Una oposición con más de un millar de personas admitidas, 37 plazas en juego y un examen celebrado en Albacete se ha convertido en el centro de una creciente controversia. Algunos aspirantes al proceso selectivo de Mecánico/a Conductor/a Bombero/a del SEPEI cuestionan la validez de la prueba, aseguran haber localizado preguntas coincidentes con tests publicados previamente en internet y reclaman a la Diputación Provincial de Albacete una investigación interna sobre el procedimiento seguido por el Tribunal Calificador.
El examen del SEPEI de Albacete, en el foco
La prueba se celebró el sábado 13 de junio en el edificio Melchor de Macanaz del Campus Universitario de Albacete. Según la información trasladada por los aspirantes, el examen estaba convocado a las 17:30 horas, habría comenzado aproximadamente a las 17:58 y habría concluido en torno a las 19:28.
El cuestionario constaba de 76 preguntas tipo test, sin preguntas de reserva, con una duración de 90 minutos y penalización por respuestas incorrectas. La lista definitiva del proceso incluía 1.122 personas admitidas, aunque los denunciantes señalan que la Diputación deberá confirmar el número exacto de asistentes.
Preguntas que coincidirían con tests publicados años antes
Uno de los puntos más relevantes de la denuncia es la supuesta coincidencia entre varias preguntas del examen oficial y cuestiones publicadas previamente en páginas web de tests online.
Diferente documentación aportada por opositores a este medio constatan coincidencias literales o prácticamente literales con preguntas disponibles con anterioridad en la plataforma Daypo. Entre los ejemplos señalados figura la pregunta “Los habitantes de una provincia reciben, por esta condición, el nombre de:”, que aparece en un test denominado “La Provincia Repaso 3”, con fecha de creación en enero de 2022, y que también habría formado parte del examen del SEPEI.
Los opositores también apuntan a coincidencias en preguntas relativas al número de provincias existentes en España, la duración del mandato de un presidente de Diputación Provincial o la competencia para declarar la excedencia forzosa de un funcionario de una Diputación.
Lo que dice la normativa de la Diputación de Albacete
La denuncia cobra especial relevancia al confrontarse con las “Normas básicas de funcionamiento y actuación de los órganos de selección de personal de la Excma. Diputación Provincial de Albacete”, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete el 6 de agosto de 2018.
El artículo 21.2 de estas normas establece que los miembros del Tribunal “no podrán aportar ningún tipo de preguntas ni supuestos prácticos”, y añade que queda prohibida “la utilización de preguntas que no sean elaboradas en el mismo acto de realización del examen”.
La misma normativa señala que los miembros del Tribunal deben redactar por escrito, sin medios electrónicos, y en la misma jornada de celebración de la prueba, sus propuestas de preguntas para el examen. Además, cada cuestión debe hacer referencia al tema en el que está incluida, así como al libro y página o norma de la que se obtiene.
Por este motivo, los opositores consideran que las coincidencias detectadas con tests publicados previamente en internet obligan a comprobar cuándo, cómo, con qué materiales y por quién fueron redactadas las preguntas incluidas en el cuestionario.
Bibliografía, materiales y votaciones
Los aspirantes también cuestionan qué fuentes se utilizaron realmente para elaborar el examen. La normativa establece que, para confeccionar las preguntas, deben emplearse los libros o materiales recomendados en la bibliografía orientativa de cada convocatoria, si la hubiera, y que estos deben ser facilitados por la Diputación sin marcas ni subrayados previos.
Además, cualquier libro o material no incluido en esa bibliografía orientativa debe ser votado y aprobado por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes del Tribunal, dejando constancia de dicha votación en acta.
Por ello, los denunciantes reclaman que se identifique el material utilizado, que se indique si hubo o no votaciones para autorizar fuentes distintas y que se hagan públicas las actas en las que consten esos extremos.
Un reparto proporcional que también cuestionan
La denuncia también afecta a la distribución de las preguntas. Según las normas de la Diputación, las cuestiones deben realizarse por sorteo y proporcionalmente entre los miembros del Tribunal, con excepción de la Secretaría y del experto en informática, y también entre las materias del temario.
Los opositores sostienen que determinados temas incluidos en las bases podrían no haber recibido ninguna pregunta, mientras que otros contenidos habrían acumulado un peso muy superior. Por este motivo, solicitan que se acredite el sorteo realizado, el reparto de preguntas entre los miembros del Tribunal y la distribución entre materias.
