Durante meses, el ruido de unas detonaciones, la inquietud vecinal y la sospecha de que algo estaba interfiriendo en el cielo de varios puntos de la provincia de Albacete han ido alimentando un malestar silencioso. Ahora, ese debate da un nuevo paso con una reunión institucional en la que se han puesto sobre la mesa denuncias, sentencias y la exigencia de herramientas legales más contundentes frente al uso de los llamados cañones antigranizo.
Al respecto, en los últimos días, el subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa, ha mantenido una nueva reunión con la Asociación del Sureste contra la Manipulación del Clima para abordar las últimas novedades relacionadas con el uso de los conocidos como cañones antigranizo, unos dispositivos cuya utilización sigue generando controversia social, vecinal y jurídica en distintos puntos del sureste español. En el encuentro también participaron el teniente coronel de la Guardia Civil, Marcos Gómez, y el capitán José A. Rozalén, jefe de la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA), según el texto facilitado.
La asociación trasladó a la Subdelegación su preocupación por el empleo de estos sistemas, que, según sostiene, pretenden alterar las posibilidades de que caiga granizo, pedrisco o lluvia mediante el lanzamiento de ondas de choque sónicas hacia las nubes. Sobre esa base, la entidad defiende que su uso tendría incidencia sobre el ciclo hidrológico, por lo que entiende que debería estar sometido a autorización de la correspondiente Confederación Hidrográfica, siempre según la información aportada en el texto remitido.
Reunión en Albacete, sentencias en Murcia
En esa misma reunión, el colectivo puso en conocimiento del subdelegado las últimas sentencias dictadas en diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, resoluciones en las que, de acuerdo con el contenido facilitado, se rechazan recursos interpuestos por empresas sancionadas por el uso de estos dispositivos y se reiteran tanto la sanción como la prohibición de utilizarlos.
El presidente de la asociación, Urbano Pérez, acompañado de otros representantes de la entidad, reclamó además un desarrollo normativo que permita actuar con mayor claridad y eficacia ante estos casos. Entre las vías planteadas figuran una regulación desde la Consejería de Industria por el uso de bombonas de acetileno integradas en estos aparatos, actuaciones desde las Confederaciones Hidrográficas o la implicación de los propios ayuntamientos para dotar a la Guardia Civil de instrumentos con los que no solo pueda sancionar, sino también incautar o aprehender este tipo de elementos, según el texto aportado.
Junto a la posible incidencia climática denunciada por la asociación, el colectivo también volvió a poner el foco en dos aspectos que considera especialmente sensibles: la contaminación acústica que generan estos aparatos y el riesgo asociado al uso de bombonas de acetileno.
El debate sobre los cañones antigranizo no es nuevo en la provincia de Albacete. En mayo de 2025, en El Digital de Albacete ya publicábamos una información centrada en Caudete en la que vecinos del municipio alertaban de la presencia de uno de estos dispositivos junto a viviendas habitadas y denunciaban estallidos de alta intensidad, repetidos e impredecibles, que, según relataban, afectaban al descanso y a su calidad de vida. En esa misma publicación, les contábamos como fuentes de la Guardia Civil de Albacete confirmaban que el SEPRONA de Almansa había realizado una inspección en el término municipal de Caudete y que se habían formulado varias denuncias por distintas legislaciones medioambientales.
Preocupación en Albacete
Ese mismo artículo también recogía la preocupación política y social generada en la localidad de Caudete (Albacete). El concejal socialista Julen Sánchez aseguraba que los estruendos se escuchaban desde diferentes puntos del municipio y expresaba dudas sobre las autorizaciones de unos dispositivos que, según indicó, llevarían en torno a 16 botellas de gas acetileno. Asimismo, reclamaba aclaraciones sobre su encaje urbanístico, el impacto acústico y la revisión de su legalidad por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
En esa información, les indicábamos también desde El Digital de Albacete como la Asociación del Sureste contra la Manipulación del Clima ya situaba el caso de Caudete dentro de una preocupación más amplia en la provincia, al señalar que tenía constancia de otras zonas afectadas como Tobarra, Pozo Cañada o Pozohondo. También sostenía que los efectos de estos sistemas eran desconocidos y que habían recibido quejas por ausencia de nubes y por un ruido “insoportable” en áreas próximas a las fincas donde presuntamente se empleaban.
Frente a esas denuncias, la empresa fabricadora de estos cañones defendía en El Digital de Albacete la legalidad del sistema, explicando que funciona con gas acetileno y que su objetivo no sería desplazar nubes, sino actuar sobre el granizo. Sin embargo, la nueva reunión mantenida en Albacete evidencia que la controversia no solo sigue abierta, sino que ha escalado al plano institucional y jurídico, con la asociación reclamando un marco normativo más claro y con mayor capacidad de intervención por parte de las autoridades.
Con este nuevo encuentro, el foco vuelve a situarse sobre unos dispositivos que llevan tiempo sembrando dudas entre vecinos, agricultores y administraciones, y que ahora reabren el debate sobre hasta dónde puede llegar la actuación pública ante un fenómeno que mezcla clima, seguridad, ruido y legalidad.
