El Defensor del Pueblo ha detectado la posible existencia de una red de explotación laboral que afecta a más de 200 personas, en su mayoría jóvenes procedentes de Nepal e India, alojadas en condiciones insalubres en varios lugares de la provincia de Albacete.
Así lo recoge el Informe Anual de la institución, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este martes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. El documento también será entregado el próximo 9 de abril al presidente del Senado, Pedro Rollán, en el Palacio del Senado.
El informe indica que la situación fue detectada tras una intervención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, junto a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, que llevó a conocer que «más de 200 personas, en su mayoría hombres jóvenes procedentes de Nepal e India, permanecían en condiciones insalubres y hacinados en varios alojamientos inadecuados de la provincia de Albacete».
Una visita no anunciada
El Defensor del Pueblo realizó una visita no anunciada el 12 de noviembre de 2025 para «comprobar las condiciones en las que se encontraban estas personas y entrevistarse con ellas, así como con las autoridades locales y el personal que estaba brindando ayuda humanitaria de emergencia». Durante la visita, se constató que «ninguno de los espacios en los que se hallaban los afectados cumplía unas mínimas condiciones de habitabilidad, seguridad y salubridad».
El informe subraya que las personas entrevistadas, «todas ellas en situación documental irregular», se mostraron «desorientadas e inseguras». La mayoría relató que «habían llegado en avión a distintos puntos de Europa (como Grecia y Rumanía) y desde allí a España», mientras que otros «se trasladaron por sus propios medios desde Barcelona, en tren y autobús», o recurrieron a agencias locales para viajar desde su país de origen, «con tal propósito habían contraído deudas de hasta 12.000 euros».
Algunos solo recibían comida
Estas personas trabajaban principalmente en el sector agrícola y eran trasladadas diariamente a distintos lugares en la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Castilla-La Mancha. El informe destaca que existían «indicios de explotación laboral» y que la situación era de «total dependencia del supuesto empleador tanto para el alojamiento, la alimentación, como para el transporte».
Ninguno de los afectados había recibido el salario prometido de 6 euros por hora. En realidad, «únicamente habían cobrado entre 25 y 50 euros al mes» o, en algunos casos, «solo recibían comida y techo a cambio de su trabajo».
Las actuaciones continúan abiertas
El Defensor del Pueblo señala que se han recibido respuestas de la Fiscalía General del Estado, la Subdelegación del Gobierno en Albacete y la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social sobre las actuaciones realizadas.
También se reconoce la «imposibilidad de brindar la acogida necesaria a las potenciales víctimas por la carencia de medios idóneos». Hasta febrero de 2026, se habían concedido 182 autorizaciones de residencia a víctimas identificadas, y se han recibido 233 informes de la Guardia Civil sobre personas que colaboraron con la investigación. La institución ha solicitado más información, por lo que «continúan abiertas las actuaciones».
Finalmente, el informe advierte que, a la vista de estas condiciones, «el Defensor del Pueblo considera necesario abordar con carácter general en estas páginas la situación en la que se encuentran aquellas personas extranjeras en situación irregular, que son localizadas como presuntas víctimas de delitos de explotación laboral o de trata de seres humanos».
