Agosto tiene unas propiedades administrativas verdaderamente extraordinarias. Mientras los ciudadanos hacen maletas, los abogados apuran los últimos asuntos antes de marcharse, las asociaciones vecinales reducen su actividad y muchos ayuntamientos funcionan con buena parte de sus plantillas de vacaciones, determinados proyectos especialmente sensibles parecen encontrar el momento idóneo para salir a información pública.
Podríamos denominarlo «agosticidad». No consta todavía en el diccionario, pero describe bastante bien esa curiosa tendencia a colocar en pleno verano los plazos durante los que los ciudadanos deben estudiar cientos o miles de páginas, buscar asesoramiento técnico, organizarse y presentar alegaciones ante iniciativas capaces de transformar su entorno durante décadas.
Todo será legal. Nadie sostiene lo contrario. Los días hábiles siguen contando, la Administración no cierra por vacaciones y los anuncios oficiales cumplen formalmente su función. La pregunta es otra: ¿se facilita verdaderamente la participación ciudadana cuando un asunto de enorme trascendencia se expone precisamente en el mes menos propicio para participar?
Del biogás al amianto
No es la primera vez que ocurre en Albacete.
En agosto de 2023, El Digital de Albacete informó sobre el proyecto para construir una planta de biogás en el polígono de Romica, a menos de seis kilómetros de la capital. Aquella instalación se encontraba, también «curiosamente» en pleno agosto, en fase de alegaciones.
No se trataba de una pequeña actuación. La planta pretendía gestionar más de 70.000 toneladas de residuos al año, trabajar las 24 horas y recibir cerca de 6.000 camiones anuales. La propia documentación identificaba posibles afecciones sobre la calidad del aire, el consumo de agua, el suelo y la producción de residuos.
Tres años después, la historia vuelve a tener un marcado aroma veraniego.
La Junta de Comunidades ha abierto ahora el periodo de información pública para un gran depósito de residuos con amianto proyectado en el paraje de La Castra, entre los términos y áreas de influencia de Albacete, La Gineta y Barrax.
El anuncio oficial ha sido publicado el 3 de agosto de 2026 y concede 30 días hábiles para consultar el expediente y formular alegaciones. El procedimiento afecta tanto a la solicitud de Autorización Ambiental Integrada como al Estudio de Impacto Ambiental de una instalación con capacidad para almacenar casi 300.000 toneladas de residuos con amianto.
Otra vez agosto. Otra vez un proyecto de enorme dimensión. Otra vez un voluminoso expediente técnico que exige tiempo, conocimientos y capacidad de organización.
Treinta días que no son iguales en enero que en agosto
Sobre el papel, 30 días hábiles son 30 días hábiles, comiencen en febrero o en agosto. En la vida real, no son iguales.
En verano resulta más difícil reunir a una asociación vecinal, contactar con especialistas, contratar un informe independiente, localizar a un abogado, obtener determinadas respuestas administrativas o celebrar reuniones con todos los afectados. Los agricultores están inmersos en campañas y trabajos agrícolas, muchas pequeñas empresas funcionan con personal reducido y numerosos ciudadanos ni siquiera consultan la actualidad local con la misma frecuencia.
Presentar una alegación solvente no consiste en redactar apresuradamente una queja de dos párrafos. Un proyecto como el depósito de La Castra contiene documentación ambiental, geológica, hidrogeológica, urbanística y técnica de enorme complejidad. Para cuestionar alguno de sus extremos, proponer alternativas o detectar posibles deficiencias hay que leer, contrastar y, en muchas ocasiones, recurrir a profesionales.
La información pública no debería ser un simple trámite que permita colocar una marca de verificación en el expediente. Debería servir para que la sociedad conozca qué se pretende hacer, pueda valorar sus consecuencias y disponga de una oportunidad efectiva para intervenir.
Y la efectividad no se mide únicamente con el calendario administrativo.
