Un vecino de Villarrobledo (Albacete) ha logrado la cancelación de 37.000 euros de deuda tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo legal que permite a particulares en situación de insolvencia quedar liberados de sus obligaciones pendientes si cumplen determinados requisitos.
El afectado llegó a una situación de sobreendeudamiento progresivo como consecuencia de la necesidad de financiación para cubrir gastos familiares. Posteriormente, solicitó un crédito para la adquisición de un vehículo. Sin embargo, su pensión constituía el único ingreso fijo de la unidad familiar y, además, destinaba parte de sus recursos a ayudar económicamente a su madre.
La acumulación de préstamos y el incremento de los intereses derivaron en una espiral financiera difícil de sostener. Ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos, recurrió a nuevos créditos con la intención de unificar las deudas y saldar intereses pendientes. No obstante, la carga financiera continuó creciendo hasta situarlo en una clara situación de insolvencia.
Finalmente, el juzgado competente le concedió la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), figura contemplada en la normativa concursal que permite cancelar las deudas que no pueden ser atendidas con el patrimonio o los ingresos del deudor.
El proceso fue tramitado por el despacho especializado Repara tu Deuda, firma que ha intervenido en numerosos procedimientos de este tipo en España. Los expertos recuerdan que la Ley de Segunda Oportunidad fue incorporada al ordenamiento jurídico español en 2015, tras una recomendación de la Comisión Europea, con el objetivo de ofrecer una vía de salida a personas físicas que atraviesan situaciones de insolvencia y no pueden hacer frente a sus compromisos económicos.
Esta legislación permite a los deudores comenzar de nuevo siempre que acrediten buena fe y cumplan una serie de condiciones, entre ellas no haber sido condenados por delitos de carácter socioeconómico en los diez años anteriores, encontrarse en estado actual o inminente de insolvencia y no ocultar bienes ni ingresos.
Desde su entrada en vigor, miles de particulares han recurrido a este mecanismo para reestructurar o cancelar sus deudas y recuperar la estabilidad económica.
