Lo advirtió hace meses en Albacete, unas horas después de acabar la última Feria, lejos del ruido parlamentario y ante un auditorio poco habitual para los grandes anuncios políticos como el Colegio Ana Soto de la capital manchega. El ministro Bustinduy habló entonces de presiones, de intereses poderosos y de una batalla que apenas comenzaba. Ayer, aquella advertencia tomó forma concreta y confirmó que no era un mensaje al aire, sino el primer paso de una ofensiva que promete abrir un intenso debate social y económico.
Y es que, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció ayer miércoles, 25 de febrero, que el Gobierno impulsará una normativa para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años, al considerar que existe “evidencia científica” de que estos productos se han convertido en una “amenaza” para la salud de los jóvenes. El mensaje, lanzado en declaraciones a la prensa en Barcelona, conecta con una advertencia previa formulada meses atrás en Albacete, donde el titular de Consumo ya anticipó un endurecimiento del enfoque del Ejecutivo frente a los productos que combinan alimentación insana y menores como público objetivo.
El anuncio de este miércoles incluye, además, un segundo umbral: el Ministerio plantea extender la prohibición hasta los 18 años en el caso de las bebidas que superen los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. “El Ministerio de Consumo lo que anuncia hoy es la firme voluntad de sacar esta regulación adelante. Lo haremos con el instrumento jurídico más eficaz, y que pueda ver la luz en el menor plazo posible”, ha señalado Bustinduy, quien ha defendido que existe un amplio consenso social sobre la medida.
El aviso llegó en Albacete: publicidad, hábitos y “bombardeo” en edades tempranas
El hilo que desemboca ahora en la regulación de las bebidas energéticas se empezó a trazar el pasado 19 de septiembre, durante la visita del ministro al Colegio Ana Soto de Albacete. Allí, Bustinduy situó la protección de la infancia en el centro de la estrategia de Consumo contra prácticas que, a su juicio, condicionan la salud desde etapas tempranas, especialmente a través de la publicidad de alimentos de baja calidad nutricional dirigida a menores.
En Albacete, el ministro alertó del “impacto” de la exposición publicitaria en edades en las que “apenas se puede distinguir lo que es un contenido publicitario de lo que no lo es”, aludiendo a un “bombardeo” que influye en la formación de hábitos nutricionales. Bustinduy argumentó que existen ejemplos de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) que muestran cómo la restricción de publicidad de alimentos insanos orientada a público infantil “reduce la demanda y genera efectos positivos en la salud”.
El ministro admitió entonces que se enfrentaban a un terreno con “una industria poderosa” y “grandes intereses en juego”, y anticipó “grandes resistencias” a las iniciativas de su departamento. Pese a ello, defendió que el Gobierno mantendría su obligación de “defender el interés general” y el “derecho de los niños y niñas a una alimentación saludable que les va a repercutir a lo largo de toda su vida”. La medida —dijo— sería “un paso más” para mejorar la salud alimentaria de los menores.
De la publicidad a la venta: el paso regulatorio sobre bebidas energéticas
Cinco meses después, el foco se desplaza de la publicidad al acceso directo al producto. En Barcelona, Bustinduy ha enmarcado la futura prohibición de venta de bebidas energéticas a menores de 16 años en una lógica de protección de la salud frente a intereses económicos. “Buscará garantizar que se proteja y se anteponga la protección de la salud de los niños, niñas y adolescentes sobre los intereses económicos de una industria muy poderosa, pero que no debe primar sobre la protección del bienestar y la salud de los niños”, ha afirmado.
La regulación, según ha explicado, se sumará a una medida ya vigente: la prohibición de venta de bebidas energéticas en los centros escolares en toda España. Y, de acuerdo con el Ministerio, se alinea con decisiones adoptadas en países como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría y Lituania, además de iniciativas impulsadas por comunidades autónomas como Galicia y Asturias.
Apoyo social y hábitos de consumo: los datos del barómetro de AESAN
El anuncio llega acompañado de datos del último barómetro de la AESAN, publicado la semana pasada, que refleja un respaldo mayoritario a la prohibición: 9 de cada 10 personas en España estarían de acuerdo con impedir la venta de bebidas energéticas a menores. La opinión también es mayoritaria entre los encuestados de 18 a 35 años (88,3%).
La encuesta recoge además que el 25% de los encuestados consume bebidas energéticas —de media, dos veces por semana—, y que entre quienes las toman, casi la mitad (49%) lo hace al menos una vez al día. Otro dato relevante es la mezcla con alcohol: el 47% afirma combinarlas regularmente.
Qué viene ahora
Bustinduy ha insistido en que la intención del Gobierno es sacar adelante la regulación “con el instrumento jurídico más eficaz” y que pueda entrar en vigor “en el menor plazo posible”. El anuncio abre, desde este momento, el recorrido normativo y el previsible debate con sectores afectados.
Con el precedente de Albacete como aviso —la batalla contra lo que el Ministerio considera un entorno que empuja a hábitos no saludables en menores—, el Ejecutivo da ahora un paso concreto: cerrar el acceso a las bebidas energéticas por edad. En palabras del ministro, no se trata solo de consumo, sino de protección: porque, sostiene, “son una amenaza”.
