El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado este jueves en las Cortes regionales su defensa de un modelo de financiación autonómica sustentado en el principio de igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas, y ha rechazado cualquier planteamiento que consolide privilegios territoriales o vincule la financiación con la capacidad económica de cada comunidad autónoma.
Durante su comparecencia, a petición propia, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado sobre la posición que mantiene el Gobierno de Castilla-La Mancha en relación con la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno de la Nación y que así se le expuso al Secretario de Estado de Hacienda en la reunión mantenida el pasado 22 de junio.
En la misma, Ruiz Molina ha reiterado que la financiación autonómica debe responder al coste real de prestar los servicios públicos y no al denominado principio de ordinalidad, al considerar que este supone que “quien más tiene, debe recibir más”, un planteamiento “injusto” que, a su juicio, rompe la equidad que debe regir el sistema.
Una postura coherente
Durante su alocución, el consejero ha reiterado que Castilla-La Mancha mantiene desde hace más de 10 años una posición “coherente”, basada exclusivamente en “la defensa de los intereses de la región”, con independencia del signo político del Gobierno de España, y ha recordado que esa misma propuesta se ha trasladado tanto a ejecutivos del Partido Popular como del Partido Socialista.
En este sentido, ha defendido que el nuevo modelo debe negociarse de “forma multilateral” en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con la participación de todas las comunidades autónomas de régimen común, y ha insistido en que los acuerdos bilaterales no pueden condicionar una reforma que afecta al conjunto del Estado.
Respecto a la reunión mantenida el pasado mes de junio con representantes del Ministerio de Hacienda, el consejero ha explicado que acudió “desde la lealtad institucional” para trasladar tanto su rechazo a la propuesta planteada por el Ejecutivo central, como el modelo alternativo que defiende Castilla-La Mancha.
Tras ese encuentro, ha señalado, el escenario permanece “inalterado”, ya que el Ministerio mantiene su intención de desarrollar el modelo acordado con ERC, que cuenta con el único apoyo de la Generalitat de Cataluña, y que, hoy en día, “ni siquiera cuenta con el favor de algunos independentistas, que no quieren más financiación, sino que lo que quieren es tener más financiación que los demás”.
En este sentido, Ruiz Molina ha señalado que la única modificación planteada, respecto a la propuesta inicial, consiste en incorporar el Fondo de Compensación Interterritorial al sistema de financiación para “compensar a las comunidades que, con el nuevo modelo, quedarían por debajo de la media”, una posibilidad que Castilla-La Mancha ha rechazado porque considera que dicho fondo debe seguir destinado a “reducir las diferencias de renta y riqueza entre territorios, y no a financiar servicios públicos fundamentales que gestionan las comunidades autónomas”.
Una financiación basada en el coste real de los servicios prestados
En su intervención, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha reiterado que el futuro sistema debe garantizar el principio de igualdad, de forma que todos los ciudadanos reciban unos servicios públicos con el mismo nivel de calidad con independencia de la comunidad autónoma en la que residan.
Para lograrlo, el Gobierno regional ha propuesto definir de manera objetiva “la población ajustada o el índice de necesidad de cada servicio público”, incorporando variables que reflejen el coste real de su prestación, como la superficie, la dispersión geográfica o las características demográficas de cada territorio. Una vez determinado ese coste, ha continuado, todas las comunidades autónomas deberían recibir la misma financiación por habitante ajustado.
Con este planteamiento, según ha defendido, se sustituye la lógica de la ordinalidad por un modelo basado en la igualdad que garantiza que “los ciudadanos y ciudadanas reciban los servicios públicos con el mismo nivel de calidad, con independencia de la capacidad económica o de la capacidad tributaria de la comunidad autónoma en la que resida, lo que se denomina nivelación total, basada en función de las necesidades”.
Cuatro medidas para completar la reforma
En ese encuentro, se ha indicado que el nuevo sistema de financiación debe complementarse con cuatro medidas adicionales. La primera es la condonación de la deuda derivada de la infrafinanciación acumulada durante años. En este sentido, el consejero ha valorado positivamente la propuesta del Gobierno de España porque incorpora precisamente la infrafinanciación como criterio para calcular la reducción de la deuda de cada comunidad autónoma. Criterio, ha dicho, que desde el Gobierno de García-Page ya se le trasladó al entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2017.
De prosperar la iniciativa, ha continuado, no sólo se incluiría la “infrafinanciación como uno de los criterios fundamentales, para cuantificar la parte de condonación que nos corresponde”; sino que, Castilla-La Mancha vería condonado el 30,5% de la deuda asociada al Fondo de Liquidez Autonómica, “muy por encima de lo que sería la media del conjunto de regiones”. Lo que supondría un ahorro, por pago de intereses, de 760 millones en los próximos años. Por ello, ha pedido al Partido Popular regional y a sus diputados en el Congreso que apoyen su tramitación.
El segundo elemento al que se ha referido es la necesidad de que se aborde, mediante ley estatal, una armonización fiscal que evite “la competencia desleal” entre territorios, en la imposición de tributos comunes. La tercera, es garantizar el principio de lealtad institucional que compensen a las comunidades cuando decisiones del Estado afecten a su financiación. Por último, la creación de un fondo transitorio de nivelación mientras se aprueba el nuevo sistema para corregir la infrafinanciación que siguen sufriendo Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas.
Una única voz para defender los intereses de Castilla-La Mancha
En este mismo escenario, el consejero ha dejado claro que “negociar y acordar el nuevo modelo en el CPFF, e incluso rechazar, es compatible con reuniones bilaterales que se puedan mantener con el Ministerio de Hacienda”. Y ha recordado que el Gobierno de García-Page “va a seguir abierto al diálogo y al acuerdo”, para avanzar hacia un modelo en el que participen todas las regiones, porque “no es un interés partidista, es un asunto de región, e incluso de Estado”.
Para lo cual, se han buscado acuerdos durante la última década con gobiernos autonómicos de distinto signo político y también con los grupos parlamentarios de las Cortes regionales para construir una posición común sobre financiación autonómica. Porque el “diálogo no es signo de debilidad, sino de firmeza”, y ha pedido a los partidos de la oposición sus aportaciones para acudir con una única voz en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha durante la negociación del nuevo modelo. Porque “en esta tierra tenemos claro que no queremos más que nadie, pero no vamos a admitir menos de lo que nos corresponde”, ha concluido.
