Europa Laica y Redes Cristianas han solicitado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la identificación completa de todas las inmatriculaciones de la iglesia desde 1946. Una iniciativa para conocer la situación de determinados inmuebles con un firme compromiso con el patrimonio y la transparencia. Una petición que también incluye a Albacete y su provincia.
Fernando Cuartero, uno de los impulsores de esta iniciativa comparte con El Digital de Albacete que han presentado una solicitud para conocer el estado de la lista completa de bienes inmatriculados por la Iglesia en Castilla-La Mancha desde 1946 hasta 2015. “La inmatriculación consiste en la inscripción en el Registro de la Propiedad por primera vez”, explica, y añade que se trata de “ese primer apunte, que podemos hacer todos, y para ello hace falta un título de propiedad que otorga un secretario público”.
En este contexto, señala que la ley de 1946 “otorgaba el poder de secretarios públicos a los obispos”. Una ley que se amplió en 1998, según señala, y que “permitió matricular a la iglesia bienes como La Giralda o la Catedral de Toledo, entre muchos bienes históricos históricos y culturales; hasta que en 2016 se acabó esa potestad”.
Un colegio de Hellín (Albacete), entre los afectados
En el caso de Castilla-La Mancha señala que “nos encontramos con inmatriculaciones como la Catedral de Toledo, la de Ciudad Real, el Castillo de Garci Muñoz, muy importante en la historia de Albacete, y el Seminario menor de Hellín”, del que destacan su particularidad, ya que en la actualidad acoge “el Colegio de Educación Especial Cruz de Mayo”, del que han solicitado esta información.
¿Cómo afecta a los ciudadanos esta situación? Pues bien, Cuartero explica que “un patrimonio que era de todos, ha dejado de serlo”. En la misma línea manifiesta que “la Catedral de Albacete, por ejemplo, no está inmatriculada. Es de todos los ciudadanos, sin embargo, la de Toledo ha pasado a ser de la Iglesia católica como un bien privado”.
Una situación que afecta no solo “al patrimonio histórico-artístico, sino también al contenido de las mismas”, explica, y manifiesta que “hemos perdido los ciudadanos de España un gran patrimonio histórico y artístico que ha pasado a manos privadas”. Así, señala que “en países como Francia, Italia o Portugal las catedrales son públicas, aunque las usen, eso no lo discutimos”.
Así, piden ambas entidades conocer tanto “el destino como la titularidad de bienes que forman parte del patrimonio común y que, durante décadas, han podido ser inscritos sin control público suficiente”.
