La Policía Local de Albacete informaba de la instrucción de diligencias penales por parte de sus agentes contra un hombre de 35 años. La intervención policial se produjo a las 13:06 horas de este miércoles 21 de enero, en una vivienda situada en un conocido barrio de la capital albaceteña.
Fuentes policiales confirmaban a El Digital de Albacete que se han instruido diligencias penales contra esta persona por un presunto quebrantamiento de condena, al no encontrarse el ahora investigado en su domicilio cuando se presentaron los agentes para comprobar que, como sentenció un juez, estaba cumpliendo una pena de localización permanente.
Según informaban estas mismas fuentes oficiales, se trata de una actuación policial que tuvo lugar en un conocido barrio de la capital albaceteña. De este modo, indicaban que está relacionada con el control del cumplimiento de este tipo de pena, que obliga al condenando a permanecer en un domicilio fijo o lugar fijado por la resolución judicial durante un determinado periodo de tiempo.
¿Qué es la pena de localización permanente?
La localización permanente es una pena privativa de libertad de carácter leve prevista en el Código Penal español. Obliga al penado a permanecer en su domicilio o en otro lugar determinado fijado por el juez durante un periodo que, con carácter general, se sitúa entre uno y tres meses cuando se impone como pena leve.
Se utiliza, principalmente, en el ámbito de determinados delitos leves o como forma de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, y se presenta como alternativa al ingreso en prisión de corta duración.
Para garantizar su cumplimiento, son habituales las comprobaciones presenciales por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como en los casos ahora investigados en Albacete.
Consecuencias penales del incumplimiento
El incumplimiento de una pena de localización permanente puede tener importantes consecuencias penales. El Código Penal, en su artículo 468, castiga el quebrantamiento de condena —es decir, no respetar una pena o medida impuesta por resolución judicial— con:
- Pena de prisión de seis meses a un año, cuando el condenado se encuentra efectivamente privado de libertad (por ejemplo, en prisión o sometido a determinadas medidas muy restrictivas).
- Pena de multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos, entre los que se encuadra, según el criterio fijado por la Fiscalía General del Estado y consolidado por la jurisprudencia, el quebrantamiento de la pena de localización permanente cumplida en el domicilio.
En la práctica, esto significa que una persona que incumple una condena de localización permanente puede enfrentarse a un nuevo procedimiento penal por quebrantamiento de condena, independiente del delito que originó la pena inicial. Si resulta condenada, se le impondrá habitualmente una pena de multa —por ejemplo, de doce a veinticuatro meses de cuota— y dicha condena generará antecedentes penales, con las consecuencias que ello conlleva en futuros procedimientos (por ejemplo, para acceder a beneficios como la suspensión de nuevas penas).
Además, el incumplimiento puede motivar que el juez ordene la reanudación o ejecución estricta de la pena de localización permanente quebrantada, junto con la tramitación de la nueva causa por quebrantamiento, conforme a los criterios establecidos por la Fiscalía.
Distintas fuentes jurídicas recuerdan que, en estos casos, no es necesario un apercibimiento previo adicional, más allá de la notificación formal de las condiciones de cumplimiento de la pena: basta con que el penado conozca el horario y el lugar donde debe permanecer y, pese a ello, no lo haga.
La importancia de cumplir las medidas impuestas
Los expertos subrayan que la localización permanente se concibe como una medida menos gravosa que el ingreso en prisión, destinada a compatibilizar la sanción penal con el mantenimiento de ciertos vínculos familiares, laborales o sociales. Sin embargo, su incumplimiento reiterado o injustificado puede tener un impacto mucho más perjudicial para el historial penal del condenado que el propio delito leve que originó la pena.
En los tres casos investigados en Albacete, corresponderá ahora a la autoridad judicial valorar las circunstancias concretas —motivo de la ausencia, posibles justificantes, antecedentes, situación personal— y decidir si los hechos constituyen delito de quebrantamiento de condena y, en su caso, qué respuesta penal procede.
