El PSOE de Albacete responde al anuncio del alcalde sobre los pisos turísticos

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Albacete, María José López, ha denunciado la estrategia anunciada días atrás por el alcalde, Manuel Serrano, y el concejal de Urbanismo, Julián Garijo, en relación con la regulación de los pisos turísticos en la ciudad. La edil socialista ha calificado la actuación del equipo de Gobierno del Partido Popular de “maniobra de distracción”, “ejercicio de opacidad” y “trampa”.

El pronunciamiento socialista se produce después de que el alcalde y el responsable de Urbanismo comunicaran públicamente su intención de suspender temporalmente la concesión de licencias para apartamentos turísticos situados en entreplantas y primeras plantas de edificios antiguos que carezcan de acceso independiente. Según explicó el equipo de Gobierno, esta medida se adoptaría hasta aprobar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que regule de forma específica estos supuestos, con el objetivo declarado de evitar problemas de convivencia vecinal.

Sin embargo, durante el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) celebrado este jueves, María José López advirtió de que esa suspensión actúa como “cortina de humo” para desviar la atención de otro acuerdo incluido en el orden del día y que, a su juicio, reviste mayor gravedad. En concreto, se trata de la aprobación de un criterio interpretativo que permitiría conceder licencias a apartamentos turísticos ubicados en locales de planta baja sin exigir la autorización expresa de la comunidad de propietarios.

Según explicó la edil socialista, el alcalde y el concejal de Urbanismo sostienen que, al contar estos locales con acceso independiente desde la calle, no sería necesario recabar el visto bueno de los vecinos del edificio. López rechaza esta interpretación y recuerda que la Ley de Propiedad Horizontal se aplica al conjunto del inmueble, con independencia del acceso individual a cada vivienda o local.

La concejal del PSOE subraya que esta interpretación municipal entra en contradicción con la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2025, en vigor desde abril de 2025, que establece que la implantación de nuevas viviendas de uso turístico requiere la aprobación expresa de las tres quintas partes de los propietarios. Esta modificación legal fue aprobada en las Cortes Generales con el objetivo de reforzar la capacidad de decisión de las comunidades de vecinos ante el auge de los pisos turísticos y se desarrolló en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de cuyo máximo órgano de gobierno forma parte Manuel Serrano.

Asimismo, María José López advierte de una posible invasión de competencias. A su juicio, eximir a los locales de planta baja de la obligación de contar con autorización vecinal podría suponer una injerencia en materias de derecho civil y propiedad, cuya regulación corresponde en exclusiva al Estado. Además, considera que el Ayuntamiento estaría excediéndose en el ámbito urbanístico, competencia atribuida a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

“La materia de urbanismo es competencia autonómica y el equipo de Gobierno, al dictar este criterio, ignora la normativa estatal y la voluntad vecinal, excediéndose en sus atribuciones municipales”, señaló López, quien recordó que el acuerdo salió adelante en la GMU únicamente con los votos del Partido Popular y que, a su entender, tampoco encuentra respaldo en la normativa turística regional.

La edil socialista también cuestionó la coherencia del equipo de Gobierno, que justifica la suspensión de licencias en plantas superiores por posibles molestias o problemas de convivencia, mientras —según denuncia— facilita la apertura de apartamentos en plantas bajas sin consultar a las comunidades de propietarios. En el Consejo Rector, López propuso la paralización del criterio aprobado y la solicitud de un dictamen al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha para esclarecer su adecuación a derecho.

Por último, advirtió de que la medida podría generar un agravio comparativo respecto a hoteles y hostales de la ciudad, cuyos titulares están sujetos, recordó, a requisitos normativos más estrictos.

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