La Audiencia Provincial de Albacete juzgará esta semana una causa en la que la Fiscalía acusa a tres personas, identificadas por sus iniciales R.M.R.P., C.M.R.B. y F.A.A., de haber urdido un plan para apropiarse del dinero de varios clientes que confiaron sus ahorros a supuestas inversiones bursátiles. Los hechos se remontan a los años 2012 y 2013 y se habrían llevado a cabo a través de las mercantiles Euroconsultorías Patrimonial S.L. y Húcaro Gestión Financiera y Desarrollo Patrimonial S.L.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Digital de Albacete, F.A.A. era administrador único de Euroconsultorías Patrimonial S.L., una empresa que se presentaba como especializada en asesoramiento bursátil. A partir de 2013, esta mercantil comenzó a ofrecer a sus clientes la posibilidad de realizar inversiones a través de otra sociedad, Húcaro Gestión Financiera y Desarrollo Patrimonial S.L., administrada formalmente por R.M.R.P., aunque la Fiscalía sostiene que la gestión real se ejercía de manera conjunta con su marido, C.M.R.B.
El Ministerio Público afirma que los acusados actuaron “de común acuerdo y con ánimo de ilícito lucro” y diseñaron un plan para incorporar el capital entregado por los perjudicados a su propio patrimonio, “procurando la mayor impunidad posible”. Para ello, según la acusación, utilizaron contratos, documentos mercantiles y justificantes que daban una apariencia de legalidad a unas inversiones que nunca llegaron a materializarse.
Además, en el caso de Euroconsultorías Patrimonial S.L., la Fiscalía sostiene que F.A.A. utilizó una cuenta bancaria abierta a nombre de la empresa para recibir los ingresos de los clientes, y que en los contratos se hacía constar de forma intencionada como representante de la sociedad a otra persona, incluyendo incluso un número de DNI manipulado, con el fin de ocultar su verdadera identidad como administrador único de la mercantil.
Las cantidades supuestamente defraudadas aparecen detalladas de forma concreta en el escrito de acusación. En el caso del primer perjudicado se relatan dos ingresos de 3.000 euros cada uno.
En total, 6.000 euros que, según la Fiscalía, no fueron recuperados, ya que tras realizar los pagos el afectado no pudo volver a contactar con las empresas a través de los números facilitados en los contratos.
Mucho mayor es la cuantía que figura en el caso de otra perjudicada. La acusación recoge que en febrero de 2013 fue aconsejada por Euroconsultorías Patrimonial S.L. para invertir 20.000 euros, ampliando esa inversión con otros 10.000 euros el 28 de febrero de ese mismo año. Posteriormente, el 19 de marzo de 2013, la propia empresa le recomendó realizar nuevas inversiones a través de Húcaro Gestión Financiera y Desarrollo Patrimonial S.L., efectuando dos ingresos más de 3.000 euros: uno el 19 de marzo y otro el 17 de abril de 2013.
En este segundo caso, la cantidad total asciende a 36.000 euros. La Fiscalía indica que tampoco se recuperó ninguna de estas sumas, ya que ambas empresas terminaron desapareciendo.
De este modo, las cantidades que el Ministerio Público considera presuntamente defraudadas alcanzan al menos los 42.000 euros entre ambos perjudicados, sin perjuicio de lo que finalmente se determine en el juicio.
Por estos hechos, la Fiscalía califica la conducta como un delito continuado de estafa en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil. En cuanto a las responsabilidades penales, solicita para cada uno de los acusados una pena de seis años de prisión. Además, interesa la imposición de una multa de doce meses con una cuota diaria de 12 euros, lo que supone alrededor de 4.380 euros por acusado, así como la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
A todo ello se suma la petición de responsabilidad civil, de manera que los acusados indemnicen a los perjudicados por las cantidades que se acrediten como defraudadas en el juicio. Las dos mercantiles implicadas, Húcaro Gestión Financiera y Desarrollo Patrimonial S.L. y Euroconsultorías Patrimonial S.L., figuran además como responsables civiles subsidiarias.
