Dos asociaciones profesionales de la Guardia Civil —AUGC y AEGC— denuncian “caos operativo”, falta de previsión y ausencia de detenciones tras los incidentes ocurridos durante una macro-fiesta ilegal en el entorno del embalse del Cenajo. También reclaman responsabilidades y más medios, además del reconocimiento de los agentes como autoridad y profesión de riesgo.
La intervención policial desplegada para frenar una macro-rave ilegal en Hellín (Albacete) ha terminado con más de una decena de guardias civiles heridos y vehículos oficiales dañados, según dos comunicados difundidos por asociaciones del cuerpo. Tanto la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) como la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) describen lo ocurrido como el resultado de un operativo insuficiente que derivó en momentos de tensión, agresiones y situaciones de riesgo para los agentes.
De acuerdo con AUGC, durante la semana previa se habría tenido conocimiento de la convocatoria y de la intención de celebrar la fiesta ilegal en el entorno del embalse del Cenajo, pero el dispositivo finalmente establecido —con presencia de unidades de tráfico, USECIC y patrullas de seguridad ciudadana, entre otros— no habría sido capaz de contener el volumen de asistentes ni de garantizar la seguridad del personal desplegado. En el relato de la asociación, el ambiente fue “tensándose” a medida que aumentaba la afluencia, y la situación se volvió crítica cuando parte de los efectivos fueron reubicados, dejando a otros en inferioridad numérica.
AEGC, por su parte, pone el foco en el coste material y humano de la intervención, y carga contra la planificación: “¿Quién paga ahora la fiesta?”, se pregunta en su nota, en la que denuncia un “desastre” de dispositivo y lamenta que, pese al balance de heridos y daños, no se produjeran detenciones, algo que —según ambas organizaciones— alimenta una percepción de impunidad.
Qué ocurrió
Las dos asociaciones coinciden en un núcleo de hechos: una fiesta ilegal de grandes dimensiones en Hellín, un despliegue que se vio desbordado, agresiones a agentes y medios policiales inutilizados.
AUGC sitúa los incidentes más graves en torno a la 1:00 de la madrugada, cuando algunas patrullas habrían quedado “acorraladas” y los agentes se vieron obligados a retirarse “de forma desesperada” para evitar males mayores. En ese contexto, la asociación asegura que se produjeron lesiones de distinta consideración y daños en vehículos oficiales.
AEGC remarca el “abandono” que, a su juicio, sufren los guardias civiles y vincula el episodio a una problemática más amplia: la falta de recursos y de respaldo institucional, especialmente —sostiene— cuando los agentes afrontan intervenciones complejas ante grandes concentraciones de personas.
Durante la semana previa se tuvo conocimiento de la convocatoria de una rave a nivel europeo para celebrar el fin de año, sin que se conociera el punto exacto de celebración, aunque sí la zona aproximada. Como medida preventiva y disuasoria se desplegó un dispositivo compuesto por una MIR del GRS de Valencia (18 efectivos), la USECIC de Albacete y patrullas de Seguridad Ciudadana.
El dispositivo se estableció, entre otros puntos, en la CM-412, donde comenzó a llegar una cantidad creciente de vehículos vinculados a la rave. En un primer momento se logró contener la situación, pero conforme aumentó el número de asistentes, el ambiente se fue tensando peligrosamente.
La situación se tornó crítica al comprobarse que los efectivos del GRS no disponían de material antidisturbios, ya que el operativo estaba planteado únicamente como disuasorio. A ello se sumó que uno de los pelotones iniciaba permisos de Navidad a las 00:00 horas, abandonando el servicio y dejando a los agentes restantes en clara inferioridad numérica.
Tras varias horas retenidos, los asistentes decidieron romper el control por la fuerza, iniciando ataques con piedras, palos y causando graves daños a vehículos oficiales. El resultado fue un escenario de caos, con agentes heridos y medios policiales inutilizados.
Las agresiones más graves se produjeron en torno a la 1:00 de la madrugada, cuando varias patrullas fueron emboscadas, viéndose obligadas a replegarse para evitar una tragedia mayor. Dos patrullas llegaron a quedar acorraladas, teniendo que huir de forma desesperada.
El balance final es de más de una decena de agentes heridos de diversa consideración, vehículos destrozados y ninguna detención, lo que refuerza la sensación de impunidad.
El trasfondo: raves ilegales, seguridad y capacidad de respuesta
Las macro-raves ilegales llevan años generando un pulso recurrente entre organizadores que se desplazan y cambian ubicaciones, y fuerzas de seguridad que tratan de anticiparse con información limitada, entornos rurales o de difícil acceso y concentraciones que pueden crecer rápidamente. En estos escenarios, cualquier desajuste entre previsión, número real de asistentes y recursos disponibles puede elevar el riesgo de incidentes: desde daños materiales hasta enfrentamientos si la multitud percibe bloqueo o intervención.
En este caso, AUGC subraya que lo sucedido en Hellín no sería un episodio aislado, sino parte de un patrón de eventos que “desbordan” a las fuerzas de seguridad si no se actúa con planificación, coordinación y refuerzos suficientes.
Reclamaciones: responsabilidades, medios y cambios normativos
Ambas organizaciones convierten lo ocurrido en Hellín en una nueva llamada de atención. AUGC exige responsabilidades y una revisión inmediata de cómo se planifican y ejecutan este tipo de dispositivos, reclamando más medios y “protección real” para los agentes.
AEGC eleva el tono político y dirige su crítica al ámbito gubernamental, insistiendo en dos reivindicaciones históricas del sector:
- Reconocimiento de los guardias civiles como “autoridad” (para endurecer, según su argumento, la respuesta penal frente a agresiones).
- Reconocimiento como “profesión de riesgo”, con el objetivo de reforzar cobertura, prevención y protección.
Lo que queda por aclarar
Los comunicados de AUGC y AEGC reclaman explicaciones sobre la planificación y el desarrollo del operativo. Entre las cuestiones que plantean de forma implícita están: por qué el dispositivo no evitó la celebración de la rave en el punto previsto, qué falló en la contención cuando aumentó la afluencia, y por qué —según denuncian— el balance se cerró sin detenciones pese a las agresiones y daños reportados.
Mientras tanto, lo ocurrido en Hellín reabre un debate recurrente: cómo reforzar la anticipación, el dimensionamiento y la seguridad en intervenciones ante eventos ilegales masivos, especialmente en entornos donde la logística es más compleja y la escalada de tensión puede ser rápida.
