La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Albacete encara una nueva fase de debate público con una propuesta que podría modificar algunos de los aspectos más sensibles de su futura aplicación. Mientras la ciudad se prepara para la puesta en marcha de una de las medidas de movilidad más importantes de los últimos años, una asociación albaceteña ha decidido dar un paso al frente para reclamar cambios que, de prosperar, afectarían especialmente a quienes residen en la capital. Se trata de las alegaciones presentadas por la Asociación de Ciclismo Urbano de Albacete (CURBA), que pide una ZBE más exigente y menos flexible con los empadronados.
La ZBE de Albacete, en pleno proceso de tramitación
La Asociación de Ciclismo Urbano de Albacete (CURBA) ha presentado alegaciones al proyecto de Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones que actualmente tramita el Ayuntamiento de Albacete. Desde la entidad dejan claro que respaldan la implantación de esta herramienta y comparten sus objetivos de mejorar la calidad del aire, reducir emisiones contaminantes, disminuir el ruido y fomentar una movilidad más sostenible.
Sin embargo, consideran que la futura normativa puede mejorarse para garantizar que cumpla realmente con los objetivos ambientales para los que ha sido diseñada.
Qué plantea el Ayuntamiento para la ZBE de Albacete
La futura Zona de Bajas Emisiones afectará al centro de la ciudad y contempla diferentes regímenes de acceso en función del tipo de vehículo, su distintivo ambiental y determinadas circunstancias personales.
Tal y como ha explicado el Ayuntamiento, los vehículos autorizados podrán acceder libremente, mientras que otros deberán abonar una tasa diaria para entrar en la zona restringida. Además, se han previsto una serie de excepciones y flexibilizaciones, especialmente para personas empadronadas dentro del ámbito de la ZBE o con determinadas necesidades justificadas.
Precisamente una parte de esas excepciones vinculadas al padrón municipal es uno de los puntos que CURBA cuestiona en sus alegaciones.
CURBA pide justificar el impacto de las excepciones para empadronados
La principal reclamación de la asociación pasa por exigir al Ayuntamiento una evaluación cuantificada sobre cómo afectan las excepciones previstas en la ordenanza a la eficacia ambiental de la ZBE.
Según defiende CURBA, resulta necesario conocer hasta qué punto las flexibilizaciones contempladas para determinados vehículos o usuarios pueden limitar la reducción de emisiones, ruido y tráfico que persigue la medida.
Por ello, solicita que el Consistorio aporte datos concretos que permitan valorar si el modelo planteado alcanzará realmente los objetivos fijados.
Más control y revisiones periódicas
Entre las alegaciones registradas también figura la incorporación de mecanismos claros de seguimiento y evaluación periódica.
La asociación propone que la ordenanza incluya indicadores objetivos relacionados con la calidad del aire, el tráfico motorizado, la movilidad peatonal, el uso de la bicicleta, el transporte público y los niveles de ruido ambiental.
El objetivo sería disponer de herramientas que permitan comprobar con datos si la ZBE está funcionando correctamente o si necesita modificaciones futuras.
Preocupación por las partículas contaminantes más peligrosas
Otro de los aspectos destacados por CURBA es la necesidad de prestar una atención específica a las partículas PM10 y PM2,5, consideradas especialmente perjudiciales para la salud.
La asociación solicita analizar de forma detallada la contribución del tráfico rodado, el desgaste de neumáticos y frenos o la resuspensión de partículas acumuladas en la calzada, además de evaluar si las excepciones previstas pueden reducir la efectividad de las medidas destinadas a combatir estos contaminantes.
Protocolos más claros para episodios de contaminación
CURBA también considera insuficiente la regulación prevista para los episodios de contaminación atmosférica.
Por ello propone definir con mayor claridad cuáles serán los contaminantes de referencia, los umbrales de activación, las medidas temporales que podrían aplicarse y los sistemas de información pública que se pondrían en marcha cuando se produzcan estas situaciones.
Más transparencia y acceso público a los datos
La asociación reclama igualmente un mayor esfuerzo en materia de transparencia.
Entre sus propuestas figura la publicación periódica de indicadores ambientales y de movilidad, informes de seguimiento, revisiones realizadas y posibles medidas correctoras, facilitando así que la ciudadanía pueda conocer los resultados reales de la Zona de Bajas Emisiones.
Reducir el tráfico y fomentar alternativas al coche
CURBA sostiene que la evaluación de la ZBE no debería limitarse únicamente a las emisiones contaminantes.
En este sentido, plantea que las futuras revisiones analicen también aspectos como la reducción del tráfico motorizado y del tráfico de paso, el incremento de los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público y la mejora de la habitabilidad de los espacios urbanos.
Una perspectiva social para toda la ciudad
Las alegaciones incluyen además propuestas para reforzar el análisis social y de género de las políticas de movilidad.
La asociación pide incorporar datos locales que permitan evaluar cómo afectan las medidas a hombres y mujeres, así como prestar una atención específica a colectivos vulnerables, personas con movilidad reducida, responsables de cuidados o ciudadanos con menores recursos económicos.
«La ZBE debe ser ambientalmente ambiciosa»
Desde CURBA insisten en que sus alegaciones no buscan frenar la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, sino contribuir a que sea una herramienta útil para mejorar la calidad del aire y la salud pública.
La asociación defiende que una ZBE eficaz debe ser «ambientalmente ambiciosa, socialmente justa y capaz de fomentar alternativas reales al uso excesivo del automóvil», avanzando hacia una ciudad más segura, accesible y agradable para vivir.
Asimismo, lamentan que el debate sobre las ZBE se haya convertido en muchos lugares en un escenario de confrontación política que, a su juicio, desvía la atención de los objetivos ambientales y sociales que persiguen este tipo de medidas.
