En muchas ciudades españolas, realizar un trámite administrativo que afecta directamente al bolsillo o al futuro laboral se ha convertido en una carrera de obstáculos. Pantallas que no muestran huecos disponibles, teléfonos que remiten a páginas web y ciudadanos que, en algunos casos, necesitan ayuda para completar gestiones básicas. Mientras tanto, el tiempo corre y los plazos oficiales siguen avanzando. Una situación que no solo se repite en grandes capitales, sino que también golpea a provincias como Albacete, donde la espera para conseguir una cita en la Seguridad Social o en el SEPE se ha convertido en el centro de una nueva denuncia pública.
La Organización de Consumidores y Usuarios ha denunciado este lunes el “colapso” del sistema de cita previa en oficinas de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo Estatal, una situación que, según su último análisis, afecta de lleno a ciudades como Albacete.
El estudio realizado por la organización pone cifras a una problemática que muchos ciudadanos ya perciben: las citas disponibles para determinados trámites pueden demorarse entre 28 y 32 días en oficinas de Albacete, Bilbao u Oviedo. Estos retrasos afectan a gestiones clave como la solicitud de la pensión de jubilación o la tramitación de prestaciones por desempleo.
La OCU asegura haber llevado a cabo un análisis práctico para comprobar la disponibilidad real de citas en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Para ello, realizó seis intentos durante dos semanas en oficinas de 26 provincias españolas, centrándose en un trámite especialmente sensible: la solicitud de la pensión de jubilación.
Los resultados, según la organización, son preocupantes. En más de la mitad de los intentos no se consiguió cita en la misma ciudad, y en capitales como Granada, Tarragona, Valencia o Zaragoza no se logró reservar ninguna en ninguno de los seis intentos realizados.
En el caso de Albacete, la situación no es más favorable. Cuando se amplió el análisis al SEPE para solicitar la prestación por desempleo —un trámite que debe completarse en un máximo de quince días hábiles para no perder derechos económicos— las citas disponibles en la ciudad se situaban entre cuatro y cinco semanas después.
La organización advierte de que estos retrasos pueden tener consecuencias directas para los ciudadanos. “Estos plazos conducen directamente a la pérdida de parte del subsidio o fuerzan a completar el trámite online, incluso cuando el solicitante no dispone de medios o habilidades digitales suficientes”, señala la OCU.
La entidad considera que la obligatoriedad de la cita previa, implantada como medida excepcional durante la pandemia, se ha convertido en una barrera estructural para miles de personas, especialmente para mayores, colectivos vulnerables o ciudadanos con escasas competencias digitales.
Ante este escenario, la OCU reclama el fin de la cita previa obligatoria para la atención presencial, al menos en trámites urgentes. Mientras tanto, propone establecer sistemas de atención prioritaria para personas vulnerables y garantizar plazos máximos para resolver los procedimientos administrativos.
Entre sus propuestas también figura la creación de mesas de apoyo sin cita previa en las oficinas públicas para ayudar a los ciudadanos a obtener certificados digitales y realizar gestiones electrónicas. Además, plantea un plan nacional con campañas informativas y puntos de asistencia en barrios para mejorar el acceso a la administración digital.
Por último, la organización reclama un compromiso vinculante para que los trámites urgentes se resuelvan en un máximo de cinco días y el resto en diez, acompañado de estadísticas públicas mensuales por oficina y posibles sanciones internas si se producen demoras injustificadas.
Mientras tanto, en ciudades como Albacete, la espera para una cita administrativa sigue creciendo, en una situación que, según los consumidores, pone en riesgo el acceso igualitario a servicios públicos esenciales.
