El Juzgado de lo Penal número 3 de Albacete celebrará el próximo día 4 el juicio contra M.A.P.P., acusada de un delito continuado de falsedad en documento mercantil por la presunta emisión fraudulenta de pólizas de seguros de vehículos a nombre de terceras personas sin su conocimiento ni consentimiento.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, M.A.P.P., de nacionalidad española y sin antecedentes penales, trabajó como mediadora de seguros para la compañía Catalana Occidente entre los años 2017 y 2019. Durante ese periodo, siempre de acuerdo con la acusación, habría realizado un uso indebido de la base de datos de la aseguradora, a la que tenía acceso por su condición de agente.
El Ministerio Fiscal sostiene que la acusada confeccionó numerosas pólizas de seguro de automóviles utilizando los datos personales de personas que no habían contratado dichos seguros ni tenían conocimiento de su existencia. En las pólizas figuraban como tomadores, conductores habituales o propietarios de los vehículos, a pesar de no guardar relación alguna con los mismos.
La acusación detalla que estas prácticas se habrían realizado con el fin de obtener bonificaciones en la emisión de pólizas —aprovechando la edad, antigüedad del carné o historial de siniestros de terceros— y, presuntamente, beneficiarse también del cobro de incentivos o “bonus” vinculados a objetivos comerciales. En algunos casos, las pólizas presentaban la misma fecha de efecto y de anulación.
La Fiscalía recoge una relación extensa de contratos supuestamente irregulares, emitidos entre 2017 y 2019, y subraya que varias de las personas cuyos datos fueron utilizados llegaron a tener conocimiento de los hechos tras recibir comunicaciones de la aseguradora relacionadas con siniestros o accidentes en los que no habían intervenido.
Los hechos están calificados como delito continuado de falsedad en documento mercantil, previsto en los artículos 392 y 390 del Código Penal. Para M.A.P.P., el Ministerio Fiscal solicita una pena de tres años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, una multa de 12 meses con cuota diaria de 12 euros, así como seis meses de arresto sustitutorio en caso de impago y el abono de las costas procesales.
