Lo que para Manuel debía ser una simple tarde de trabajo en Valencia se convirtió en el inicio de una pesadilla que, nueve meses después, aún no ha terminado. Un teléfono que suena, un vecino al otro lado de la línea y una frase que le heló la sangre: «Han entrado okupas a tu casa». A partir de ese momento comenzó una carrera contrarreloj, un viaje de cientos de kilómetros y una sucesión de acontecimientos que han dejado a este propietario completamente indefenso ante la ocupación de su vivienda, situada en el barrio Universidad de Albacete.
Manuel recuerda perfectamente cómo empezó todo. «El 7 de marzo a las 16:00 horas me llamó un vecino por teléfono y me avisó de que habían entrado okupas a mi casa», explica a El Digital de Albacete. Él vive en Valencia y tuvo que reaccionar de inmediato. «Cogí el coche, busqué la documentación para demostrar que la casa era mía y a las 20:00 ya estaba allí», señala.
Al llegar a la vivienda, situada en la calle del Derecho, encontró a la Policía Local ya en el lugar y a los ocupantes negándose a salir. «Los agentes también se personaron para intentar que salieran, pero no quisieron, y a las 22:00 horas presentamos la denuncia. La Policía les ofreció llevarlos a una residencia o a un albergue, pero dijeron que no», relata.
Mientras tanto, los vecinos le habían contado lo que habían presenciado horas antes: «un menor trepando por la fachada, accediendo por una ventana y forzando la cerradura desde dentro para facilitar la entrada al resto de la familia”. A pesar de ello, asegura que no le permitieron recuperar su propia casa aun presentándose con todas las pruebas.
«Le dije a la Policía que yo era el dueño, me presenté con las escrituras y con las llaves y pedí entrar», explica. Pero no le dejaron pasar. «Me dijeron que no entraba», subraya. Sin alternativa, tuvo que regresar a Valencia sin poder recuperar su casa.
Reformaron la vivienda
Según explica Manuel, la vivienda se encontraba en pleno proceso de reforma cuando fue ocupada. Su intención era alquilarla, pero los intrusos no solo entraron, sino que aprovecharon los materiales que había dejado el albañil para continuar las obras a su antojo. «Cogieron el material y la reformaron a su gusto. Tiraron una columna que no les gustaba, pusieron otra…», relata.
Los vecinos, alarmados por lo que veían, se lo comunicaron al momento: «Oye, están tirando las columnas de la entrada», le dijeron. Manuel avisó a la Policía Local, que acudió al lugar, pero asegura que «no se tomaron medidas».
Fibra óptica y antenas parabólicas
La ocupación fue aún más allá de las reformas. El 12 de marzo, un vecino vio a empleados de Orange instalando servicios en la vivienda y decidió avisarle. Los técnicos confirmaron lo que parecía impensable, que los okupas «estaban instalando fibra óptica y conectando antenas parabólicas en la casa».
Ese mismo día supo que también habían introducido nuevos electrodomésticos y equipamiento. «Me enteré poco después de que estaban llevando una televisión de 50 pulgadas. Los niños en horario escolar se pasean con patinetes eléctricos. Y yo pensé: ‘vaya okupas poco vulnerables'», señala.
Enganches ilegales y 17 contratos de luz
El capítulo más impactante llegó con la factura eléctrica. Manuel detectó un consumo inusual a través de la aplicación de Iberdrola. «El 25 de marzo entro en la aplicación y veo el consumo que hay de electricidad. En una semana veo que la facturación es de casi 90 euros porque dejan la luz encendida de día y de noche, y resulta que también habían hecho un enganche ilegal», dice.
A pesar de haber notificado la ocupación, la compañía le cargó los costes. «Debido a esta manipulación de los okupas, la empresa me reclama una factura por el enganche ilegal de 1.687 euros», añade.
Ante la situación, intentó reducir la potencia del suministro, pero los ocupantes respondieron realizando sucesivos cambios de titularidad. «Después de hacer varios enganches ilegales, hicieron un cambio de titular donde dieron de baja mi contrato y lo pusieron a su nombre. Ha habido 17 contratos desde el mes de marzo hasta ahora», indica.
Condenados, pero sin desalojo
Manuel admite que no ha contactado directamente con los okupas, pero el caso ya ha pasado por los tribunales, y la sentencia -a la que ha tenido acceso este periódico- acredita un delito de usurpación y ordena el desalojo, además de imponer una multa de tres meses. Sin embargo, todo sigue paralizado. «Han recurrido la sentencia y hasta el mes de enero o febrero no saldrá la resolución», señala.
El propietario sostiene, además, que esta familia cuenta con otra vivienda en Albacete y que la suya la utilizan como segunda residencia. Asegura que «la pareja figura como separada solo para que la mujer reciba ayudas sociales», aunque «los vecinos los ven juntos con frecuencia».
También afirma que disponen de vehículos como «un Ford Mondeo y un Mercedes nuevo», mientras los hijos «se desplazan habitualmente en patinete eléctrico». «En este caso, por lo que todos sabemos, los okupas no son vulnerables», apunta.
Nueve meses después, Manuel continúa asumiendo gastos de suministros, abogados y desplazamientos mientras espera una resolución judicial definitiva. Su casa sigue ocupada, reformada y utilizada como segunda residencia por la familia intrusa. Su reflexión es contundente: «Los propietarios estamos con esta legislación completamente desprotegidos».
