El Gobierno tiene previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros el ascenso a general del coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, lo que obligará al relevo del máximo responsable de esta unidad que investiga casos de corrupción como el ‘caso Koldo’, según han confirmado fuentes gubernamentales.
Ante las acusaciones de que el Gobierno planeaba «descabezar» a la UCO, el Ministerio del Interior ha defendido en reiteradas ocasiones en los últimos meses que el coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, había participado en los cursos de capacitación para el ascenso a la cúspide de la Guardia Civil por voluntad propia y que, por tanto, «tenía derecho a promocionar» si cumplía los requisitos.
Además, desde el Ejecutivo han recordado en respuestas parlamentarias que el ascenso a general ya había ocurrido en otras ocasiones y que esta decisión no supone ninguna interferencia sobre la UCO o cualquier otra unidad de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Fuentes de la Guardia Civil conocedoras del ascenso a general de Brigada del coronel Yuste han apuntado que el proceso comenzó el 1 de julio y que se han cumplido los requisitos internos para este tipo de nombramientos.
Con anterioridad, dentro de este ciclo de ascenso al generalato ya habían sido promocionados tres coroneles y la previsión es que este martes ocurra con otros dos –el jefe de la UCO y otro compañero de promoción–, que quedaron en el puesto primero y segundo en la evaluación interna.
El sustituto de Yuste al frente de la UCO aún no se ha decidido, pero el puesto no queda vacante porque automáticamente lo asume el oficial más antiguo en la unidad para, de esta forma, no afectar a su funcionamiento.
MARLASKA: «AHORA SE TRABAJA CON INDEPENDENCIA»
En una comparecencia en el Congreso el pasado mes de junio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que bajo su gestión la UCO había pasado de contar con apenas 300 efectivos a superar los 550 agentes, por lo que «casi se había duplicado la plantilla» y también su presupuesto.
«Eso no es descabezar a la UCO; ahora se trabaja con mayor tranquilidad, independencia y es más atractivo ese destino», dijo Grande-Marlaska frente a las críticas tanto de PP como de Vox.
En una respuesta parlamentaria por escrito a una batería de preguntas del PP, el Ministerio del Interior reiteró que no había interferido en investigaciones como las que afectan al exministro José Luis Ábalos o al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, así como tampoco las de la mujer y hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En concreto, Interior cifró en un 61,6% el aumento del número de efectivos desde 2018, lo que en su opinión «refleja una apuesta decidida por el refuerzo operativo» de esta unidad.
«Este crecimiento ha permitido mejorar notablemente el grado de cobertura, que ha pasado del 72,6% en 2008 al 96,04% en 2025, acercándose a niveles óptimos de ocupación», según la respuesta por escrito fechada el 23 de septiembre, a la que tuvo acceso Europa Press.
«NO SON OBLIGADOS A PROMOCIONAR»
El PP preguntó, además, por el antecesor de Rafael Yuste al frente de la UCO, Alfonso López Malo, actual general jefe de Policía Judicial. En concreto, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo quería saber por qué Interior «elimina» la antigüedad en la elección de los oficiales de la Guardia Civil y, específicamente, el «motivo del intento de traslado fuera de España del general Alfonso López Malo».
«Los mandos de la Guardia Civil tienen derecho a solicitar su promoción, ameritando para ello lo establecido en la normativa, y no son obligados a promocionar por el Gobierno ni por la Dirección General de la Guardia Civil», recordó a este respecto el Ejecutivo en otra respuesta al PP fechada el 24 de septiembre.
De esta forma, el Gobierno lamentaba que el PP partiera de «premisas falsas» al aludir a posibles interferencias por la promoción de mandos policiales para ocupar puestos de libre designación. «La UCO de la Guardia Civil actúa como policía judicial, siguiendo las instrucciones de los jueces y fiscales que dirigen las investigaciones, y en las que el Gobierno no interfiere», apostilló.
BAJO LA DIRECCIÓN DE LOS JUECES
El Gobierno también se ha remitido por escrito a la resolución 04/2025 del Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil en la que se convocó las XVII Pruebas de Selección para cubrir vacantes en la UCO para 150 aspirantes de las escalas de Suboficiales y de Cabos y Guardias.
«Se trata de un proceso exigente que busca identificar a guardias civiles con las capacidades necesarias, quienes deberán superar pruebas psicotécnicas, de conocimientos y entrevistas personales, lo que pone de relieve el alto nivel de preparación y compromiso requerido», argumentó.
En este sentido, el Ejecutivo reiteró que la UCO es una unidad que presta servicios fundamentalmente de policía judicial, por lo que «sus investigaciones las dirigen las autoridades judiciales pertinentes, siendo estas las que solicitan en cada caso si necesitan más recursos humanos o materiales, así como de qué unidad policial especializada en su caso lo solicitan».
INCÓMODO PARA EL GOBIERNO
Según publica el diario El Mundo, el ascenso de Rafael Yuste ha generado preocupación entre los mandos del Instituto Armado por el temor a que su sucesor pueda facilitar información anticipada sobre las investigaciones que afectan al entorno de Pedro Sánchez, después del silencio que Yuste había impuesto en todas ellas.
Desde su llegada al cargo en 2023, Yuste ha bloqueado de forma sistemática los intentos del Gobierno de conocer por adelantado el curso de las pesquisas que afectan a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, y a su hermano. Se ha mostrado tajante ante cualquier intento de intromisión. Por ello, los mandos consultados por El Mundo lo describen como un profesional incómodo para Interior; y así lo refleja el citado diario.
El coronel jefe de la UCO, conocido por su discreción, completó el curso el pasado mes de julio. Sin embargo, atendiendo a los criterios habituales de antigüedad y edad, su ascenso no debería producirse hasta julio de 2026. No obstante, las mismas fuentes señalan que desde Interior se podrían haber acelerado los plazos para utilizar la promoción como pretexto institucional y así recolocarlo en otro destino, alejándolo del mando operativo de las investigaciones más sensibles para el Ejecutivo de Sánchez.
