solicitante.
El Ayuntamiento reiteró la orden dos años después
La situación volvió a desembocar en una resolución municipal el 25 de septiembre de 2025. El Ayuntamiento aseguró entonces que tenía constancia de que la actividad continuaba desarrollándose pese al requerimiento anterior y se apoyó, entre otros elementos, en un informe de la Policía Local fechado dos días antes.
Según recoge la sentencia, aquel informe indicaba que la mercantil seguía ejerciendo su actividad y que se producían “humos y olores desagradables” que, favorecidos por el viento, llegaban hasta el casco urbano de Villarrobledo. El Ayuntamiento volvió por ello a requerir el cese de la actividad hasta la obtención de la licencia urbanística y ordenó a la Policía Local adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la resolución.
Aguigame acudió a los tribunales y solicitó que esa decisión quedara suspendida cautelarmente mientras se resolvía el procedimiento principal. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Albacete rechazó la petición y la empresa recurrió posteriormente ante el TSJ de Castilla-La Mancha.
La empresa advertía del futuro de 19 trabajadores
Entre los argumentos expuestos ante el tribunal, Aguigame sostuvo que el cese suponía interrumpir la producción y dejar de generar ingresos durante un periodo indefinido, causando perjuicios económicos que consideraba irreparables o de muy difícil reparación.
La mercantil alegó además que de su actividad dependían directamente 19 trabajadores y advirtió de que sus puestos de trabajo podían perderse en caso de mantenerse el cierre de la planta. También expuso que había tratado sin éxito de tramitar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo y que el 27 de noviembre de 2025 se había visto obligada a solicitar concurso voluntario de acreedores por una situación de insolvencia inminente.
La Sala, sin embargo, no comparte que estos argumentos justifiquen levantar cautelarmente el cese. Los magistrados subrayan que la resolución municipal no ordena un cierre definitivo, sino un cese temporal condicionado a que la empresa consiga la preceptiva licencia urbanística, que se encontraba en tramitación.
El TSJ tampoco considera justificado plantear como consecuencia automática el despido de toda la plantilla. En la sentencia se recuerda además que la Delegación Provincial de Albacete había rechazado anteriormente el ERTE por fuerza mayor solicitado por la empresa al entender que el inicio de la actividad sin contar con licencia municipal no podía calificarse como un hecho imprevisible o ajeno a las decisiones de la propia mercantil.
Los malos olores y el interés general de Villarrobledo
Uno de los aspectos determinantes de la resolución es la ponderación entre los intereses económicos de la empresa y el interés público. La defensa de Aguigame sostenía que mantener la actividad no ocasionaba perjuicios a terceros ni suponía un riesgo o molestia apreciable para la población.
El Ayuntamiento defendió la posición contraria y advirtió de que suspender la orden de cese permitiría que continuaran las emisiones de humos y olores desagradables que afectaban a los vecinos. El propio procedimiento recoge que las molestias habían provocado incluso la denuncia de una asociación vecinal.
El TSJ concluye que, en esta fase cautelar, el interés particular de la empresa por continuar desarrollando su actividad no puede situarse por encima del interés general que pretende proteger la resolución municipal, vinculándolo directamente con el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado.
“El interés particular de la empresa en continuar ejercitando su actividad” no puede primar, según razona la Sala, sobre el interés general de Villarrobledo ante las molestias denunciadas por humos y olores.
El TSJ confirma la decisión del juzgado de Albacete
La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima finalmente el recurso de apelación de Aguigame y confirma íntegramente el auto de noviembre de 2025 que había rechazado suspender cautelarmente la orden municipal.
El tribunal no impone costas en esta segunda instancia debido a las dudas de hecho apreciadas durante el procedimiento. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo
