La Guardia Civil ha detenido a 63 personas —en su mayoría de nacionalidad francesa, italiana y británica— por su presunta relación con la macrofiesta ilegal conocida como “Big Fucking Party” y por su participación en disturbios contra agentes ocurridos durante el dispositivo policial. El evento se desarrolló entre el 31 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026 en las inmediaciones del embalse del Cenajo, en el término municipal de Férez (Albacete), en un terreno inundable y declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Según ha informado la Comandancia de Albacete, 20 de los arrestados fueron detenidos por su implicación en los incidentes registrados en la madrugada del 31 de diciembre, en las proximidades de la pedanía tobarreña de Cordovilla, cuando una multitudinaria caravana de vehículos intentaba establecer la fiesta. Otros 38 han sido detenidos por su participación directa en la organización del macroevento. Además, cinco personas fueron arrestadas por delitos contra la salud pública —en la modalidad de tráfico de drogas— o por tener requisitorias judiciales de búsqueda y detención en vigor.
Durante la operación, los agentes intervinieron 16 vehículos pesados —entre camiones y furgones— en los que se transportaba material destinado a montar la infraestructura del evento, quedando todos ellos a disposición de la autoridad judicial.
Unas 3.500 personas y 2.000 vehículos
La macrofiesta, no comunicada ni autorizada, congregó alrededor de 3.500 asistentes y unos 2.000 vehículos, principalmente camiones, furgonetas, autocaravanas y furgones camperizados. A la cita acudieron personas procedentes de distintos puntos de España y de varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Dinamarca y Reino Unido.
La Guardia Civil subraya que la ilegalidad de este tipo de concentraciones no se limita a la ausencia de permisos: también implica riesgos para la seguridad ciudadana, la salud pública, la seguridad vial y el medio ambiente. Entre los factores señalados figuran la falta de servicios esenciales exigibles en eventos de ocio —asistencia sanitaria, limpieza, aseos o vigilancia privada—, así como la inexistencia de un plan de emergencias y evacuación.
Controles y denuncias administrativas
En el marco del dispositivo, se realizaron miles de pruebas de alcohol y drogas a conductores que abandonaban la zona. El balance incluye 287 positivos, lo que, según el Cuerpo, permitió evitar un grave riesgo para la seguridad vial al impedir que esas personas se incorporaran a la red de carreteras bajo los efectos de sustancias.
Además, se han tramitado 731 actas-denuncia por infracciones administrativas relacionadas, entre otras materias, con tenencia de drogas, posesión de armas prohibidas, protección de animales de compañía, protección del medio ambiente y seguridad vial.
Dispositivo con 300 efectivos y apoyo de varias unidades
Para minimizar riesgos y reducir la afluencia, la Guardia Civil desplegó un dispositivo perimetral con unos 300 efectivos, con controles en carreteras y caminos rurales y restricción de accesos al entorno natural ocupado. El operativo contó con apoyo de unidades USECIC de varias comandancias, GRS, unidades cinológicas, GEAS, caballería, información, medios aéreos (drones y helicóptero), así como apoyo logístico con una Oficina Móvil de Atención Ciudadana.
Las diligencias, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 2 de Hellín (Albacete).
