El Partido Popular de Bogarra ha cargado contra la subida salarial aprobada por la alcaldesa socialista del municipio en el Pleno celebrado el pasado 11 de marzo, una medida que, según denuncia la formación, supone un incremento superior al 20% y sitúa su retribución en 34.300 euros anuales por una dedicación del 75%.
Según ha señalado el PP, la cuantía aprobada deja el sueldo de la regidora “rozando el límite permitido por la ley” para municipios de menos de 1.000 habitantes, cuyo tope salarial, de acuerdo con la normativa vigente, se sitúa en 34.848 euros para este tipo de dedicación.
La formación popular también ha criticado que en esa misma sesión plenaria se aprobara un aumento retributivo para el concejal de Urbanismo, que ejerce además como secretario del consejo de la mercantil eléctrica de titularidad municipal. En este caso, la subida asciende a 6.000 euros anuales, elevando su salario hasta los 27.000 euros al año.
Desde el PP de Bogarra sostienen que esta última retribución se apoya en la existencia de dicha mercantil pública para “bordear la legalidad”, al considerar que la Ley de Bases de Régimen Local fija que la liberación de miembros de la corporación puede alcanzar hasta el 75%, con el límite salarial establecido para este tipo de municipios.
Los populares han censurado además que estas subidas se hayan aprobado, a su juicio, en un contexto especialmente delicado para los vecinos, marcado por el aumento del precio del combustible, de la electricidad y de otros servicios esenciales. En este sentido, sostienen que ambas retribuciones supondrán un coste conjunto superior a los 60.000 euros para las arcas municipales.
Ante esta situación, el PP de Bogarra ha anunciado la presentación de una moción para reclamar la anulación del incremento retributivo de la alcaldesa y destinar esa cantidad al refuerzo de las ayudas municipales al fomento de la natalidad y a la adquisición de material escolar.
En relación con el sueldo del concejal, la propuesta de la formación popular pasa por su eliminación total, con el objetivo de que esa partida económica pueda dedicarse a ayudas dirigidas a los vecinos para afrontar el pago de sus facturas de electricidad.
