Una nueva sentencia judicial ha vuelto a dar la razón a un guardia civil frente a la Administración tras negarle el reconocimiento económico por desempeñar funciones superiores durante más de un año. El fallo del Tribunal Central de Instancia de lo Contencioso-Administrativo obliga a la Administración a abonar las diferencias retributivas correspondientes a un agente destinado en el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Albacete que ejerció como jefe accidental del equipo. La sentencia está fechada del pasado 23 de enero.
Así las cosas, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) desvela una nueva sentencia judicial que, según indican, «vuelve a evidenciar la gestión arbitraria que desde hace tiempo viene imponiendo la Jefatura de la Comandancia de Albacete en materia de reconocimiento de funciones y retribuciones».
De este modo y según ha informado la propia AUGC, el agente asumió el mando del equipo desde el 12 de febrero de 2024 hasta el 11 de julio de 2025, desempeñando de forma efectiva las funciones de jefe del SEPRONA durante ese periodo. Sin embargo, la Administración rechazó reconocerle el complemento específico correspondiente al puesto, lo que obligó al guardia civil a recurrir a los tribunales para reclamar sus derechos.
El tribunal ha estimado el recurso y ha establecido que, cuando un funcionario acredita que ha ejercido de forma continuada las funciones de un puesto superior, tiene derecho a percibir las retribuciones complementarias asociadas a ese puesto. La resolución judicial se apoya además en una doctrina consolidada por el Tribunal Supremo basada en el principio de “a igual trabajo, igual retribución”.
La sentencia subraya también que este tipo de situaciones se producen como consecuencia de prácticas imputables a la propia Administración, que es la responsable de garantizar la correcta provisión de los puestos de trabajo dentro de la organización.
Un coste en Albacete que termina pagando la ciudadanía
Desde AUGC sostienen que este caso no es un hecho aislado y denuncian lo que consideran una “línea de actuación preocupante” en la Jefatura de la Comandancia de Albacete en relación con el reconocimiento de funciones y retribuciones.
La asociación recuerda que, en muchos casos, los guardias civiles se ven obligados a iniciar largos procesos judiciales para que se reconozcan derechos que ya cuentan con respaldo jurisprudencial.
A su juicio, el problema no solo afecta a los profesionales perjudicados, sino también al conjunto de la ciudadanía, ya que las consecuencias económicas de estas decisiones administrativas recaen finalmente sobre las arcas públicas.
En este caso concreto, además del reconocimiento del derecho del agente a percibir las diferencias retributivas, el tribunal ha condenado a la Administración al pago de intereses y costas procesales, lo que incrementa el coste final derivado de la decisión administrativa.
AUGC reclama responsabilidades tras lo sucedido en Albacete
Ante esta situación, AUGC exige que se ponga fin a prácticas administrativas que, según la asociación, generan inseguridad jurídica, deterioran el clima profesional dentro de la Guardia Civil y provocan un gasto innecesario de recursos públicos.
La organización reclama a la Dirección General de la Guardia Civil que adopte medidas para garantizar que las jefaturas territoriales actúen conforme a la legalidad, respeten los derechos profesionales de los agentes y eviten decisiones que posteriormente terminan siendo corregidas por los tribunales.
