Los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Hellín (Albacete), José Miguel Vela Ríos y María Dolores Ráez López, han remitido un comunicado en el que trasladan su apoyo a la familia de Emilio, una persona con discapacidad intelectual reconocida del 65 %, tras la denuncia presentada ante la Policía Nacional por unos hechos ocurridos -según relatan- durante un acto público organizado por el Ayuntamiento de la localidad el pasado 3 de julio, en la calle Antonio López del Oro.
En el comunicado, difundido «en nombre de la familia de Emilio y con su autorización expresa», los concejales señalan que la familia mantiene una «profunda indignación y preocupación» por unos hechos que, según la denuncia presentada, habrían tenido lugar mientras el joven se encontraba disfrutando del acto y «bailando al son de la música».
Según recoge el escrito, Emilio habría sido reprendido por Raquel Tomás Pedrosa, concejal de VOX y concejal de Comercio del Ayuntamiento de Hellín, mediante «toques en el hombro» que habrían provocado que abandonara el recinto.
La familia considera, según trasladan los concejales no adscritos, que esta actuación «pudo estar motivada por su aspecto y por su discapacida»”, una circunstancia que, en cualquier caso, deberá ser esclarecida por las autoridades competentes.
La frase que recoge la denuncia
El comunicado señala que, siempre según la versión recogida en la denuncia, cuando la concejal habría sido recriminada por su actitud, respondió: «Es que está molestando, a mí no me puedes denunciar, soy la concejal de Comercio, soy intocable».
Para la familia de Emilio, estas palabras y la conducta descrita reflejarían «una actitud altiva, prepotente y profundamente deshumanizada», tanto hacia la persona con discapacidad como hacia sus familiares, quienes, según explican, reclamaba «respeto, empatía y un trato digno».
Piden que se investiguen los hechos
Desde el entorno familiar rechazan cualquier comportamiento que pueda suponer «discriminación, humillación o exclusión» de una persona vulnerable en un espacio público y solicitan que los hechos sean investigados para que «se depuren las responsabilidades que procedan».
En el comunicado, la familia recuerda que «la dignidad de las personas con discapacidad debe ser respetada en todo momento», especialmente en actos públicos organizados por instituciones. «Ningún cargo institucional puede ampararse en su posición para situarse por encima de la ciudadanía ni para tratar con desprecio a quienes merecen una especial protección social», concluye.
