Lo que comenzó como una intervención rutinaria en un entorno laboral acabó derivando en un suceso de consecuencias irreversibles que ahora llega a los tribunales. Años después de aquel episodio, marcado por decisiones técnicas, protocolos cuestionados y una cadena de hechos críticos, la Justicia analiza en Albacete las responsabilidades en un caso que pone el foco en la seguridad en el trabajo y que tiene como trasfondo la muerte de un operario durante la reparación de una rampa de carga.
La Sección Penal del Tribunal de Instancia número correspondiente tiene previsto juzgar este martes, 24 de marzo, a un empresario acusado de un delito de homicidio por imprudencia y otro contra la seguridad de los trabajadores, en relación con la muerte de un empleado durante la reparación de una rampa de carga. La Fiscalía solicita para el procesado una pena total de dos años y medio de prisión.
Según el escrito de acusación, los hechos se remontan al 28 de enero de 2019. Ese día, dos trabajadores de la empresa se disponían a reparar el sistema hidráulico de una rampa plegable de carga y descarga instalada en una góndola semirremolque, que presentaba una fuga de aceite.
Ante la aparente inactividad del mecanismo hidráulico, uno de los operarios accionó la palanca de contacto para verificar su funcionamiento. En ese momento, las rampas permanecían sujetas mediante tensores de carraca laterales, si bien el sistema no emitió el sonido habitual que indica su correcto funcionamiento.
A continuación, el trabajador solicitó a su compañero que retirara los tensores para continuar con las comprobaciones. Sin embargo, uno de ellos —el situado en el lado derecho— no pudo ser liberado al encontrarse atascado. En ese contexto, cuando uno de los empleados se aproximó a la zona de despliegue para recoger herramientas, el único tensor que mantenía las rampas en posición plegada cedió de forma súbita, liberando la estructura con la energía acumulada y atrapando al operario.
Como consecuencia del accidente, la víctima sufrió lesiones de extrema gravedad, entre ellas neumotórax con derrame, fracturas de pelvis y cadera, laceración hepática y múltiples desgarros internos, que finalmente le ocasionaron la muerte.
El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, en su condición de titular y administrador único de la empresa, no había establecido un procedimiento de trabajo seguro para este tipo de reparaciones, que requieren delimitar zonas de seguridad durante el despliegue de las rampas. Asimismo, le atribuye haber encomendado dichas tareas al trabajador fallecido sin que este hubiera recibido la formación preventiva adecuada.
Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita que el acusado indemnice a los familiares de la víctima con una cantidad superior a 180.000 euros.
