El sindicato educativo ANPE ha solicitado la adopción de ayudas económicas para el profesorado itinerante de Albacete y del resto de localidades de Castilla- La Mancha ante el “escandaloso” incremento del precio de los carburantes registrado en las últimas semanas. La organización advierte de que esta situación está repercutiendo directamente en los docentes que utilizan sus vehículos particulares para atender distintos centros educativos, principalmente en zonas rurales.
Según ANPE, el alza del combustible, sumada al aumento de otros costes asociados al uso del vehículo —como mantenimiento, seguros o neumáticos—, ha incrementado de forma significativa el gasto que estos profesionales deben asumir para desarrollar su labor.
La normativa estatal vigente, recogida en la Orden HFP/793/2023, de 12 de julio, establece desde el 17 de julio de 2023 una compensación de 0,26 euros por kilómetro por el uso de vehículo propio. No obstante, el sindicato subraya que esta actualización evidencia el desfase existente entre la regulación estatal y las cuantías aplicadas durante años en el ámbito de Castilla-La Mancha.
En este contexto, ANPE alerta de un creciente malestar entre el profesorado itinerante, que considera insuficiente la compensación actual. “La indemnización por kilometraje no cubre los gastos reales de desplazamiento, lo que obliga a los docentes a asumir de su propio bolsillo parte de los costes derivados de su actividad”, señalan desde la organización.
El sindicato recuerda además que estos profesionales son los únicos funcionarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que ponen su vehículo particular al servicio de la Administración educativa, con el objetivo de garantizar la prestación del servicio público en entornos rurales y de difícil acceso. Esta labor, añaden, implica no solo un esfuerzo económico, sino también un riesgo añadido debido a los desplazamientos diarios, en ocasiones bajo condiciones meteorológicas adversas.
Por todo ello, ANPE exige una revisión urgente del precio del kilometraje para adaptarlo a los costes reales actuales, así como la implementación de medidas que compensen las fluctuaciones del precio de los combustibles y eviten el perjuicio económico acumulado durante los últimos años.
