El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Hellín (Albacete), José Miguel Vela Ríos, ha iniciado un doble procedimiento administrativo y judicial tras las declaraciones que, según ha afirmado, realizó contra él la concejal delegada de Comercio y portavoz de Vox, Raquel Tomás Pedrosa, durante un pleno ordinario en el que le acusó de «reírse de las víctimas de violencia de género».
Los hechos se produjeron el pasado 24 de noviembre, durante el debate de una moción presentada por Vox con motivo del Día de las Víctimas de Violencia de Género. En ese punto, Tomás acusó públicamente a Vela de que «se ha reído de las víctimas de violencia de género», tanto en reuniones internas del partido como en su despacho profesional, asegurando incluso la existencia de testigos.
Unas declaraciones «innecesarias»
Un día después, Vela registró una solicitud dirigida al secretario municipal pidiendo que las palabras de la portavoz de Vox no figurasen de manera literal en el acta, ya que consideraba que su difusión permanente podía lesionar su «derecho al honor, dignidad, fama y reputación».
A juicio del concejal, las declaraciones fueron «objetivamente ofensivas» e «innecesarias para la deliberación pública», por lo que planteaba que, en caso de incluirse, se limitaran a una referencia genérica y no al contenido literal. Además, reclamaba que se estudiase la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias a Tomás por el uso de expresiones «incompatibles con el decoro y respeto institucional debidos».
Querella por injurias y calumnias
De manera paralela, el concejal ha presentado una querella por injurias y calumnias agravadas ante el Juzgado de Instrucción de Hellín. En ella afirma que las acusaciones son «rotundamente falsas» y asegura que nunca se ha «reído de víctimas de violencia de género».
Vela recuerda que dejó Vox tras sufrir lo que describe como «acoso» por su orientación sexual, un hecho que, a su juicio, evidencia la falsedad de lo dicho por la edil. Señala además que las declaraciones se difundieron en directo por Televisión Hellín y el canal municipal de YouTube, aumentando su impacto.
Indemnización y rectificación pública
En su acción penal, el concejal reclama 30.000 euros de indemnización y que Tomás deposite una fianza de 15.000 euros. También exige una rectificación pública con la misma visibilidad que tuvieron las acusaciones, incluyendo su lectura en el siguiente Pleno y su publicación durante siete días en los canales digitales del Ayuntamiento y en el medio que emitió la sesión.
Solicita como diligencias el acta y la grabación completa del Pleno, datos de difusión y la declaración de distintos responsables municipales y de Televisión Hellín. Asegura haber sufrido ansiedad, daños a su reputación y riesgo de pérdida de clientes, y sostiene que las expresiones no están amparadas por la libertad de expresión.
El Ayuntamiento deberá pronunciarse sobre la modificación del acta. Y el Juzgado, por su parte, tendrá que decidir si admite la querella y las medidas cautelares solicitadas.
