El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) no ha facilitado a El Digital de Albacete los datos solicitados por este medio de comunicación sobre la aplicación de la eutanasia en la provincia de Albacete, pese a las reiteradas peticiones trasladadas al Gabinete de Prensa del organismo sanitario en la capital albaceteña. Han transcurrido ya tres semanas desde la primera solicitud por parte de El Digital de Albacete sin que, hasta la fecha, se haya ofrecido respuesta con la información requerida, una circunstancia que, sin duda, dificulta la labor informativa.
La situación resulta todavía más llamativa al comprobar que esa misma información sí ha sido aportada a medios de comunicación en otras provincias de Castilla-La Mancha, lo que acentúa la sensación de desigualdad en el trato dispensado a los profesionales de la información según el territorio desde el que se formule la petición. Así las cosas, es lógico considerar que el gabinete de prensa del SESCAM en Albacete, cuya función debe ser la de servir de enlace entre la Consejería de Sanidad y los periodistas, no está facilitando en Albacete el trabajo que sí se realiza en otros puntos de la región.
La petición de estos datos se enmarca en un asunto especialmente sensible, que exige tratamiento riguroso, precisión terminológica y, sobre todo, un profundo respeto hacia las personas y familias afectadas. En España, la eutanasia está regulada por la Ley Orgánica 3/2021, que reconoce el derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir bajo requisitos tasados, entre ellos ser mayor de edad, actuar de manera libre, consciente e informada, y padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que provoque un sufrimiento intolerable. La norma prevé además un procedimiento garantista, con distintas fases de evaluación médica y control por parte de las comisiones de garantía y evaluación.
Hablar de eutanasia implica hacerlo también de sufrimiento, de enfermedad, de dependencia, de dolor y de decisiones profundamente personales que se toman en contextos de enorme dureza vital. Detrás de cada solicitud no hay una cifra sin más, sino una historia humana atravesada por circunstancias extremas y por procesos sanitarios, familiares, emocionales y administrativos de gran complejidad. Por eso, más allá del debate público que este asunto pueda suscitar, conviene recordar que se trata de una realidad que exige máxima delicadeza, humanidad y respeto hacia quienes recurren a este derecho reconocido por la legislación española.
En este contexto, el caso de Noelia Castillo ha vuelto a situar la eutanasia en el centro de la actualidad nacional. La joven, de 25 años, falleció este jueves, 26 de marzo de 2026, tras recibir la eutanasia al término de un larguísimo proceso administrativo y judicial que se prolongó durante 601 días desde que solicitó formalmente acogerse a la prestación de ayuda para morir. Su petición había sido validada conforme a la ley, pero quedó envuelta en una prolongada batalla judicial que retrasó durante más de un año y medio el desenlace de una decisión que ella había manifestado de forma reiterada y firme.
Según se ha constatado tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Noelia Castillo padecía una situación clínica irreversible, con un sufrimiento físico y psíquico severo, y que su caso fue examinado dentro del procedimiento legal previsto. Su historia ha generado una enorme atención mediática y social, precisamente por la duración del proceso y por la exposición pública de una decisión íntima y dolorosa. Desde el más absoluto respeto a su memoria, a su voluntad y a su entorno, su caso vuelve a evidenciar que detrás de cada expediente hay una persona concreta, con nombre y apellidos, cuya dignidad merece ser preservada también en el tratamiento informativo.
Por todo ello, disponer de datos oficiales y homogéneos sobre eutanasia no solo resulta relevante desde el punto de vista estadístico o administrativo, sino también para informar con seriedad sobre una prestación sanitaria legal y extraordinariamente sensible. La falta de respuesta del SESCAM en Albacete contrasta con la obligación de transparencia exigible a cualquier administración pública y con la necesidad de que los medios puedan ejercer su función con las mismas herramientas y posibilidades en toda la región.
Mientras esos datos siguen sin llegar a este medio en Albacete, persiste una pregunta de fondo: por qué la información sí fluye en otras provincias de Castilla-La Mancha y, sin embargo, no se facilita aquí con la misma normalidad. Una cuestión que interpela directamente al funcionamiento del gabinete de prensa del SESCAM en Albacete y a su papel como cauce de comunicación entre la administración sanitaria y la sociedad a través de los medios, ya que este no es un caso aislado de dificultad al acceso a la información sanitaria en Albacete.
