Una trabajadora de Albacete ha logrado que la Justicia le reconozca la Incapacidad Permanente Absoluta después de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) rechazara inicialmente su solicitud. El Juzgado de lo Social número 3 de Albacete ha dado la razón a la demandante y ha revocado una resolución administrativa que el propio tribunal califica de “sorprendente” por no valorar adecuadamente el conjunto de patologías que padece.
La afectada sufre fibromialgia, fatiga crónica y diversas secuelas de carácter psicológico y psiquiátrico, además de otras enfermedades debidamente acreditadas mediante informes médicos. Sin embargo, el INSS limitó su valoración clínica únicamente a la fatiga crónica y la fibromialgia, sin tener en cuenta el resto de dolencias ni el impacto real de estas en su vida cotidiana.
Según recoge la sentencia, el dictamen del Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS, fechado el 20 de marzo de 2024, “no hace mención alguna a las graves consecuencias de las crisis de origen mental, psicológico o psiquiátrico que la actora padece”, a pesar de que existen pruebas clínicas de “indudable rigor y objetividad” que así lo acreditan.
La trabajadora desarrollaba su actividad profesional en una escuela infantil, una labor que el propio juzgado califica de “enorme esfuerzo y laboriosidad”. El fallo subraya que el empeoramiento y carácter irreversible de sus enfermedades la hacen incompatible con cualquier desempeño laboral. De hecho, los informes médicos reflejan que padece dolor en los 18 de los 18 puntos gatillo utilizados para diagnosticar la fibromialgia, lo que le impide realizar tareas continuadas o intensas y reduce su autonomía personal en un 80%.
El juzgado también critica que no se hayan valorado los efectos secundarios derivados de la elevada carga farmacológica que la paciente consume de manera habitual, con una combinación de antidepresivos, ansiolíticos y analgésicos, entre otros tratamientos.
La defensa de la trabajadora, ejercida por el despacho Parrado Asesores, ha valorado positivamente el fallo judicial, aunque ha lamentado que la falta de rigor en la vía administrativa prolongue innecesariamente los procesos. “Estos retrasos agravan la salud de las personas afectadas y perjudican sus expectativas de poder afrontar nuevas etapas en sus vidas”, señalan los letrados.
Como consecuencia de la sentencia, la trabajadora de Albacete percibirá una prestación equivalente al 100% de su base reguladora, con efectos retroactivos desde el inicio del procedimiento, el 20 de marzo de 2024. Una decisión judicial que supone un importante respaldo para las personas que padecen enfermedades crónicas y trastornos de salud mental en sus reclamaciones ante la Seguridad Social.