Preguntas ambiguas o fuera de temario
Otro de los puntos de la denuncia se centra en la idoneidad de las preguntas. Las normas de la Diputación indican que se debe buscar la adecuación de las pruebas teóricas y prácticas al desempeño profesional de la plaza, evitando preguntas injustificadamente difíciles, irrelevantes o de redacción compleja que puedan inducir a interpretaciones ambiguas o errores de comprensión.
Los aspirantes señalan que algunas cuestiones podrían superar el ámbito delimitado por el temario, tener respuestas discutibles o no resultar suficientemente específicas. Según su primera revisión, cerca de una decena de preguntas podrían proceder de materias o textos normativos no incluidos en las bases.
En caso de confirmarse, reclaman que el Tribunal explique qué epígrafe concreto del temario ampara cada una de esas preguntas y qué fuente oficial se utilizó para su redacción.
El bloque de geografía provincial, otro foco de controversia
Las preguntas de geografía provincial constituyen otro de los frentes abiertos. Los opositores señalan que las bases diferenciarían dos mapas de años distintos, con elementos y ámbitos también diferenciados.
Pese a ello, sostienen que varios enunciados podrían haber mezclado datos pertenecientes a ambos documentos, lo que habría desdibujado una separación que los aspirantes debían respetar durante su preparación.
También advierten de que algunas preguntas podrían no tener una respuesta claramente deducible de los mapas de referencia. En un examen con penalización por errores y sin preguntas de reserva, consideran que cualquier ambigüedad puede alterar directamente las puntuaciones.
Un amplio número de aspirantes prepara impugnaciones
La controversia ha derivado en una respuesta coordinada por parte de numerosos participantes. Según los propios opositores, centenares de aspirantes están organizados en grupos de distintas provincias, ya que hay opositores de gran parte de España, y mantienen contacto para coordinar la defensa de sus derechos.
Los denunciantes afirman que decenas de opositores están preparando impugnaciones contra cerca de un tercio de las 76 preguntas del examen, cuyo plazo finalizará en unos días.
La ausencia de preguntas de reserva añade relevancia a esta situación, ya que la eventual anulación de un número elevado de preguntas podría tener efectos sustanciales en las puntuaciones y en el desarrollo del proceso selectivo.
Qué piden a la Diputación de Albacete
Los opositores reclaman públicamente a la Diputación Provincial de Albacete y al Tribunal Calificador la apertura inmediata de una investigación interna sobre la elaboración del examen.
Entre sus peticiones figuran la conservación de actas, borradores, archivos digitales, metadatos y demás soportes relacionados con el cuestionario; la identificación del procedimiento y las fuentes utilizadas para elaborar cada pregunta controvertida; la publicación de las actas relativas al reparto, sorteo, revisión y aprobación de las preguntas; y la revisión completa de las cuestiones impugnadas y de los criterios de corrección.
También piden la anulación de todas las preguntas que puedan incumplir el temario, las normas de elaboración o los principios de proporcionalidad e idoneidad, así como la aclaración de las preguntas geográficas que podrían haber mezclado contenidos de mapas diferenciados o carecer de una respuesta inequívoca.
Además, solicitan la paralización de cualquier actuación que pueda consolidar puntuaciones cuestionadas hasta que se resuelvan de forma motivada las impugnaciones.
“No pedimos un examen más sencillo”
Los opositores subrayan que no reclaman un examen más fácil ni un trato de favor. Lo que piden, aseguran, es que la Diputación demuestre documentalmente que el Tribunal Calificador respetó las normas que debían garantizar la igualdad, la objetividad y la transparencia del proceso.
“Durante los primeros días solicitábamos explicaciones porque existían indicios. Ahora existen coincidencias materiales que pueden comprobarse directamente. La Diputación ya no puede limitarse a defender de forma genérica la corrección del examen: debe explicar cómo llegaron esas preguntas al cuestionario y aportar las actas que acrediten el procedimiento seguido”, señalan integrantes del grupo de opositores.
Por el momento, la denuncia mantiene abierta una polémica que afecta a uno de los procesos selectivos más relevantes del SEPEI de Albacete y al futuro profesional de más de un millar de personas admitidas.
