El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha logrado desactivar uno de los principales ejes del discurso de VOX en la ciudad tras anunciar un modelo de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que no limitará la circulación de los vecinos empadronados, independientemente del vehículo que utilicen.
La medida, presentada este martes, introduce un enfoque propio que combina el cumplimiento de la normativa europea con una aplicación flexible adaptada a la realidad local. De este modo, el Ayuntamiento evita imponer prohibiciones directas a los albaceteños, una cuestión que había centrado las críticas de la formación de Santiago Abascal.
Según lo avanzado por el Consistorio, los residentes en la ciudad podrán acceder y circular por el centro sin restricciones, gracias a un sistema vinculado al padrón municipal que actuará como salvoconducto. En la práctica, esto implica que la ZBE no afectará a la movilidad cotidiana de los ciudadanos, ni condicionará su acceso a la zona centro.
Las limitaciones se concentrarán en vehículos no empadronados y sin distintivo ambiental, que deberán cumplir determinadas condiciones para acceder al área restringida. Con ello, el equipo de Gobierno busca cumplir con la legislación derivada de la Unión Europea sin trasladar el peso de la medida a los vecinos.
La implantación de estas zonas es obligatoria para municipios de más de 50.000 habitantes en virtud de la Ley de Cambio Climático, desarrollada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin embargo, su aplicación ha generado controversia en numerosas ciudades por las restricciones al tráfico privado.
En este contexto, la decisión de Serrano introduce un matiz diferencial: cumplir con la norma sin aplicar prohibiciones generalizadas. Una fórmula que, además de reducir el impacto social de la medida, neutraliza el discurso de VOX, que había hecho bandera de la oposición a las ZBE por considerarlas un ataque a la libertad de circulación.
Desde el Ayuntamiento se defiende que el diseño responde tanto a los buenos niveles de calidad del aire de la ciudad como a la necesidad de preservar la actividad económica del centro urbano. La entrada en vigor está prevista para octubre de 2026, una vez culminen los trámites administrativos.
Con este movimiento, el alcalde no solo cumple con las exigencias legales, sino que introduce un modelo propio que evita la confrontación política y minimiza el rechazo ciudadano en torno a una de las medidas más polémicas de la agenda urbana actual.
