El Ministerio de Igualdad abre la puerta a reforzar la protección de las mujeres que acuden a clínicas autorizadas para la interrupción voluntaria del embarazo mediante la creación de un “perímetro de seguridad” que impida la instalación de entidades y asociaciones antiabortistas en las inmediaciones de estos centros. Así lo anunció este miércoles en el Congreso la ministra Ana Redondo, al defender que se trata de una forma de “evitar el hostigamiento y la coacción” y de garantizar el ejercicio efectivo de este derecho.
La medida —todavía en estudio, según explicó la ministra al referirse al trabajo del Instituto de las Mujeres— conectaría de lleno con lo que viene sucediendo mucho tiempo en Albacete y en otros puntos de España, donde desde hace años la actividad de grupos contrarios al aborto ha generado controversia y denuncias públicas en torno a la clínica ubicada en la calle Muelle, un centro que figura como acreditado para la realización de interrupciones voluntarias del embarazo.
La calle Muelle de Albacete, un foco recurrente de tensión
En la capital albaceteña, el debate sobre el “espacio seguro” alrededor de este tipo de centros no es nuevo. Ya en 2016, informaciones publicadas en El Digital de Albacete recogían la polémica por la presencia de personas vinculadas a asociaciones antiabortistas en las inmediaciones de la clínica de la calle Muelle, con acusaciones cruzadas sobre si se trataba de “informar” o de coaccionar a las mujeres que accedían al centro, y con referencias a rezos en las proximidades.
Años después, en 2019, El Digital de Albacete se hizo eco de que las “presiones” denunciadas por clínicas acreditadas —entre ellas, la de calle Muelle— llegaron incluso al Defensor del Pueblo, a través de una queja elevada por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que reclamaba actuaciones para frenar situaciones de acoso y escraches.
El precedente reciente: “40 días por la vida” frente a la clínica Iris
El episodio más cercano en el tiempo se remonta a 2023, cuando El Digital de Albacete informó del anuncio de la campaña “40 días por la vida”, planteada como turnos de oración y ayuno durante la Cuaresma frente a la clínica ginecológica Iris de Albacete.
Aquella convocatoria provocó una reacción política y social inmediata. Unidas Podemos Albacete pidió a la Subdelegación del Gobierno que actuara de oficio para impedir lo que consideraba una campaña de acoso en torno a una clínica acreditada. Y días más tarde, el Colectivo Ágora Feminista trasladó a la Fiscalía un escrito denunciando el “acoso” que, según su relato, estarían sufriendo tanto el centro como las mujeres que acudían a él por parte de personas vinculadas a un grupo “ultracatólico y antielección” que se situaba “por los alrededores”.
En ese mismo contexto, el propio colectivo “40 Días por la Vida” defendió públicamente —también en declaraciones recogidas por El Digital de Albacete— que sus voluntarios rezaban “de forma silenciosa y pacífica” y sin acercarse ni acosar a nadie, asegurando además que contaban con compromisos internos de conducta.
El debate de fondo: del Código Penal al “perímetro” que ahora estudia Igualdad
El anuncio de Redondo llega, además, cuando en el Congreso se acumulan iniciativas para endurecer el marco de protección alrededor de las clínicas. Según el contexto expuesto estos días en sede parlamentaria, se plantea que las concentraciones o actos se restrinjan en un radio determinado —se ha hablado de 200 metros en iniciativas registradas—, en una línea que entronca con el debate sobre hasta dónde alcanza el derecho de manifestación cuando colisiona con la privacidad y la libertad de decisión de las mujeres.
Para Albacete, la discusión adquiere un perfil propio: la experiencia de la clínica de la calle Muelle ha ido dejando un rastro de episodios, denuncias y respuestas institucionales relatadas en los últimos años, desde la controversia por la presencia de grupos antiabortistas hasta la escalada de pronunciamientos en 2023 tras la convocatoria de vigilias.
Con el “perímetro de seguridad” sobre la mesa, lo que ocurra en Madrid podría traducirse en cambios concretos en calles como la del Muelle: un entorno que, por antecedentes, se ha convertido en uno de los escenarios donde se mide —en clave local— el pulso entre la protección del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la actuación de colectivos que buscan visibilizar su rechazo a esta práctica.