El amianto exige la máxima transparencia
El proyecto conocido ahora no afecta a un material cualquiera. El amianto es cancerígeno cuando sus fibras se liberan y son inhaladas. Precisamente por ello, su retirada, transporte y eliminación necesitan procedimientos extremadamente rigurosos.
La instalación proyectada tendría nueve vasos, una vida útil estimada de 25 años y capacidad para almacenar alrededor de 280.000 toneladas. No estamos hablando de una actividad provisional ni de impacto limitado. Se plantea una infraestructura que podría formar parte del paisaje y de la actividad económica de la zona durante un cuarto de siglo.
Además, durante la tramitación ya se han planteado cuestiones relevantes: el tráfico de camiones, las rutas de acceso, la cercanía de explotaciones agrícolas, la posible afección a cultivos ecológicos, el control de las fibras, el riesgo de accidentes y la necesidad de proteger las aguas subterráneas.
El Ayuntamiento de Albacete emitió un informe de afección negativo y el órgano ambiental reclamó un análisis detallado de alternativas. La propia Administración consideró imprescindible examinar los efectos potenciales sobre las parcelas agrícolas y alimentarias del entorno, incluidos cultivos de pistacho ecológico, así como instalar puntos fijos de medición de fibras.
Todo ello demuestra que no estamos ante un expediente rutinario. Existen argumentos a favor de contar con instalaciones autorizadas para gestionar correctamente unos residuos peligrosos que ya están presentes en miles de edificios. También existen razones legítimas para debatir su emplazamiento, dimensiones, accesos, controles y consecuencias para el entorno.
Ese debate necesita luz, tiempo y participación. No una carrera contra el calendario vacacional.
Legalidad no siempre significa oportunidad
Conviene insistir: publicar un expediente en agosto no convierte automáticamente el procedimiento en irregular. Tampoco demuestra que exista una intención de ocultar nada.
Pero la reiteración alimenta una comprensible desconfianza. Cuando proyectos controvertidos aparecen una y otra vez en información pública durante el mes en el que la sociedad se encuentra más desmovilizada, el ciudadano acaba preguntándose si se trata de una coincidencia o de una ventaja administrativa demasiado tentadora.
Las instituciones no solo deben actuar conforme a la ley. También tienen que proteger la apariencia de transparencia, facilitar el acceso a la información y evitar decisiones que puedan interpretarse como una manera de reducir el ruido social.
Una Administración comprometida con la participación podría ampliar voluntariamente los plazos cuando coincidan casi por completo con agosto, reforzar la comunicación a los municipios y colectivos afectados, organizar jornadas informativas o facilitar resúmenes comprensibles de los proyectos.
No bastan un anuncio oficial y un expediente digital de miles de páginas. La transparencia auténtica no consiste únicamente en que la información esté disponible. Consiste en que los ciudadanos puedan encontrarla, entenderla y reaccionar a tiempo.
Agosto no puede convertirse en un escondite administrativo
Quien promueve una planta de biogás o un depósito de amianto tiene derecho a que su proyecto sea tramitado conforme a la normativa. Quienes viven, trabajan o poseen explotaciones en el entorno tienen exactamente el mismo derecho a conocerlo, analizarlo y plantear objeciones.
Ambos derechos deben protegerse con el mismo rigor.
Por eso resulta tan llamativa esta «agosticidad». Porque convierte un mecanismo concebido para escuchar al ciudadano en una especie de prueba de resistencia: encontrar el anuncio entre vacaciones, descargar la documentación, comprenderla, localizar asesoramiento y presentar argumentos antes de que expire el plazo.
Albacete ya vivió esta sensación con la planta de biogás de Romica. Ahora vuelve a experimentarla con un proyecto mucho mayor y relacionado con un material que despierta una lógica preocupación social.
Tal vez todo sea una coincidencia administrativa. Pero, cuando las coincidencias se repiten, dejan de parecer tan inocentes.
Agosto es un mes tan legal como cualquier otro. Lo que no debería ser es el momento preferido para que los proyectos más delicados pasen de puntillas ante una ciudadanía de vacaciones.
Javier Romero, director de El Digital de Albacete
