En plena época de cenas y comidas navideñas, los restaurantes se convierten en el epicentro de buena parte de la actividad social previa a estas fiestas. Mesas agotadas y dificultades para encontrar sitio son la tónica general que se están encontrando los más rezagados para realizar sus reservas, pero como toda historia esta también tiene dos vertientes, y además de la de los clientes está la de los hosteleros, que muchas veces ven como se producen cancelaciones en sus establecimientos hasta apenas unas pocas horas antes de la cita y sin prácticamente tiempo de reacción para poder darle salida a esa mesa que, de repente, se ha quedado colgada. E incluso con género comprado ex profeso para esos comensales que ahora ya no van a ir. Llegados a este punto surge una pregunta: ¿Pueden los restaurantes penalizar a los clientes por cancelar sus reservas?. FACUA responde a esta pregunta en nota de prensa y su argumento es tajante: No.
Así, la organización de consumidores denuncia que algunos establecimientos españoles están cobrando hasta más de 100 euros por comensal en caso de anulación, una práctica que podría considerarse abusiva y contraria a la normativa de protección al consumidor.
FACUA-Consumidores en Acción ha advertido de que el cobro a los usuarios por cancelar una reserva en un restaurante puede constituir una cláusula abusiva, al suponer una penalización por un servicio que finalmente no ha sido prestado.
La asociación señala que en los últimos tiempos se ha detectado un aumento de locales de restauración españoles que introducen este tipo de condiciones en el proceso de reserva. En muchos casos, se exige el pago de una cantidad fija —por mesa o por comensal— cuando el cliente no acude a la hora prevista o cancela con menos antelación de la establecida por el establecimiento.
Penalizaciones desproporcionadas y sin perjuicio acreditado
FACUA considera que esta práctica puede resultar “completamente abusiva” cuando se aplica de forma generalizada y sin acreditar que el restaurante haya sufrido un perjuicio real. Se obliga así al consumidor a abonar una suma económica por un servicio que no ha llegado a disfrutar ni ha sido efectivamente prestado.
La organización apunta que sólo podría tener cierto fundamento en supuestos muy concretos, como reservas de un número muy elevado de comensales canceladas con muy poca antelación y siempre que se produzca un daño real para el establecimiento. Sin embargo, critica que diversos locales españoles aplican estas penalizaciones de manera indiscriminada, con independencia del contexto.
En algunos casos, subraya FACUA, las cantidades fijadas son tan elevadas que el negocio podría llegar a obtener mayores ingresos por las cancelaciones que por los clientes que finalmente acuden a comer.
La asociación denuncia además el desequilibrio contractual que se genera, ya que no se contempla penalización alguna para el restaurante si es el propio local el que incumple y no garantiza la mesa reservada en la fecha y hora acordadas.
Qué dice la ley
FACUA recuerda que el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, considera abusivas, entre otras, las cláusulas que implican:
- «El abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente […] o la fijación de indemnizaciones que no se corresponden con los daños efectivamente causados».
- «La retención de cantidades abonadas por el consumidor y usuario por renuncia, sin contemplar la indemnización por una cantidad equivalente si renuncia el empresario».
A juicio de la organización, las políticas de cobro por cancelación que no guarden proporción con un daño real encajan en estas definiciones y, por tanto, pueden vulnerar la normativa vigente.
Establecimientos denunciados
FACUA indica que ya ha presentado denuncias contra varios restaurantes por incluir este tipo de cláusulas en sus condiciones de reserva.
Entre ellos se encuentra el restaurante madrileño El Invernadero, vinculado al chef Rodrigo de la Calle. En una primera denuncia, la asociación reprochó al establecimiento que aplicara un cargo de 100 euros por comensal a aquellos clientes que no se presentaran o cancelaran con menos de 24 horas de antelación.
Según ha comprobado posteriormente la organización en la propia web del restaurante, la política se ha endurecido, ya que ahora se indica que, en caso de cancelación con menos de 24 horas o de no asistencia, se “cargará el precio del menú elegido por comensal”. Es decir, se cobra el importe íntegro del menú tanto si el servicio de restauración se presta como si no.
Ante esta modificación, FACUA ha presentado una nueva denuncia ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, al entender que la práctica sigue siendo abusiva.
Por otro lado, la asociación también ha denunciado a tres restaurantes del grupo Factoría Serendipia en Sevilla —Mariatrifulca, Maquiavelo y La Casa de María— por aplicar cargos de entre 10 y 20 euros a los clientes que no se presenten o cancelen la reserva con menos de doce horas de antelación.
FACUA anima a los consumidores que se vean afectados por este tipo de penalizaciones a reclamar y poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes de consumo.
