La asociación El Defensor del Paciente, presidida por Carmen Flores, ha remitido un escrito al Fiscal Jefe de Albacete, Faustino García García, para solicitar una investigación de oficio por la situación descrita en el servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Albacete. En su comunicación, la entidad advierte de un “peligro para las personas y los profesionales” por una atención “tensa y apresurada” en un ámbito “tan delicado como la salud”, y atribuye la situación a una “dejación de funciones” de la Administración por falta de personal y medios.
La petición se produce en un contexto de denuncias públicas sobre la presión asistencial. Este miércoles, CSIF afirmó que los profesionales de Urgencias afrontan una “situación límite” por falta de medios y una media de más de 427 pacientes atendidos al día, mientras que el gerente del SESCAM, Alberto Jara, negó que exista “colapso” y lo enmarcó en “un aumento de la demanda”.
En días previos, el sindicato de enfermería SATSE alertó de “sobrecarga y colapso asistencial” y de pacientes críticos “sin camas específicas”, además de demoras de hasta 45 minutos en el triaje y problemas de falta de espacios y privacidad, según su denuncia.
Argumentos legales citados en el escrito
En el documento dirigido a la Fiscalía, El Defensor del Paciente sostiene que la situación podría suponer riesgos con consecuencias penales y administrativas. Entre otras referencias, menciona:
- La Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, aludiendo a la obligación de garantizar la atención y adoptar medidas para evitar daños.
- Posibles responsabilidades penales por imprudencia (aludiendo a los artículos 142 y 152 del Código Penal, según el escrito).
- El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre el deber de denunciar delitos públicos cuando se tiene noticia por razón del cargo, profesión u oficio.
- Y, “para dicha petición”, invoca también el artículo 376 del Código Penal, tal como recoge la propia carta.
Además de reclamar diligencias, la asociación señala que la falta de refuerzos y planificación dejaría a los profesionales “en riesgo de denuncia” al afrontar un colapso “que no pueden afrontar por falta de personal y medios”.
