La posibilidad de obtener un permiso de residencia o trabajo en España supone para muchas personas la puerta de entrada a una nueva vida. Precisamente esa necesidad, y en muchos casos la desesperación por regularizar su situación administrativa, habría sido aprovechada durante meses por una organización que movía importantes cantidades de dinero y que extendió sus tentáculos hasta distintos puntos de la provincia de Albacete. Ahora, una operación de la Guardia Civil ha puesto fin a una actividad que presuntamente convirtió esa esperanza en un lucrativo negocio ilegal.
La Guardia Civil desmantela una trama con actividad en Albacete
La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal dedicada presuntamente a regularizar de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros mediante contratos de trabajo falsos. La operación, denominada ‘Lutasanol’, ha permitido destapar una estructura que habría llegado a tramitar ilegalmente más de un centenar de expedientes a cambio de cantidades que oscilaban entre los 4.500 y los 10.500 euros.
Aunque el núcleo de la actividad se encontraba en la provincia de Almería, la investigación ha constatado que la organización también captaba ciudadanos en Murcia y en diferentes puntos de las provincias de Albacete, Huelva, Granada y Málaga, ampliando así el alcance de una trama que operaba en varios territorios del país.
La actuación policial se ha saldado con la detención del principal captador de la organización y con la investigación de otras tres personas por su presunta implicación en los hechos.
Hasta 10.500 euros por expedientes fraudulentos
Según ha informado la Guardia Civil, la investigación se inició el pasado año tras detectarse indicios de una actividad organizada destinada a facilitar permisos de residencia y trabajo mediante documentación falsa.
Los integrantes de la trama localizaban a personas extranjeras interesadas en obtener o renovar su situación administrativa en España y les ofrecían contratos laborales ficticios que posteriormente eran presentados ante la Administración como si correspondieran a relaciones laborales reales.
Por estos servicios exigían importantes cantidades económicas que podían alcanzar los 10.500 euros por expediente, generando un importante beneficio económico para la organización.
Captaciones también en distintos puntos de Albacete
Uno de los aspectos que más relevancia adquiere para la provincia de Albacete es que la Guardia Civil ha confirmado que la red desarrolló labores de captación en diferentes municipios y zonas de la provincia.
La organización buscaba potenciales clientes entre ciudadanos extranjeros que necesitaban regularizar su situación y les ofrecía una aparente vía legal para conseguirlo. Sin embargo, detrás de esa supuesta solución se escondía un entramado basado en documentación fraudulenta y relaciones laborales inexistentes.
Los investigadores consideran que la estructura estaba perfectamente organizada y que cada uno de sus integrantes desempeñaba funciones específicas para mantener el funcionamiento de la trama.
Una empresa sin actividad real y altas ficticias en la Seguridad Social
La investigación permitió constatar que la organización realizaba altas de trabajadores en la Seguridad Social sin que existiera una actividad empresarial real que justificara dichas contrataciones.
De este modo, se simulaban relaciones laborales inexistentes con el objetivo de dotar de apariencia legal a los expedientes presentados ante la Administración.
Según la Guardia Civil, estas prácticas habrían generado un fraude superior a los 100.000 euros, además de posibilitar potencialmente el acceso indebido a prestaciones y subsidios públicos.
Registro e intervención de documentación y dinero en efectivo
Dentro del operativo policial se practicó un registro en el establecimiento que, presuntamente, servía como centro de operaciones de la organización.
Durante la actuación los agentes intervinieron abundante documentación relacionada con la actividad investigada, copias de documentos de identidad, nóminas fraudulentas, anotaciones manuscritas y dinero en efectivo que podría proceder de los cobros realizados a las víctimas.
Todo este material está siendo analizado por los investigadores con el objetivo de determinar el alcance exacto de la actividad desarrollada por la organización y el número definitivo de personas afectadas.
Cuatro personas implicadas en la trama
La Guardia Civil ha señalado que la estructura criminal contaba con funciones perfectamente distribuidas entre captadores, responsables de la gestión documental y asesores especializados encargados de proporcionar apariencia de legalidad a toda la operativa.
Por estos hechos se procedió a la detención de la persona que ejercía las labores de captación, mientras que también han sido investigados los dos administradores de la empresa utilizada presuntamente para desarrollar la actividad fraudulenta, localizados en Santa Cruz de Tenerife y Madrid, así como un gestor laboral y contable con despacho profesional en Almería.
La Benemérita considera que se trataba de una activa red criminal interprovincial que habría facilitado ilegalmente más de un centenar de expedientes de regularización obteniendo importantes beneficios económicos mediante la explotación de la necesidad de ciudadanos extranjeros que buscaban regularizar su situación administrativa en España.
La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería junto al Puesto Principal de la Guardia Civil de El Ejido, bajo la dirección del Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción Plaza número 5 de El Ejido.
