La Secretaría del Ayuntamiento de Jorquera declara nula, tras el recurso de reposición realizado por el PSOE, la resolución de Alcaldía 224 con fecha de 31 de octubre, por la cual la alcaldesa del PP, María Pilar Medina, convocaba la subasta de un bien patrimonial de la localidad, en concreto, la parcela 396 ubicada en el polígono 23.
Las concejalas socialistas, Cristina Díaz y Ángela Carrasco, iniciaban este trámite, previo a la vía judicial, al entender que «subastar este solar es una decisión arbitraria y contraria a la ley, como ha quedado demostrado”, advirtiendo que “el único propósito de la alcaldesa es beneficiar intereses particulares en detrimento del interés público, que debería defender el Ayuntamiento, algo que viene ocurriendo desde el inicio de la Legislatura”.
Así, han denunciado que «la idea inicial planteada por el Equipo de Gobierno popular era subastar una parcela de 100.000 metros cuadrados por un valor de salida de 21.000 euros, menos de 20 céntimos por metro cuadrado del terreno”.
De hecho, Díaz y Carrasco han explicado que «en el último Pleno Municipal, la alcaldesa apuntó que se procedía a esta subasta porque un vecino particular había mostrado interés por esta parcela para unirla a otras colindantes».
“Hoy todo el mundo sabe para quién trabaja y para quién gobierna la alcaldesa”
“Un hecho que nos indigna porque atenta claramente contra el principio de igualdad y transparencia que debe regir la gestión pública”, han afirmado, lamentando el “modus operandi de la alcaldesa».
“Hoy en Jorquera se ha constatado y todo el mundo sabe para quién trabaja y para quién gobierna la señora Medina, y es evidente que no es para el conjunto de la población”, han lamentado las concejalas socialistas.
Además, han mostrado su satisfacción al conocer esta Resolución de Alcaldía en la que se reconoce con rotundidad que su planteamiento era el correcto, y han insistido en que su objetivo ha sido, en todo momento, «velar por el interés general de la localidad, evitando actuaciones que son ilegales y perjudiciales para el pueblo”.
De hecho, se les da la razón al entender, por un lado, que «hay vulneración del derecho al acceso público a la información y a la igualdad de oportunidades, ya que tuvo lugar un retraso en la publicación de la normativa que debía regir la subasta, al tiempo que se produjo una vulneración de las cuestiones relativas a la valoración de suelo rural, al emplearse una normativa derogada, y también a la composición de la Mesa de Contratación, con más representantes políticos de los que contempla la legislación».
Cuestiones que, una vez más, ponen de relieve “la opacidad, la incapacidad y la mala gestión de la alcaldesa y de su Equipo de Gobierno”, han remarcado las concejalas socialistas.
