La Audiencia Provincial de Albacete acoge este lunes, 4 de mayo, el juicio contra 14 personas acusadas de integrar una presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas, una vista para la que se ha previsto un importante despliegue policial debido al número de encausados y a la gravedad de los hechos.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los procesados se enfrentan a penas de entre 4 años y medio y 7 años y medio de prisión, además de sanciones económicas que podrían alcanzar los 80.000 euros. La causa se centra en una supuesta red que operaba principalmente en el barrio de Las 600 de Albacete, donde, presuntamente, se distribuían sustancias estupefacientes.
Los hechos se remontan a septiembre de 2024, cuando agentes del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional iniciaron una investigación tras detectar movimientos sospechosos relacionados con el tráfico de drogas. En concreto, los investigadores centraron su atención en la llegada de vehículos procedentes de la autovía A-31, que podrían estar siendo utilizados para transportar cocaína hasta la capital albaceteña.
Fruto de las vigilancias policiales, se logró interceptar uno de estos vehículos, en cuyo interior se incautaron 499,01 gramos de cocaína, además de dinero en efectivo. A partir de ese momento, la investigación se amplió, permitiendo a los agentes identificar a los presuntos integrantes del grupo y su supuesto modo de actuación.
Posteriormente, se llevaron a cabo varios registros domiciliarios en distintas localidades, entre ellas Albacete capital, Pozohondo, así como en otras provincias como Alicante (en municipios como Alcoy y Aspe) y Badajoz (Fregenal de la Sierra). En estos registros, los agentes intervinieron más sustancias estupefacientes, útiles para su manipulación y distribución, así como importantes cantidades de dinero en metálico.
La Fiscalía sostiene que los acusados actuaban de manera coordinada, con reparto de funciones dentro del grupo, lo que sustentaría la acusación por pertenencia a organización criminal además del delito contra la salud pública.
El juicio, que arranca este lunes, se desarrollará bajo medidas de seguridad reforzadas en la zona del Altozano, con presencia policial en el entorno judicial para garantizar el normal desarrollo de la vista ante la previsión de asistencia de numerosos implicados y posibles acompañantes.
