En medio de una escalada de tensión política poco habitual en la esfera municipal, un pequeño pueblo de la sierra albaceteña vuelve a situarse en el foco informativo. Lo que comenzó como un debate técnico sobre retribuciones públicas ha ido derivando, con el paso de los días, en un enfrentamiento cada vez más agrio, con acusaciones personales, reproches cruzados y una creciente fractura institucional. Ahora, un nuevo movimiento político amenaza con intensificar aún más un conflicto que ya ha superado los límites de lo estrictamente económico.
El municipio de Bogarra vive desde hace días una intensa confrontación entre el Partido Popular y el PSOE a raíz de la subida salarial para la alcaldesa y un concejal aprobada por el equipo de Gobierno socialista en el pleno celebrado el pasado 11 de marzo.
La polémica estalló cuando el PP denunció públicamente que la alcaldesa había aprobado un incremento de su retribución superior al 20%, situándola en torno a los 34.300 euros brutos anuales por una dedicación del 75%. Según los populares, esta cifra roza el límite legal establecido para municipios de menos de 1.000 habitantes. A ello sumaron la subida de 6.000 euros anuales al concejal de Urbanismo, que alcanzaría los 27.000 euros, una medida que, aseguraron, se habría articulado a través de la empresa municipal Fuerzas Eléctricas de Bogarra S.A. para “bordear la legalidad”.
El PP enmarcó estas decisiones en un contexto de dificultad económica para los vecinos, con aumentos en el coste de la luz, el combustible y otros bienes básicos. Según sus cálculos, el impacto total de estas subidas superaría los 60.000 euros para las arcas municipales. Como respuesta, anunciaron la presentación de iniciativas para revertir estos incrementos y destinar los fondos a ayudas sociales, como incentivos a la natalidad, material escolar o apoyo al pago de suministros.
La reacción del PSOE fue inmediata y contundente. En un comunicado, los socialistas calificaron las críticas del PP como “demagogia, cinismo y falta de coherencia política”, acusando a la oposición de generar “ruido” para ocultar su falta de trabajo en el municipio. Además, defendieron que las retribuciones se ajustan a la legalidad y se han aprobado con total transparencia.
El PSOE elevó el tono al señalar directamente al portavoz popular, Juan Carlos González, al que acusó de incurrir en “doble moral”, recordando que percibe cerca de 47.857 euros anuales como asesor en el Ayuntamiento de Albacete. También cuestionaron la implicación de los concejales del PP en la vida municipal, aludiendo a su baja asistencia a los plenos.
En este contexto de creciente crispación política, el enfrentamiento ha sumado ahora un nuevo capítulo. El portavoz del Grupo Popular, Juan Carlos González, ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno municipal en la que exige la retirada inmediata de las subidas salariales aprobadas.
Según recoge la iniciativa, los populares reclaman dejar sin efecto los acuerdos adoptados el 11 de marzo, tanto el incremento del salario de la alcaldesa —fijado en 25.791,36 euros netos anuales, equivalentes a unos 34.300 euros brutos en 14 pagas— como el aumento de las retribuciones vinculadas a la mercantil municipal, elevadas hasta los 27.000 euros anuales.
El PP considera que estas medidas son “injustificadas y alejadas de la realidad de los vecinos”, especialmente en un contexto de subida generalizada del coste de vida. “Los ayuntamientos deben ser la administración más cercana y la primera en dar ejemplo”, ha defendido González.
La moción plantea, además, redirigir estos fondos a políticas sociales concretas: aumentar las ayudas a la natalidad y al material escolar, así como destinar las retribuciones del concejal de Urbanismo a apoyar a los vecinos frente al coste de la electricidad.
El portavoz popular también ha aprovechado para criticar la situación del municipio, denunciando el “abandono” de infraestructuras y servicios públicos. Entre los problemas señalados, menciona el cierre del cine municipal, goteras en el pabellón deportivo y deficiencias en aulas ubicadas en la Plaza Mayor.
“Es incomprensible que se aprueben subidas de sueldo mientras los servicios presentan este nivel de deterioro”, ha concluido.
Con esta nueva iniciativa, el conflicto político en Bogarra entra en una fase decisiva, a la espera del próximo pleno municipal, donde ambas formaciones volverán a medir fuerzas en un clima cada vez más tensionado.
