La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevó a cabo este jueves un registro en las oficinas de la aerolínea Plus Ultra, en Madrid, en el marco de una operación en la que se indaga un posible delito de blanqueo de capitales, tal y como recoge El País y según han señalado fuentes jurídicas a dicho diario.
La compañía fue objeto en 2021 de un rescate público por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que le concedió 53 millones de euros. La investigación, aún bajo secreto de sumario, está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, y los agentes han arrestado tanto al presidente de la empresa, Julio Martínez, como a su consejero delegado, Roberto Roselli; afirma El Páis.
Catalogada como empresa estratégica
Para justificar la inyección de dinero público, el Gobierno español, con Pedro Sánchez a la cabeza, incluyó a Plus Ultra dentro del grupo de empresas consideradas “estratégicas”, defendiendo que su actividad era relevante para la economía nacional al cubrir déficits en las conexiones aéreas con Latinoamérica. Los peritos designados por el juzgado, sin embargo, apuntaban a que la aerolínea presentaba síntomas de insolvencia y riesgo de cierre desde 2019, lo que la habría dejado fuera de los requisitos para acceder a las ayudas; recoge El País.
Frente a ese criterio, los informes elaborados por la SEPI y por dos firmas consultoras sostenían que la compañía no se encontraba en causa de disolución cuando se aprobó el rescate. En aquel momento, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía de Madrid concluyeron que no existían indicios suficientes de delito. La operación de rescate fue polémica no sólo por la consideración de la aerolínea como “estratégica”, sino también por las informaciones que apuntaban a una posible cercanía de la compañía con el Gobierno de Venezuela. Una semana después de que el Consejo de Ministros diese su visto bueno a la ayuda, Plus Ultra difundió un comunicado en el que subrayaba que se trata de una empresa española y precisaba que, como “el resto de compañías del sector”, su capital está repartido entre accionistas de “distintas nacionalidades”.
