El artículo 14 de la Constitución proclama que “los españoles son iguales ante la ley”. Pero esa igualdad no solo se mide en sentencias: también se pone a prueba en los primeros minutos de un procedimiento, cuando se decide si una denuncia activa una detención o una citación judicial. Y ahí es donde el caso del ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, ha abierto un debate que va más allá del nombre propio. ¿Ha habido trato de favor?
Qué ha sucedido
Un juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid ha admitido a trámite una querella contra González y lo ha citado a declarar en calidad de investigado/querellado el próximo 17 de marzo, el mismo día en que también está citada la denunciante. Tras conocerse esa citación, González presentó su dimisión como máximo mando operativo de la Policía Nacional.
Las informaciones publicadas describen que la querella incluye, entre otros extremos, una presunta agresión sexual denunciada por una agente y otros posibles delitos asociados.
Además, Interior ha señalado que investiga si otro comisario pudo haber presuntamente coaccionado a la víctima para que no denunciara.
La pregunta que alimenta la polémica: ¿por qué no fue detenido?
Es el procedimiento habitual, activado casi de manera automática por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro del sistema VIOGÉN, con el objetivo de garantizar la máxima protección a la presunta víctima, hubiera implicado la detención del denunciado. Esto hubiera ocurrido para el 99% de los hombres, pero en el caso del DAO, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados -una violación, presuntas coacciones y un posible daño psíquico a una subordinada-, el DAO no ha sido detenido, ni esposado, ni ha pisado el calabozo, algo fuera de lo común.
Sin embargo, en este caso, el procedimiento que se ha conocido públicamente ha sido distinto: citación judicial para declarar en fecha posterior, sin constancia pública de una detención previa.
Mal ejemplo se ha dado por quienes deben hacer cumplir la Ley. La Justicia dictaminará si es inocente o culpable, pero la opinión pública ya percibe que no se ha tratado a este alto cargo policial como al resto de ciudadanos.
Javier Romero
Director de El Digital de Albacete
