Durante meses, una decisión administrativa aparentemente técnica pasó desapercibida, pero escondía un presunto conflicto que acabaría teniendo importantes consecuencias económicas y legales. Lo que comenzó como una discrepancia en un cálculo terminó destapando un choque frontal entre el sindicato educativo ANPE y el Gobierno de Castilla-La Mancha, con un desenlace que ahora marca un precedente clave para cientos de docentes interinos en la región.
ANPE logra una doble victoria judicial contra Educación en Castilla-La Mancha
El sindicato ANPE ha conseguido una doble victoria judicial frente a la Consejería de Educación del Gobierno de Castilla-La Mancha por la incorrecta baremación de los méritos de una maestra interina afiliada en Toledo. Según denuncia la organización, este error provocó una reducción injustificada tanto en su puntuación dentro de la bolsa de trabajo como en las cantidades económicas que debía percibir.
Un error en la baremación que afectó a años de servicio
Desde el inicio del proceso, ANPE advirtió a la Dirección General de Recursos Humanos de que se estaba cometiendo un fallo en el cálculo de la experiencia docente. La primera sentencia favorable ya reconocía el derecho de la maestra a que se le valorasen correctamente los años trabajados, algo que resultaba clave para su posición en bolsa y sus retribuciones.
La Consejería aplicó el baremo más desfavorable
Pese a ese primer fallo judicial, la Consejería de Educación optó por aplicar el criterio más restrictivo. En concreto, computó el límite de antigüedad según las reglas del proceso selectivo, en lugar de aplicar el máximo previsto en la normativa que regula las bolsas de docentes interinos, que era el que correspondía a la afectada. Esta interpretación, según el sindicato, supuso una limitación “artificial” de los años de servicio reconocidos.
Intento de reducir indemnización y atrasos
La decisión administrativa tuvo consecuencias directas: en la práctica, se redujeron tanto la indemnización como los atrasos que debía percibir la docente. Según ANPE, resulta especialmente relevante que el propio director general de Recursos Humanos había reconocido previamente, mediante resolución, el derecho a la puntuación correcta que finalmente han confirmado los tribunales.
Segunda sentencia: el juzgado vuelve a dar la razón a ANPE
Ante la falta de cumplimiento íntegro del primer fallo, ANPE se vio obligado a solicitar la ejecución de sentencia. El juzgado ha vuelto a respaldar al sindicato, obligando a la Consejería a reconocer la puntuación real de la maestra.
El resultado es contundente: la Administración ha sido condenada a abonar más de 55.000 euros en concepto de atrasos, además de los intereses de demora y las costas procesales.
Críticas de ANPE y advertencia al colectivo docente
Desde ANPE lamentan que haya sido necesario acudir en dos ocasiones a los tribunales para lograr el reconocimiento de un derecho que consideran evidente. El sindicato subraya que tanto la organización como la propia docente alertaron desde el principio del error y propusieron su corrección sin obtener respuesta.
Asimismo, ANPE reafirma su compromiso con la defensa del profesorado y anima a los docentes a revisar su baremación y acudir al sindicato ante cualquier irregularidad.
