El Gobierno de Castilla-La Mancha ha impulsado una política fiscal que trata de reducir el esfuerzo de las familias, de los jóvenes y de los sectores de población más vulnerables; que trata, como se ha aprobado recientemente de abaratar el coste de adquisición de la primera vivienda, por parte de los más jóvenes; así como, la fijación de residencia en aquellas zonas escasamente pobladas, o que fomenta la actividad empresarial para contribuir a la generación de empleo y riqueza.
Así lo ha señalado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante su intervención de este jueves en el Parlamento autonómico, donde se ha debatido sobre la política fiscal en Castilla-La Mancha y su impacto en las familias, la actividad económica y los servicios públicos.
Unas medidas que, como ha recordado, no sólo están permitiendo cumplir el compromiso adquirido con lealtad por el presidente Emiliano García-Page con los agentes sociales en 2015, de “no incrementar la presión fiscal” en la región; sino que, al contrario, se están aprobando deducciones fiscales que rebajan el esfuerzo fiscal que tienen que hacer los sectores prioritarios, como son las familias y los jóvenes; por eso, se están haciendo “con bisturí”.
En esta línea, Ruiz Molina ha argumentado que la política fiscal que desarrolla el Ejecutivo autonómico es la de la redistribución de la renta. Por eso, por un lado, está el trabajo de generación de riqueza, tanto familias como empresas, y por otro, el de la redistribución de esa riqueza que toda la ciudadanía es capaz de generar y con la finalidad de “no dejar a nadie atrás” que es el objetivo que tiene el presidente García-Page.
Rechazo absoluto a medidas para aliviar la carga fiscal de familias y empresas
En relación con la cuestión objeto del debate, el consejero ha reprochado al Partido Popular de la región su constante “rechazo” a cualquier medida concreta que desde el Ejecutivo autonómico se ha presentado para aliviar la carga fiscal de las familias y las empresas. Entre esas medidas, aprobadas el pasado mes de marzo, se ha referido a la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) del 5 al 3% para menores de 36 años que adquieran su primera vivienda habitual; a la rebaja del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) a la mitad, para este mismo colectivo.
Asimismo, ha recordado que también votaron en contra de las nuevas deducciones del IRPF vinculadas al ahorro para la compra de vivienda; del incremento de la deducción por alquiler de vivienda habitual y de medidas sociales como la deducción para personas con discapacidad usuarias de perros de asistencia; la exención de la tasa para personas titulares de una licencia de autotaxi; o la supresión de las tasas del Programa Acredita.
Aparte de a estas medidas, Ruiz Molina también ha hecho mención a todas aquellas que en los once años de Gobierno de Emiliano García-Page se han planteado en las Cortes regionales y también se han rechazado. Entre las que ha citado, la eliminación de 70 tasas, entre las que se encuentra “las tasas de la vergüenza”; la reducción de tipos impositivos del ITP y AJD. También, que solo el 98% de los ciudadanos que reciben una herencia no tengan que pagar, que en donaciones solo paguen el 97%.
El ser una de las comunidades autónomas con menos impuestos propios, con solo tres; como ejemplo lo ha comparado con los ocho que tienen Galicia o Andalucía, los siete de Aragón o los cinco de Murcia; el ser la cuarta región en la que menos IRPF se paga; y de las cinco con más deducciones fiscales en el tramo autonómico de este impuesto, un total de 27.
El consejero también ha puesto en valor la política fiscal frente a la despoblación, impulsada por Castilla-La Mancha desde 2021, asegurando que las medidas específicas para el medio rural han contribuido a incrementar en mas de 4.700 personas la población de las zonas despobladas de la región.
Frente a esto, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha criticado las nuevas propuestas fiscales anunciadas recientemente por el presidente regional del Partido Popular y ha advertido que supondría, además de beneficiar a las rentas más altas, una “merma” de unos 600 millones de euros para las arcas autonómicas. Esto es, como ha explicado, que “menos impuestos, supondría un deterioro de los servicios públicos”.
Y ha recordado las subidas de impuestos y recortes aplicados durante el Gobierno de Cospedal en la región, como fue el aumento de los AJD, en función del hecho imponible, duplicar el impuesto de hidrocarburos, el “impuesto sanitario”; y aprobar hasta 300 nuevas tasas, entre ellas las tasas de la vergüenza aplicadas a las personas dependientes. Y en el caso del Gobierno de Rajoy, se convirtió en el Ejecutivo de España que más ha subido impuestos en toda la historia.
